La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, aseguró este miércoles que a la vicepresidenta Verónica Abad, que cumple también funciones como embajadora en Israel, «no se la puede destituir» por el sumario administrativo que su cartera de Estado le abrió por un supuesto abandono de su cargo.
«A ella no se la puede destituir. A mí me apena que las redes sociales hayan destituido, hasta el día de hoy, a la señora vicepresidenta», dijo Núñez en los pasillos de la Asamblea Nacional (Parlamento), hasta donde llegó para dar sus observaciones a unas reformas al Código de Trabajo que analiza el Legislativo.
«Hay que ver a quién se está sumariando. Ella ejerce la Vicepresidencia de la República y la Constitución establece la figura de la destitución para el cargo de vicepresidente y presidente de la República. Sin embargo, la misma Losep (Ley Orgánica de Servicio Público), que tiene más de más de 10 años de vigencia en Ecuador, establece varias sanciones de orden administrativo», agregó la ministra.
El Ministerio de Trabajo abrió ese expediente administrativo contra Abad por presunto abandono del cargo, al haberse trasladado de Tel Aviv a Ankara fuera del plazo establecido por el Gobierno, un cambio que, según dijo la ministra, fue pedido por la vicepresidenta por motivos de seguridad.
«La figura (que justifica el sumario) es por la inasistencia a los lugares donde ella tenía que presentarse a trabajar. (…) La señora canciller (Gabriela Sommerfeld) le estableció que hasta el 1 de septiembre se presente. No se presentó, vamos a ver si ya en la parte procesal y en la parte probatoria ha presentado los justificativos pertinentes de por qué no se presentó a trabajar en Ankara», añadió la funcionaria.
Audiencia el 7 de noviembre
Núñez señaló que el ministerio que dirige «lo que ha hecho es cumplir con el artículo 22 de la Losep», que establece los deberes de las y los servidores públicos, por lo que «siendo ella una servidora pública ameritaba, como en efecto se hizo, la apertura de un sumario administrativo».
Mencionó que la audiencia en la que se tratará dicho expediente administrativo se realizará el 7 de noviembre, «y será la señora vicepresidenta la que tenga que presentar todas las pruebas de descargo».
«Antes de la apertura del sumario administrativo se solicitaron algunas diligencias. Se le preguntó al departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República si ella había justificado la no presencia hasta el día 1 de septiembre», dijo Núñez.
Y agregó que también se le había consultado a la Cancillería y al Consejo Nacional Electoral «la condición laboral de la señora vicepresidenta». «El sumario debe continuar porque hay que respetar el debido proceso», precisó.
Abad sostiene que el Ministerio de Trabajo no tiene facultades para abrir una expediente administrativo contra ella con fines de una posible destitución por abandono del cargo, pues argumenta que únicamente puede ser destituida del cargo de vicepresidenta por la Asamblea Nacional (Parlamento).
Acusaciones y contrademandas
La vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso para forzarla a dimitir y evitar que, como está contemplado en la Constitución, deba delegarle a ella temporalmente las funciones presidenciales cuando el mandatario deba pedir licencia del cargo para la campaña electoral de los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.
Mientras, Abad ha demandado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Noboa y a varios integrantes de su administración por presunta violencia política de género, en un proceso que puede derivar la destitución del cargo del gobernante, lo que desde el Ejecutivo ha sido catalogado como un intento de golpe de Estado.
A su vez, el Gobierno, a través de la asesora presidencial Diana Jácome, ha contrademandado a la vicepresidenta por los mismos cargos y con la misma intención.
El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno del Parlamento con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo.
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