Un grupo de 30 indígenas pemones, liderados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se sublevaron este domingo y sustrajeron decenas de armas y municiones en una base militar venezolana colindante con Brasil, tras lo cual se suscitó un enfrentamiento con oficiales del régimen de Nicolás Maduro.
Ricardo Delgado, representante de los indígenas pemones y exalcalde de Gran Sabana informó que los oficiales del batallón 513 Mariano Montilla se sublevaron y tomaron como rehén a un comandante apoyados por 30 indígenas de diferentes comunidades que acudieron al llamado del “cese de la usurpación de Nicolás Maduro y Noguera”.
El periodista Ricardo Camacho dijo en su cuenta de Twitter que los oficiales desertores sustrajeron 112 fusiles AK103 y municiones y huyeron en una camioneta Toyota Hilux y un camión Ford 350 con dirección al puesto de la policía del edo Bolívar en San Francisco de Yurianí donde se llevaron 9 pistolas 9mm y 5 escopetas.
Camacho agregó que se produjo un tiroteo en un control militar donde un soldado falleció y un exoficial de la guardia nacional bolivariana resultó herido. Tras el enfrentamiento los agentes del régimen chavista habrían recuperado 82 fusiles AK103, 60 granadas y 6 cajas de municiones 7.76 que se encontraban dentro del camión Ford 350.
Las uniformados del régimen chavista siguen en un operativo para recuperar el resto de las armas y detener al resto del grupo que tomó por asalto el destacamento.
Los hechos ocurrieron en la zona conocida como el Arco Minero del Orinoco, una zona rica en minerales que se ha explotado agresivamente por el régimen Venezolano desde que se decretó área de desarrollo minero en 2016, según un informe de Provea.
La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, ha aumentado los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios que viven en la zona, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia.
«Desde el año 2010, fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú; cientos de casos de torturas y tratos crueles contra indígenas; detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia», señala Provea.
Como lo señala el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación humanitaria en Venezuela, ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digna, incluido el derecho a la alimentación y a la salud.
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