El Senado de Virginia Occidental aprobó el 10 de febrero un proyecto de ley que penalizaría a los médicos que no proporcionen una atención médica «razonable» a un bebé nacido después de un intento de aborto.
Los senadores aprobaron unánimemente el proyecto de ley después del testimonio del senador Mike Romano (D-W.Va.), quien dijo que los legisladores han perdido el tiempo buscando puntos políticos en un proyecto de ley que no tiene impacto en vez de trabajar en los problemas más serios del estado, según The Associated Press.
«Un niño nacido vivo que de alguna manera sería asesinado, eso sería un asesinato. Claramente sería un asesinato, no hay nadie que lo haga y si lo hacen están en la cárcel», dijo Romano, añadiendo que el proyecto de ley «no va a cambiar nada».
El proyecto de ley de la Cámara 4007, también conocido como la Ley de Protección para Supervivientes del Aborto Nacidos Vivos, establece que si un médico realiza o intenta realizar un aborto que da como resultado un niño nacido vivo, debe «ejercer el mismo grado de juicio médico razonable para preservar la vida y la salud del niño» como lo haría «con cualquier otro niño nacido vivo a la misma edad gestacional; y asegurar que el niño nacido vivo sea inmediatamente transportado e ingresado en un hospital».
Según el proyecto de ley, «nacido vivo» significa la «expulsión o extracción completa de su madre de aquel integrante, en cualquier etapa de su desarrollo, que después de dicha expulsión o extracción respira o tiene un corazón que late, pulsación del cordón umbilical o movimiento definido de músculos voluntarios, independientemente de si el cordón umbilical ha sido cortado y de si la expulsión o extracción se produce como resultado de un parto natural o inducido, una cesárea o un aborto inducido».
Todo médico u otro profesional médico autorizado que no lo haga estará sujeto a «la disciplina de la junta de licenciamiento aplicable por esa conducta, incluida, pero no limitada a, la pérdida de la licencia profesional para ejercer», según el proyecto de ley.
Tras su aprobación por el Senado, la Cámara de Representantes debe ahora aprobar las enmiendas que se le hagan antes que pase a la oficina del gobernador Jim Justice (R-W.Va.).
Justice dijo en un tuit el 11 de febrero que apoyará el proyecto de ley y continuará «defendiendo el derecho a la vida de cada niño no nacido».
«Firmaré con orgullo este proyecto de ley cuando llegue a mi escritorio, porque cada vida humana, nacida y no nacida, es preciosa y un regalo de Dios».
AP informó que en un debate anterior, algunos republicanos de la Cámara de Delegados admitieron que el proyecto de ley se trata más de enviar un mensaje político que de resolver un problema en curso, especialmente porque las leyes existentes ya protegen a los recién nacidos y que el estado prohíbe los abortos después de las 20 semanas.
Sin embargo, después de reintroducir la Ley de Protección para Supervivientes del Aborto Nacidos Vivos, su principal patrocinador, el Senador Ben Sasse (R-Neb.), dijo en una declaración que «todo el mundo ama a los bebés y ese amor no tiene nada que ver con la política y todo que ver con tener un corazón».
«Esta legislación es una oportunidad para que el Congreso encuentre un consenso basado en el sentido común, la compasión, la ciencia y un simple hecho: todo bebé merece una oportunidad de luchar por la vida. Proporcionar cuidados a los recién nacidos es más importante que las divisiones políticas partidistas. Cada bebé tiene dignidad, cada bebé merece protección y amor».
Fox News informó que al menos 40 bebés nacieron vivos después de abortos mal practicados entre 2016 y 2018, 11 de los cuales nacieron en Minnesota, 10 en Arizona y 19 en Florida. Michigan, Oklahoma y Texas también tienen leyes que exigen datos sobre los bebés nacidos después de abortos mal practicados, pero ninguno de ellos ha informado aún de ningún caso o no ha comenzado a recopilar la información.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades informaron de 143 casos entre 2003 y 2014 de bebés nacidos después de intentos de aborto, pero señala que es posible que esta cifra subestime el número total de muertes por abortos inducidos.
Sin embargo, las investigaciones del Centro Americano para la Ley y la Justicia estimaron una cifra mucho más alta de al menos 362 entre 2002 y 2010.
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