Los gobernadores de 24 estados de Estados Unidos se unieron para manifestarse en contra de las negociaciones de los tratados que lleva a cabo la administración Biden, que «pretenderían otorgar» a la Organización Mundial de la Salud (OMS) «poderes sin precedentes e inconstitucionales por sobre Estados Unidos y su pueblo».
En una carta fechada el 22 de marzo, los gobernadores declararon que «se mantienen unidos en oposición a dos instrumentos propuestos» que se están negociando actualmente.
«El objetivo de estos instrumentos es otorgar a la OMS, en particular a su incontrolable Director General, la autoridad para restringir los derechos de los ciudadanos estadounidenses, incluidas libertades como la expresión, la privacidad, los viajes, la elección de la atención médica y el consentimiento informado, violando así los principios fundamentales de nuestra Constitución», escribieron los gobernadores. «Si se adoptaran, estos acuerdos tratarían de elevar a la OMS de órgano consultivo a autoridad mundial en materia de salud pública».
Los documentos a los que se refieren son un nuevo tratado denominado acuerdo sobre pandemias de la OMS y enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional existente, que en conjunto centralizarían una cantidad significativa de autoridad en esta filial de las Naciones Unidas, si la OMS declara un estado de «emergencia sanitaria».
Los gobernadores de los siguientes estados firmaron la carta: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
A medida que las negociaciones entre los países miembros entran en su fase final antes del inicio de la sesión de votación de la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para el 27 de mayo, la OMS parece haber reducido algunos de los poderes que había solicitado, con la esperanza de cerrar un acuerdo.
El último borrador del Reglamento Sanitario Internacional suprimió una disposición anterior según la cual los países miembros «reconocen a la OMS como la autoridad rectora y coordinadora de la respuesta internacional en materia de salud pública» y se comprometen a seguir las directrices de la OMS durante una emergencia sanitaria. El último borrador también establece que las recomendaciones de la OMS no son vinculantes.
En anteriores borradores, la OMS había intentado obtener competencias sobre «todos los riesgos que puedan afectar a la salud pública», lo que podría incluir cuestiones medioambientales y climáticas. El último borrador pretende limitar la autoridad de la OMS a las enfermedades.
Simultáneamente, la OMS lanzó una campaña de relaciones públicas, recurriendo a políticos, celebridades y líderes religiosos, para animar a los Estados miembros a firmar los acuerdos.
El 20 de marzo, el embajador de la OMS y exprimer ministro británico, Gordon Brown, elogió los esfuerzos de un «panteón de más de 100 líderes mundiales» que salieron en defensa de la OMS.
«Hoy ha tenido lugar una intervención de alto nivel de 23 expresidentes nacionales, 22 exprimeros ministros, un exsecretario general de la ONU y tres premios Nobel para presionar a los negociadores internacionales para que lleguen urgentemente al acuerdo sobre pandemias, en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reforzar la preparación y la respuesta colectiva del mundo ante futuras pandemias», declaró el Sr. Brown en un comunicado de prensa.
También pidió un esfuerzo internacional para «desenmascarar las campañas de desinformación de noticias falsas por parte de teóricos de la conspiración que intentan torpedear el acuerdo internacional para el Acuerdo sobre Pandemias».
«Ningún país cederá soberanía alguna, y ningún país verá cómo se dejan de lado sus leyes nacionales», declaró el Sr. Brown.
La cuestión de conceder o no poderes adicionales a la OMS se ha convertido en un asunto partidista, en donde los demócratas apoyan en general el plan y los republicanos se oponen.
Los senadores del GOP exigen el derecho a aprobar el Tratado
El 1 de mayo, los 49 senadores del Partido Republicano firmaron una carta dirigida al presidente Biden en la que le instan a no firmar el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional o, si lo hace, a someter el tratado a la aprobación del Senado, como exige la Constitución. Los demócratas del Senado no apoyaron hasta ahora los esfuerzos de exigir la aprobación del Senado para el tratado.
«El fracaso de la OMS durante la pandemia de COVID-19 fue total y esto fue predecible, lo que causó un daño duradero a nuestro país»,
«Estados Unidos no puede permitirse ignorar esta última incapacidad de la OMS para desempeñar sus funciones más básicas y debe insistir en reformas integrales para la OMS antes incluso de considerar enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional o cualquier nuevo Tratado sobre Pandemias que aumente la autoridad de la OMS», continuaron los senadores. «A nosotros nos preocupa profundamente que su administración siga apoyando estas iniciativas y le instamos encarecidamente a que cambie de rumbo».
En Estados Unidos, la autoridad para tratar cuestiones sanitarias es en gran medida competencia de los estados y está fuera del alcance del gobierno federal. Los estados con mayoría republicana se han opuesto activamente a los acuerdos de la OMS.
Louisiana y Florida aprobaron recientemente leyes que establecen que los funcionarios estatales no obedecerán las directrices de la OMS, y otros estados, como Oklahoma, están estudiando leyes similares.
Los fiscales generales de 22 estados de EE. UU. también firmaron una carta el 8 de mayo dirigida al presidente Biden en la que le instaban a no firmar los acuerdos de la OMS y afirmaban que se opondrían a cualquier intento de la OMS de establecer políticas de salud pública en sus estados.
«Aunque la última versión es mucho mejor que las anteriores, sigue siendo muy problemática», escribieron los fiscales generales. «La naturaleza fluida y opaca de estos procedimientos, además, podría permitir que volvieran las disposiciones más atroces de las versiones anteriores. En última instancia, el objetivo de estos instrumentos no es proteger la salud pública», afirmaron los fiscales.
«Esto es ceder autoridad a la OMS —específicamente a su director general— para restringir los derechos de nuestros ciudadanos a la libertad de expresión, la privacidad, la circulación (especialmente los viajes transfronterizos) y el consentimiento informado».
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