En una votación de 6-3, la Corte Suprema anuló por inconstitucional una norma de financiación de campañas que regulaba la devolución de préstamos hechos por un candidato a su propia campaña, dando una victoria el 16 de mayo al senador republicano Ted Cruz, de Texas, que impugnó la norma de la Comisión Electoral Federal (FEC).
La apelación ante la Corte Suprema fue presentada por la FEC después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia fallara unánimemente en contra de la agencia el año pasado.
El gobierno de Biden había argumentado que la desautorización de la norma abriría la puerta al soborno en las elecciones, pero el alto tribunal consideró que la restricción del uso de las contribuciones políticas por parte de los candidatos después de las elecciones para recuperar los fondos personales prestados a la campaña iba en contra de las protecciones de expresión de la Primera Enmienda.
La decisión (pdf) en el caso FEC contra Ted Cruz para el Senado, escrita por el presidente de la Corte Suprema, Roberts, fue acompañada por los otros cinco jueces conservadores. La jueza Elena Kagan escribió una opinión disidente que fue respaldada por el juez Stephen Breyer y la jueza Sonia Sotomayor.
«La cuestión», escribió Roberts, «es si esta restricción viola los derechos de la Primera Enmienda de los candidatos y sus campañas para participar en el discurso político».
«[N]o hay duda de que la ley sí impone una carga a la expresión electoral de la Primera Enmienda, y cualquier ley de este tipo debe al menos estar justificada por un interés permisible», escribió.
«Cuando el gobierno restringe la expresión, el gobierno tiene la carga de probar la constitucionalidad de sus acciones», escribió Roberts, citando directamente la opinión plural de 2014 en McCutcheon v. FEC.
El gobierno «es incapaz de identificar un solo caso de corrupción quid pro quo … a pesar de que la mayoría de los estados no imponen un límite en el uso de las contribuciones poselectorales para pagar los préstamos de los candidatos».
La norma «impone una carga al discurso político básico sin una justificación adecuada».
Kagan escribió que la Corte Suprema, que en los últimos años ha debilitado las restricciones a la financiación de las campañas, estaba cometiendo un error.
«Al derribar hoy la ley, el tribunal da luz verde a todos los sórdidos acuerdos que el Congreso consideró oportuno detener… Al permitir que esos pagos sigan adelante sin restricciones, la decisión de hoy solo puede desprestigiar aún más el sistema político de este país».
Kagan hizo suyo el argumento del soborno presentado por el gobierno de Biden.
«Devolver el préstamo a un candidato después de haber ganado las elecciones no puede servir para los fines habituales de una contribución: El dinero llega demasiado tarde para ayudar en cualquiera de sus actividades de campaña. Lo único que hace el dinero es enriquecer al candidato personalmente en el momento en que puede devolver el favor, mediante un voto, un contrato o un nombramiento.
«No hace falta ser un genio de la política para ver el elevado riesgo de corrupción, el peligro de los acuerdos de ‘yo te hago más rico y tú me haces más rico’ entre donantes y titulares de cargos públicos».
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