El gobierno de Javier Milei expuso este miércoles los presuntos vínculos existentes entre organizaciones sociales y una red de trata de personas que, mediante la entrega de asistencia estatal, extorsionaba a mujeres supuestamente para prostituirlas con funcionarios públicos en la provincia argentina del Chaco (norte).
En una conferencia de prensa ofrecida en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que recibieron «80,000 llamadas, que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales e imposiciones» en contra de organizaciones sociales y sindicatos.
La también excandidata presidencial denunció que, al menos, 70 mujeres del Chaco eran entregadas para ser abusadas y explotadas por funcionarios públicos de la provincia, razón por la cual el Gobierno decidió que eliminará el uso de intermediarios para la administración y entrega de asistencias estatales.
Según la ministra, se avanzará «con un cambio total y absoluto de estos gerentes, que ya no son gerentes de la pobreza, sino de la explotación del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad».
La red de trata de personas era presuntamente liderada por el dirigente piquetero de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Jorge Bregui, detenido la semana pasada y acusado de prostituir mujeres a cambio de brindar y administrar las asistencias del Estado.
«Comandada por un dirigente piquetero, que prostituía mujeres a cambio de sus planes sociales, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno. Actualmente, se encuentra detenido», agregó la Oficina del Presidente en un comunicado en sus redes sociales.
La ministra acusó al exjefe de Gabinete de Cristina Fernández (2013-2015) y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de tener supuestas vinculaciones con la banda delictiva, mientras ejercía el cargo provincial entre 2019 y 2023.
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que en el territorio opera una matriz delictiva con medios y estructura para mantenerse a lo largo del tiempo y adelantó que están trabajando en un cambio legal con tipos de penas especiales para los intermediarios de planes sociales y fraude con dinero malversado.
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