El gobierno encargado de Venezuela liderado por Juan Guaidó anunció que llegó a un acuerdo con los tenedores de bono de la petrolera estatal Pdvsa para evitar reclamos o avances en la toma de las acciones de CITGO, la filial estadounidense de Pdvsa.
Junta Administradora Ad-hoc de Pdvsa, nombrada por Guaidó y reconocida por EE.UU., acordó con el fideicomisario de bonos MUFG Union Bank y el agente colateral Glas Americas la elaboración de un cronograma, de aproximadamente 6 meses, para compartir información mientras avanza el juicio de nulidad de los bonos iniciada por la oposición venezolana en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La agencia Reuters detalla que la jueza aceptó el viernes 15 de noviembre el acuerdo, catalogado en los documentos del tribunal como «de indulgencia».
La mitad de los activos de CITGO (50.1%) estaban comprometidos al servir como garantía en esta deuda, por lo que corría el peligro de caer en manos de los acreedores si no se cancelaba un pago de 913 millones de dólares el pasado 28 de octubre.
Sin embargo, cuatro días antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia que prohíbe por tres meses las transacciones relacionadas con el bono, esperando que en ese tiempo las parte pudieran llegar a un acuerdo.
A mediados de octubre, la Asamblea Nacional declaró como ilegal la emisión de los bonos por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro alegando que “violó la constitución”. Esto llevó a que el 29 de ese mismo mes, la junta directiva ad-hoc de la petrolera presentara la demanda en Nueva York argumentando que al “ser un contrato de interés público nacional” debió contar con la autorización de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
En la nota donde anuncia el acuerdo, el gobierno encargado aseguró que “ha insistido en la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono PDVSA 2020, que tome en cuenta las objeciones de la Asamblea Nacional y la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país”.
Este mismo martes, el Parlamento aprobó la creación de un fondo especial de litigios por 3,5 millones de dólares, para procesos como la defensa de activos.
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