El nuevo fiscal general de Virginia ha pedido a un tribunal que desestime una demanda presentada contra la orden ejecutiva del gobernador Glenn Youngkin que prohíbe la exigencia de mascarillas en las escuelas.
El fiscal general Jason Miyares, republicano como Youngkin, dijo al Tribunal Supremo de Virginia que los padres que demandaron carecen de legitimación y no presentaron adecuadamente su caso.
«El Tribunal debe desestimar la petición por tres razones independientes», dijo Miyares en una presentación (pdf).
«En primer lugar, los peticionarios carecen de representatividad porque no han identificado ningún tipo de perjuicio justiciable, ni han explicado cómo ese perjuicio les afecta a ellos. En segundo lugar, la petición busca una reparación que no está disponible en la jurisdicción original de este Tribunal, ya que ni la orden ni la prohibición son sustitutos de las medidas cautelares que los peticionarios solicitan a este tribunal. Por último, incluso si los peticionarios tuvieran representatividad y su petición fuera procesalmente correcta, este tribunal debería rechazar su demanda en cuanto al fondo porque no han identificado un ‘derecho claro… a la reparación solicitada'».
Los padres citaron una ley estatal que entró en vigor el año pasado y que ordena a los distritos escolares ofrecer aprendizaje en persona.
«A los efectos de esta ley, cada junta escolar deberá (i) adoptar, implementar y, cuando sea apropiado, actualizar los parámetros específicos para la provisión de instrucción en persona y (ii) proporcionar dicha instrucción en persona de manera que se adhiera, en la mayor medida posible, a cualquier estrategia de mitigación actualmente aplicable para los programas de cuidado y educación de la primera infancia y las escuelas primarias y secundarias para reducir la transmisión del COVID-19 que han sido proporcionados por los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades», dice la ley.
Dado que la agencia federal recomienda actualmente el uso de mascarillas universal en las escuelas, la orden de Youngkin, que permite a los padres decidir si sus hijos las usarán o no, está «en conflicto directo» con la ley, afirma la demanda.
Miyares se mostró en desacuerdo, diciendo al tribunal que el proyecto de ley ordena a las escuelas seguir las directrices de los centros, o de los CDC.
«Ni este ni estas directrices imponen una ‘orden de mascarillas'», dijo.
«E incluso si los CDC emitieran algo más que recomendaciones, el proyecto de ley 1303 del Senado no exigiría una adhesión rígida a cada promulgación de los CDC; en cambio, el proyecto de ley establece explícitamente que la instrucción en persona debe proporcionarse de manera que se adhiera ‘en la mayor medida posible, a cualquier estrategia de mitigación actualmente aplicable’ proporcionada por los CDC para los programas de cuidado y educación de los niños», añadió.
Miyares dijo que la solicitud al tribunal tenía como objetivo proteger «los derechos fundamentales de los padres a controlar la crianza, el cuidado y la educación de sus hijos», y añadió: «El gobernador Youngkin tenía todo el poder para emitir la orden ejecutiva y, con nuestra presentación, volvemos a afirmar que los padres importan».
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