El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este domingo un referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria de los congresistas y para impedir que las personas condenadas en primera instancia a más de cuatro años de prisión participen en elecciones a cargos públicos.
Vizcarra lamentó en un mensaje televisado la falta de compromiso con la reforma política del nuevo Congreso, elegido en las elecciones extraordinarias que se celebraron después de que el mandatario disolviese constitucionalmente el anterior parlamento, de mayoría fujimorista, por su obstrucción a estos cambios.
Desde el Palacio de Gobierno de Lima, el mandatario reprochó que la mayor parte de las nueve fuerzas políticas que componen el actual hemiciclo incumpliesen sus promesas de la campaña electoral, donde se habían mostrado a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria.
Sin embargo, esta iniciativa no alcanzó los 87 votos a favor que se necesitaba para ser ratificada en un pleno celebrado de manera virtual durante la madrugada del sábado.
«¿Qué pasó en estos meses para que estas promesas fueran dejadas de lado? Algunos congresistas de este nuevo Congreso, ese que prometía cambiar las cosas, le dieron la espalda al pueblo al no aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria», criticó Vizcarra.
El jefe de Estado recordó que en los últimos años la condición de aforados de los congresistas ha sido «sinónimo de impunidad y blindaje de decenas de personajes oscuros».
Referéndum y elecciones a la vez
Ante la imposibilidad de celebrar el plebiscito en estos meses por la pandemia de la COVID-19, Vizcarra anticipó que el referéndum se hará el mismo día de las elecciones generales de 2021, previstas para el mes de abril para elegir al nuevo presidente y a un nuevo Congreso.
Asimismo, Vizcarra lamentó que en el mismo pleno celebrado «entre gallos y medianoche» no se incluyera en la agenda otro importante aspecto de la reforma política, un proyecto de ley que busca impedir que las personas condenadas en primera instancia a más de 4 años de cárcel puedan participar en las elecciones.
El mandatario peruano advirtió que, «tras esta decisión, el país corre el riesgo de que personas con ese tipo de sentencias postulen a cargos públicos en 2021».
«¿El objetivo no era limpiar la política de la corrupción y otros delitos? ¿No era tener mejores autoridades y representantes?», preguntó Vizcarra en una apelación directa a los 130 congresistas.
Por ello, el presidente anunció que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley en el mismo sentido que instó al parlamento a debatir, tramitar y a aprobar antes de septiembre para que pueda ser aplicado en el proceso electoral de 2021.
Asimismo, llevará este mismo aspecto a referéndum ese mismo día para que sea incluido en la Constitución ya que es consciente de «una ley puede ser modificada en cualquier momento».
Cuestión de voluntad política
«Estamos batallando para lograr reformas importantes y constituir un sistema democrático sólido, representativo y libre de corrupción. Necesitamos hacer los cambios desde ahora, con voluntad política y capacidad de emprendimiento», dijo Vizcarra.
«La corrupción es el virus que ha infectado al Estado en todos sus niveles y que hoy seguimos combatiendo. Los peruanos se merecen un estado fuerte que privilegie el sentido común sobre el sentido individual», añadió.
El jefe de Estado recordó que esta reforma surge de «una ciudadanía cansada de gente que quiere llegar a los cargos públicos solo para tener impunidad», como demostró en el referéndum celebrado a finales de 2018.
Allí, con amplia mayoría de más del 85 %, los peruanos votaron por impedir que los congresistas pudieran ser reelegidos de manera consecutiva y por reformar la Constitución para hacer más estricta y transparente la financiación de los partidos políticos.
Posible rectificación
Antes del mensaje de Vizcarra, el Congreso convocó este lunes un «pleno virtual» extraordinario para la tarde con el propósito de tratar el proyecto para impedir que los condenados a más de 4 años de prisión participen las elecciones y reconsiderar el voto sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Desde su entrada en funcionamiento en marzo, el parlamento peruano se ha caracterizado por medidas populistas que han complicado al Gobierno justo en mitad de la emergencia de la COVID-19, que tiene a Perú como el quinto país con más casos acumulados de coronavirus.
Además de diluir la reforma política, ha puesto contra las cuerdas el sistema financiero al liberar parte de los fondos de pensiones y ahora pretende suspender las deudas mientras dure la emergencia de la COVID-19. También ha eliminado el pago de peajes en autovías concesionadas y busca trabar la reforma universitaria.
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