Los fiscales generales de Estados Unidos que representan a 20 estados y a Washington iniciaron una demanda (Pdf) contra el gobierno de Donald Trump este jueves, alegando que la nuevas medidas federales para simplificar los procesos de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA), socavan su capacidad de detener proyectos de infraestructura que ellos creen que podrían dañar las vías fluviales.
El consorcio de estados dice que las nuevas reglas emitidas la semana pasada bajo el cambio de los procedimientos de la EPA otorgaron a los gobiernos estatales la autoridad para revisar o bloquear proyectos que el gobierno federal había permitido y que involucraban cuerpos de agua dentro de sus fronteras.
En abril de 2019, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva, oficialmente titulada «Promoción de la Infraestructura Energética y Crecimiento Económico», que fue diseñada para simplificar el proceso de permisos y reformar la legislación federal «obsoleta».
«La EPA está volviendo al proceso de certificación de la Ley de Agua Limpia bajo la Sección 401 a su propósito original, el cual implica revisar los posibles impactos que las descargas de proyectos permitidos por el gobierno federal pueden tener sobre los recursos hídricos, no para retrasar indefinidamente o bloquear la infraestructura de importancia crítica», dijo el administrador de la EPA, Andrew Wheeler, en un comunicado de junio.
Wheeler dijo que la regla final era de «seguir adelante con la Orden Ejecutiva del presidente Trump para frenar los abusos de la Ley de Agua Limpia, que han mantenido como rehenes a los proyectos de infraestructura energética de nuestra nación, y establecer pautas claras que finalmente le den un camino a estos proyectos».
El senador John Barrasso (R-Wyo.) dijo, según un comunicado de agosto de 2019, que apoyaba el cambio de reglas.
«La Ley de Agua Limpia está siendo secuestrada por varios estados costeros para bloquear proyectos de energía», dijo Barasso. “Este bloqueo costero no puede continuar. Amenaza el dominio energético de Estados Unidos y perjudica injustamente a los trabajadores de la energía en Wyoming y otros estados. Estos estados costeros impiden que los combustibles estadounidenses más limpios lleguen a las comunidades del noreste y de todo el mundo. No se puede permitir que estos estados apliquen la Ley de Agua Limpia. Aplaudo al gobierno de Trump por trabajar conmigo para desarrollar soluciones».
Resistencia de los estados
Los fiscales generales, en la demanda, dijeron que ellos creían que el cambio de reglas debilitó las capacidades de los estados para proteger sus entornos acuáticos.
«En lugar de proteger el medio ambiente, esta administración está cediendo ante industrias contaminantes y socavando una herramienta clave que los estados usan para proteger su agua», dijo el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, según un comunicado. «Nosotros continuaremos abogando por un Washington limpio y saludable y confrontaremos a los poderosos grupos de intereses especiales que dictan las acciones de esta administración».
Our office filed a lawsuit today against the Trump Administration for attempting to dismantle key protections within the Clean Water Act. The new regulation reverses 50 years of long-held & effective state & tribal water quality regulation. Read more here: https://t.co/9RgNrH73bP pic.twitter.com/45UJHWfwKL
— Washington State Attorney General (@AGOWA) July 21, 2020
«Al infringir ilegalmente los derechos de los estados para proteger sus propias aguas, esta regla pone en peligro la salud, la recreación y los medios de vida que sustenta el agua limpia para tantos neoyorquinos», dijo Letitia James, fiscal general de Nueva York. «Mi oficina no permitirá que este asalto a nuestros derechos, salud y medio ambiente siga adelante sin ser cuestionado».
Legislación
Según la EPA, la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia otorga autoridad a los estados y ciertas tribus para evaluar el impacto de las descargas de proyectos permitidos por el gobierno federal, los que podrían afectar la calidad del agua en ríos, lagos y arroyos dentro de cada estado.
“Implementada adecuadamente, la Sección 401 es una herramienta importante que se puede utilizar para ayudar a proteger la calidad del agua al tiempo que permite que los procesos federales de permisos y licencias procedan de manera oportuna», según la EPA.
Sin embargo, la EPA enfatizó que cuando se emitió la orden ejecutiva de Trump, las regulaciones de la EPA para la certificación de la calidad del agua tenían casi 50 años y ya no correspondían al lenguaje legal de la Sección 401.
The Associated Press contribuyó a este informe.
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