Algo que no ocurre a menudo a alentado a los abogados que representan la impugnación por parte de College of the Ozarks de una orden de la Administración de Biden para que los estudiantes compartan habitaciones unisex.
«En casi todos los casos, en todas las apelaciones a cualquier nivel de los tribunales federales y estatales, es muy raro que se presenten amicus curiae», dijo Julie Blake, abogada principal de Alliance Defending Freedom (ADF) para los litigios sobre regulación, a The Epoch Times el 16 de agosto
«Tener algún informe amicus indica la importancia pública del caso y que las cuestiones del mismo afectan a mucho más que a la parte que está al frente».
«Estamos contentos y orgullosos de tener tantos partidarios de la universidad en nuestro caso. Tener un informe amicus de 14 estados es la excepción, no es la regla, y nos sentimos honrados de tener tantos gobiernos estatales apoyando a la universidad en este caso».
Se refería a un informe amicus presentado el 13 de agosto en nombre de College of the Ozarks de Misuri, que impugna una orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden en su primer día de mandato.
La orden dispone que todas las agencias federales reinterpreten el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema de 2020 en el caso Bostock contra el condado de Clayton, que sostuvo que las prohibiciones de discriminación en base al sexo deben incluir la identidad de género y la orientación sexual de una persona.
Tras la orden, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) emitió una directiva el 11 de febrero en la que aplicaba la medida de Biden a todas las entidades cubiertas por la Ley de Vivienda Justa de 1974, entre las que se encuentran las residencias universitarias.
La universidad ha interpuesto una demanda en un tribunal federal de distrito porque los funcionarios del campus esperan que debido a la orden de Biden y la directiva del HUD se exija la prohibición de los dormitorios, baños y duchas separados por sexos. La demanda fue presentada el 15 de abril por la ADF en nombre de la universidad.
En mayo, un tribunal federal de distrito denegó la solicitud de la universidad de una orden judicial temporal contra la aplicación de la directiva del HUD, a la espera de la resolución del litigio. La universidad recurrió entonces al Tribunal de Apelación del 8º Circuito de Estados Unidos.
La universidad de Point Lookout, Misuri, es una institución cristiana privada creada en 1906 que no cobra matrícula, sino que ofrece a los estudiantes puestos de trabajo en el campus y otras ayudas financieras que les permiten trabajar para obtener un título.
El plan de estudios está «diseñado para formar ciudadanos con un carácter que se asemeja al de Cristo, bien educados, trabajadores y patriotas», según la demanda. La universidad cuenta con unos 1200 estudiantes, hombres y mujeres, que viven en nueve dormitorios en el campus.
La ADF es un bufete de abogados de interés público con sede en Arizona que se especializa en litigios sobre libertad religiosa. El bufete ha estado involucrado en una docena de fallos de la Corte Suprema, incluido el histórico caso Masterpiece Cakeshop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, que afirmó que no se podía exigir a una persona que prestara un servicio o diera un mensaje que entrara en conflicto con sus opiniones religiosas.
Los 14 fiscales generales representan a los estados de Misuri, Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Montana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.
Los fiscales generales argumentan en su escrito que la «demanda previa a la aplicación plantea serios desafíos a la acción ejecutiva expansiva y potencialmente ilimitada que pisotea las libertades religiosas».
Los fiscales sostienen además que, según el colegio, «el HUD emitió esta directiva sin considerar cómo afectaría a las organizaciones religiosas. Asumiendo, como debe hacer el Tribunal, que esto es cierto, es una omisión fatal que hace que la norma sea sustancialmente arbitraria y caprichosa».
El 13 de agosto también se presentaron otros cuatro escritos amicus en apoyo de la universidad, entre ellos un escrito que representaba a la Universidad Hannibal-LaGrange, la Universidad Bautista de Misuri, la Universidad Bautista del Suroeste y la Comisión de Vida Cristiana de la Convención Bautista de Misuri.
Además, Institute for Faith and Family, America First Legal y Mountain States Legal Foundation presentaron escritos por separado.
En su escrito, America First Legal dijo al tribunal de apelación que la directiva del HUD que implementa la orden de Biden debe ser revocada porque no incluyó un período de notificación y comentarios públicos, como lo exige la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Procedimiento Administrativo.
«La directiva del HUD es de carácter legislativo, tiene vigor y efecto de ley, proporciona un fundamento esencial para su aplicación y afecta a los derechos e intereses de la universidad y de sus estudiantes», dice el escrito.
«Sin embargo, el HUD no avisó ni dio la oportunidad de hacer comentarios públicos, promulgándola sin el procedimiento que exige la ley, por lo que esta corte debe anularla».
Blake expresó a The Epoch Times cierto optimismo sobre el resultado final del caso, señalando que el tribunal de apelaciones aún no se había pronunciado al respecto, «pero sabemos que el tribunal de apelaciones es muy protector de la expresión y desea mucho que los tribunales escuchen a las personas cuya expresión se ve obstaculizada por las acciones del gobierno».
«Hemos mostrado al tribunal muchos de sus precedentes en los que ha protegido la expresión y esos precedentes deberían aplicarse igualmente al derecho de una universidad a hablar y a practicar sus creencias elegidas», dijo.
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