La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el HR. 6 el jueves en una votación de 228-197, a la que se sumaron nueve republicanos. El proyecto de ley incluye dos disposiciones principales, una de ellas, The Dream Act and The America Promise Act o Ley del Sueño y Promesa de EE.UU., que, de ser promulgada, otorgaría un estatus legal a los niños que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente.
Los defensores de la reforma dicen que daría a los niños, que no tienen culpa de ser traídos al país, un camino hacia la ciudadanía. Los opositores en cambio dicen que el proyecto de ley envía un mensaje de que la entrada ilegal a Estados Unidos será recompensada y además fomenta el tráfico de menores para aprovechar las lagunas del sistema de inmigración.
La primera sección, llamada The Dream Act, daría a los inmigrantes ilegales el estatus de residentes permanentes condicionales durante 10 años y cancelaría los procedimientos de expulsión si han estado presentes físicamente de forma continua (ilegal) en el país el 1 de enero o antes, y si tenían 18 años o menos cuando fueron traídos a Estados Unidos.
Son elegibles incluso si han participado en actividades ilegales, como el contrabando, el abuso de visas de estudiante, inelegibilidad para la ciudadanía, poligamia, secuestro internacional de niños, voto ilegal, o son exciudadanos que renunciaron a la ciudadanía para evitar los impuestos; y que no participaron en persecución, marihuana o una violación de tráfico menor.
El proyecto de ley establece que ellos no son elegibles si suponen una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, pueden no ser elegibles si infringieron alguna ley federal o estatal castigada con una pena de cárcel de más de un año; si tienen tres o más delitos federales o estatales por los que la persona fue condenada en una serie de fechas y encarcelada por un total de 90 días o más; o si tienen un delito de violencia doméstica.
Sin embargo, el delito de violencia doméstica puede ser eximido si el extranjero es él mismo víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o abandono de niños, maltrato o abandono de ancianos, o tráfico de personas, habiendo sido maltratado o sometido a una crueldad extrema, o habiendo sido víctima de una actividad delictiva.
Otros requisitos de elegibilidad incluyen graduarse de la escuela secundaria, obtener un GED o credencial reconocida por la industria, o estar inscrito en un programa que ayude a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria, completar un programa de aprendizaje, estar registrado en los servicios selectivos, y pasar por los controles de seguridad y de antecedentes policiales.
Además, los hijos de los trabajadores temporales que llegaron a Estados Unidos con 18 años o menos también pueden optar al cambio de estatus.
Para obtener el estatus de residente permanente legal (LPR) completo, los inmigrantes ilegales tienen que cumplir uno de estos requisitos: obtener un título de un instituto de educación superior; completar al menos dos años en un programa de licenciatura o superior (con buenas calificaciones) en una universidad o en un programa de educación técnica de nivel postsecundario; completar al menos dos años de servicio militar con una baja honorable; o estar empleado por períodos que sumen al menos tres años.
El proyecto de ley también deroga el artículo 505 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que permitiría a los inmigrantes ilegales acceder a las ayudas económicas federales y a los programas de estudio y trabajo.
El proyecto de ley también permitiría a los inmigrantes ilegales que fueron deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump solicitar un estatus legal desde el extranjero.
La segunda sección, The America Promise Act, establece los requisitos para conceder la residencia permanente legal (LPR) a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o Salida Forzada Diferida (DED).
La disposición establece que los inmigrantes ilegales tendrían que haber estado presentes de forma continua en Estados Unidos durante un periodo no inferior a tres años y ser elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS) o tenerlo el 1 de septiembre de 2017, o ser elegibles para el estatus Salida Forzada Diferida (DED) el 20 de enero.
El proyecto de ley requeriría que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de poner fin a una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS).
También hay una serie de disposiciones que protegen a los inmigrantes ilegales durante su proceso de solicitud de la residencia permanente legal (LPR), incluyendo la exigencia de que el secretario de Seguridad Nacional o el fiscal general proporcionen a una persona que a primera vista parece elegible para la expulsión, un período de tiempo razonable para solicitar la LPR.
Las protecciones también incluyen la exención del pago de una tasa cuando los inmigrantes ilegales son menores de 18 años, reciben ingresos inferiores al 150 por ciento del umbral de pobreza, están en régimen de acogida, no tienen apoyo o no pueden cuidar de sí mismos debido a una discapacidad.
El proyecto de ley a su vez autoriza al secretario a renunciar a ciertos marcadores de inadmisibilidad por razones «humanitarias», como la unidad familiar, o si la renuncia es de otro modo de interés público. Estas exenciones se aplican en gran medida a discreción del secretario.
LA HR. 6 pasará ahora al Senado para su consideración y votación, donde necesita 60 votos para ser aprobada. Esto significa que 10 senadores republicanos tendrían que unirse a sus colegas demócratas.
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