Este sábado por la madrugada, los reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), en el estado de Mérida, tomaron a dos custodios como rehenes a modo de protesta por falta de alimentación y asistencia médica en la cárcel.
El observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA) reportó que los presos exigían que las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios del régimen de Venezuela, presidido por Iris Vela, escucharan sus peticiones y resolvieran la situación.
«Estamos solicitando la destitución del director del penal del CEPRA y del subdirector (…) [ellos] son los encargados de extorsionar aquí a los presos y robarse la comida», informó un recluso a través de un mensaje de voz difundido en redes sociales, según la organización Una Ventana a la Libertad.
“No tenemos armas solamente estamos en los techos esperando a que nos tomen en cuenta para lo que estamos solicitando», agregó el reo.
Horas más tarde, la ODH-ULA reportó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana negaron el acceso de familiares de reclusos al penal que iban acompañados por el personal de la organización, ya que «lanzaron bombas lacrimógenas para intentar disuadir a los reclusos y que fueran liberados los custodios retenidos».
El observatorio informó, además, que los familiares “temen que la situación no sea atendida” y se “tomen represalias contra los privados de libertad”.
Entre otras peticiones, los reclusos solicitaban que se permitan las visitas conyugales suspendidas por el virus del PCCh, así como el ingreso de alimentos llevados por sus familiares.
El CEPRA tiene una capacidad instalada para 750 personas, pero actualmente alberga a 1200 reclusos que “sobreviven al hambre, la insalubridad y la falta de asistencia médica», según la ODH-ULA.
La tensión en el CEPRA se produce luego de otro reciente enfrentamiento en el Centro penitenciario de los Llanos, en Guanare, el cual dejó un saldo de 47 muertos y 75 heridos.
Familiares de las víctimas señalaron que los internos reclamaban la recepción de los alimentos retenidos por oficiales chavistas, hecho por el cual fueron reprimidos violentamente al intentar acercarse al área administrativa de prevención y autoridades.
El Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (CNDHFCAV) denunciaron las condiciones de hacinamiento del Centro Penitenciario de los Llanos, que en ese momento tenía un total de 2500 reclusos, sobrepasando su capacidad instalada de 750 personas.
“Expresamos en momentos de profundo dolor, nuestras sinceras condolencias a los familiares de los privados de libertad que perdieron la vida a manos de las personas encargadas de su custodia y protección en nombre del gobierno de facto. Igualmente, ofrecemos nuestro acompañamiento para exigir justicia y respeto a los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales”, señalaron las ONGs en un comunicado.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, acusó al régimen chavista señalando que la masacre dentro del penal “es otra inaceptable forma de tortura de la dictadura”.
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