El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en abril, cuando transcurría el segundo mes de cuarentena por el virus del PCCh (comúnmente conocido como nuevo coronavirus), 716 protestas, un promedio de 24 diarias.
Esta cifra representa una una disminución del 64% en comparación con el mismo periodo el año pasado (1963), pero un aumento de las protestas registradas en marzo de este año (580) de un 23%.
La tendencia que sí siguió y aumentó en abril fue el de la razón de las manifestaciones. El 87% de las protestas fueron para exigir Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA).
Del total, 464 protestas fueron para exigir electricidad, agua y gas doméstico. El observatorio también registró un incremento de los reclamos por alimentos y gasolina.
Las manifestaciones por gasolina fueron un total de 176. Los sectores prioritarios para recibir la gasolina según el plan del régimen, entre ellos los trabajadores del sector salud, forman parte de los que lideraron estas protestas. Denuncian que pasan hasta dos días en colas para poder surtir y no consiguen lo necesario.
El venezolano también tuvo que pasar horas en filas para llenar los tanques de sus autos y en algunos casos, la OVS registró robos y hasta heridos de bala durante la espera.
De las 716 protestas registradas, 146 estuvieron vinculadas a la alimentación. Parte de estos reclamos, señala el OVCS, se atribuyeron al incremento de precios.
En medio de las protestas, el observatorio destaca que hubo un repunte de saqueos o intentos de saqueo, con un total 32 casos en 9 estados del país. Estas situaciones dejaron en abril un saldo de un fallecido y más de 90 detenidos, señala el Observatorio.
Los estados en los que se registraron más manifestaciones fueron el fronterizo estado Táchira (125); el estado Mérida (115), en los Andes del país; y Miranda (72), en zona central.
El observatorio también destaca que “las prácticas de tratos crueles inhumanos y degradantes” por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados presuntamente relacionado con el régimen de Maduro a personas detenidas por no cumplir con la medida de cuarentena domiciliaria, instaurada en el país desde mediados de marzo.
Adicionalmente, aseguran que continúan las prácticas discriminatorias para la venta de alimentos y atención sanitaria por medio del carnet de la Patria, un sistema creado por el régimen chavista.
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