Venezuela detuvo el 14 de septiembre a tres ciudadanos estadounidenses y tres ciudadanos de la Unión Europea, alegando que los seis estaban involucrados en un complot para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Las detenciones se producen tras las continuas disputas en Venezuela y a escala internacional relacionadas con el resultado de las recientes elecciones presidenciales en el país. Funcionarios occidentales, incluidos los de Estados Unidos, afirman que Maduro fue derrotado de forma aplastante, pero Maduro reclamó la victoria y obligó al líder de la oposición, Edmundo González, a huir del país.
Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, anunció las detenciones (incluidos un miembro de la Marina estadounidense, dos españoles y un checo) alegando que los seis habían llegado a Venezuela como parte de un complot de la CIA para matar a Maduro. El anuncio fue hecho en la televisión estatal venezolana, que mostró fotos de rifles, supuestamente confiscados, que hacían parte del plan.
Estados Unidos negó estar implicado en tal complot.
Cabello identificó a uno de los ciudadanos estadounidenses como Wilbert Joseph Castañeda Gómez, a quien describió como un Navy SEAL que había servido en Irak, Afganistán y Colombia.
Tras las detenciones, el Departamento de Estado estadounidense anunció que tenía conocimiento de la detención de un militar, así como de “informes no confirmados de otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”.
Sin embargo, el Departamento de Estado refutó las acusaciones de Cabello sobre un atentado contra Maduro dirigido por Estados Unidos.
“Cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos continúa apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”, dijo el Departamento de Estado.
Apenas dos días antes de las detenciones, el Tesoro estadounidense impuso sanciones a más de una docena de venezolanos cercanos a Maduro, cada uno acusado por Estados Unidos de obstrucción al voto durante las aún disputadas elecciones presidenciales de julio.
Tanto Estados Unidos como España reconocieron a González como ganador de las elecciones. El parlamento español lo hizo a principios de esta semana, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. determinó días después de las elecciones que González había ganado.
La decisión del parlamento español causó indignación entre los aliados de Maduro, que pidieron a la nación que suspendiera las relaciones comerciales y diplomáticas con España.
El resultado de la elección aumentó las tensiones de Venezuela con Occidente a la luz de presuntos abusos de derechos humanos por parte del régimen socialista de Maduro.
El Consejo Electoral de Venezuela, estrechamente aliado de Maduro, dice que Maduro ganó con el 52 por ciento de los votos, aunque aún no han publicado un desglose detallado de los resultados. Pero una investigación de la oposición sobre las elecciones, que recogió las actas de alrededor del 80 por ciento de las máquinas de votación del país, indicó que González ganó con el doble de votos que Maduro.
Mientras tanto, se han celebrado protestas masivas en el estado sudamericano por parte de los venezolanos que apoyaron a González.
A pesar de la condena internacional por la falta de transparencia de las elecciones, la Corte Suprema de Venezuela, que desde hace tiempo respalda a Maduro, confirmó su victoria en agosto. El fiscal general de Venezuela presentó entonces cargos de conspiración contra González, que huyó a España la semana pasada cuando quedó claro que sería detenido.
Maduro rechazó las peticiones de varios países, entre ellos los gobiernos izquierdistas de Colombia y Brasil, para que facilite las actas de escrutinio que demuestren que ganó las elecciones. Maduro, en el poder desde 2013, asegura desde hace tiempo que Estados Unidos intenta derrocarlo mediante sanciones y operaciones encubiertas.
El gobierno de Maduro utilizó anteriormente a estadounidenses encarcelados en Venezuela para obtener concesiones del gobierno de Estados Unidos.
En un acuerdo llevado a cabo el año pasado con el gobierno de Biden, Maduro liberó a 10 estadounidenses y a un fugitivo buscado por el gobierno de Estados Unidos para asegurar un indulto presidencial para Alex Saab, un estrecho aliado de Maduro que estaba detenido en Florida por cargos de lavado de dinero. Según fiscales estadounidenses, Saab también había ayudado a Maduro a evitar sanciones del Tesoro de Estados Unidos a través de una compleja red de empresas fantasma.
Associated Press contribuyó a este artículo
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