El régimen de Nicolás Maduro está recurriendo cada vez más a las desapariciones forzadas como una táctica para reprimir a sus opositores y críticos, de acuerdo a un informe publicado este 19 de junio.
La organización estadounidense sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights junto con la ONG venezolana Foro Penal publicaron un informe (pdf) titulado «La Desaparición Forzada como Herramienta de Represión Política en Venezuela».
La organización estadounidense señaló que este es un «primer análisis de este tipo» en donde se documenta cómo esta «cruel violación de los derechos humanos no solo ha proliferado en Venezuela, sino que se ha utilizado específicamente contra mujeres y miembros del ejército como medios específicos de castigo e intimidación».
El reporte se centra en datos de 2018 y 2019 y examina más de 700 casos de desaparición forzada, sin embargo la organización detalla que las detenciones por motivos políticos y desapariciones forzadas continúan hasta el día de hoy.
La desaparición forzada “ha sido calificada como una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos y como un crimen de lesa humanidad”, señala el documento.
«Nuestro informe detalla el patrón inconfundible de terror patrocinado por el estado por el régimen bolivariano, el alto costo de la impunidad y la urgente necesidad de detener estos crímenes masivos ahora», dijo Kerry Kennedy, presidenta del Robert F. Kennedy Human Rights.
Desapariciones como forma de represión política
De acuerdo con el informe, en 2018 hubo 200 desapariciones forzadas en Venezuela, lo cual casi se triplicó en 2019, con un total de 524 desapariciones.
Sin embargo, el número de desapariciones forzadas no fue correlativo con el número de detenciones, y «no parecen haberse producido como reacción a las protestas». De acuerdo con las organizaciones, lo que los hallazgos muestran una «normalización de la desaparición forzada» por parte del régimen, el cual utiliza estas desapariciones como «herramienta de represión de sus opositores políticos y personas críticas”.
Asimismo dice que las desapariciones forzadas en el periodo de estudio resultaron por al menos una de estas circunstancias: 1) la incapacidad de procesar las detenciones en un lapso menor al de 48 horas, 2) la necesidad de esconder golpizas y malos tratos a las personas detenidas antes de liberarles o presentarles ante un juez y 3) una estrategia de represión política selectiva.
Por otro lado, el informe descubrió que las mujeres detenidas enfrentaban una mayor posibilidad de ser desaparecidas a la fuerza que los hombres. Un número significativo de estos casos registrados por las instituciones sugiere que las mujeres fueron agredidas para que el régimen pudiera extraer información de ellas o para intimidar a sus familiares.
En cuanto al personal militar que es desaparecido a la fuerza, la mayoría informó haber sido torturado en el proceso. En 2018, los militares desaparecidos enfrentaban una probabilidad del 83,6 por ciento de sufrir tortura, mientras que en 2019 la probabilidad aumentó a un 95 por ciento de que los militares desaparecidos fueran torturados.
Fuerzas de seguridad involucradas
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) son las principales fuerzas de seguridad involucradas en las desapariciones forzadas, de acuerdo con el documento.
Ambas fueron instauradas durante el último gobierno de Hugo Chávez como fuerzas insignias para defender la Revolución Bolivariana.
El modus operandi de la DGCIM consiste en identificar a las víctimas, hacerles seguimientos y citaciones, y detenerlas. Mientras que el SEBIN identifica a la víctima, la sigue y detiene, frecuentemente estas detenciones ocurren a horas en las que evitarían llamar la atención como temprano por la mañana o durante la noche.
“Asumimos que las desapariciones que ocurrieron a manos de agencias de inteligencia, a saber, la DGCIM y SEBIN, fueron planeadas”, afirma el informe.
También menciona a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las cuales son parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “Son la fuerza estatal cuyas acciones han señalado un marcado aumento de la violencia ejercida por el Estado”.
Las FAES han sido equiparadas a un escuadrón de la muerte, y de acuerdo a información de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, son responsables de por lo menos 7523 muertes violentas en 2018 y 2124 entre enero y mayo de 2019 por “resistencia a la autoridad”.
«Las FAES típicamente mantienen una presencia en las comunidades después de un operativo», lo cual indica de que el régimen «está utilizando estas fuerzas como instrumento para
aterrorizar a la población y mantener el control social», dice el informe.
Las organizaciones de derechos humanos también hallaron un aumento considerable en las detenciones arbitrarias desde 2014. Foro Penal documentó 15,160 detenciones con fines políticos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2019.
«Evidentemente, las detenciones provocan un efecto intimidatorio en las personas, inhibiéndolas de participar en manifestaciones y expresar su opinión en medios y redes sociales”.
El régimen venezolano ha detenido arbitrariamente a manifestantes, líderes opositores y a personas, las cuales utilizan como bandera o propaganda “para justificar un fracaso en políticas públicas” o como chivos expiatorios.
La organización Robert F. Kennedy Human Rights dijo que hasta junio de este año, se han denunciado más de 230 casos de detenciones arbitrarias, de las cuales 33 han sido desapariciones forzadas y 14 de estas víctimas aún están desaparecidas.
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