Los votantes de California tienen 10 medidas electorales para considerar mientras llenan su boleta por correo o asisten a las urnas para las elecciones del 5 de noviembre, incluyendo propuestas de bonos, un aumento del salario mínimo y una propuesta de seguridad pública, entre otros temas.
Aumento de las penas por drogas y robo
La Propuesta 36 permite la imputación de delitos graves a los reincidentes en ciertos delitos de drogas y robo. La propuesta también aumentaría las penas por robos con violencia.
Los proponentes dijeron que la Proposición 36 evitaría que los delincuentes exploten las lagunas en las leyes existentes establecidas por la aprobación de la Proposición 47 (que cambió algunos delitos graves a delitos menores) en 2014.
“California está sufriendo una explosión de delincuencia y tráfico de drogas duras mortales como el fentanilo”, dijo un grupo de defensores de la ley y de la comunidad en una declaración de apoyo presentada ante el Secretario de Estado para su inclusión en la guía electoral. “La Proposición 36 arreglará el desastre que nuestros políticos han ignorado durante demasiado tiempo”.
La propuesta también incluye la Ley de Alexandra, que establece advertencias para los condenados por distribuir fentanilo. La ley dice que si suministran la droga y ésta provoca la muerte del consumidor, el vendedor podría enfrentarse a cargos de asesinato.
“El fentanilo ha matado a demasiadas personas, pero los traficantes pueden evitar las consecuencias”, dijo Gina McDonald, cofundadora de Madres contra la Drogadicción y las Muertes. “Necesitamos la Propuesta 36 porque ningún padre debería tener que enterrar a otro niño que haya muerto por envenenamiento con fentanilo”.
La Oficina del Analista Legislativo del estado, no partidista, estima que la medida aumentaría los costes de la justicia penal en el estado de decenas de millones de dólares a cientos de millones de dólares anuales.
Los opositores (incluido el gobernador Gavin Newsom) dijeron que la propuesta va demasiado lejos y podría dar lugar a fuertes aumentos en las tasas de encarcelamiento.
“El robo al por menor y el fentanilo son problemas reales. Los californianos merecen soluciones reales”, dijeron en una declaración de oposición Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de Prosecutors Alliance Action; Don Frazier, director ejecutivo de la Reentry Providers Association of California; y David Guizar, cofundador de Crime Survivors for Safety and Justice. “La Proposición 36 es una falsa promesa, no una solución… [y] reavivará la fallida guerra contra las drogas, desperdiciando miles de millones en cárceles y prisiones, y recortando fondos cruciales para la prevención del delito, el tratamiento, las víctimas y la rehabilitación”.
Los críticos también dijeron que la medida causaría confusión en el sistema judicial.
“Esto envía a California hacia atrás, no hacia adelante”, dijo el grupo.
Encuestas recientes del Instituto de Política Pública de California y la Universidad de California-Berkeley muestran un amplio apoyo a la propuesta en todos los grupos demográficos.
Bonos escolares
La Proposición 2, una propuesta de bonos escolares de 10,000 millones de dólares, autoriza 10,000 millones de dólares en bonos de obligación general para financiar la construcción, reparación y mejora de escuelas públicas, colegios comunitarios y programas de educación técnica.
Los analistas del estado estiman unos costes anuales de unos 500 millones de dólares durante 35 años para devolver el bono, con pagos de intereses por un total aproximado de 8000 millones de dólares.
Los partidarios dicen que el dinero es necesario para hacer frente a techos con goteras, sistemas eléctricos y líneas de alcantarillado anticuados y sustancias peligrosas que plagan algunas escuelas, mientras que otras necesitan agua potable, fontanería y mejoras en los baños, y protección para los estudiantes contra el calor extremo.
“Muchas escuelas de California son viejas, se están deteriorando, son inseguras y no pueden satisfacer las necesidades básicas de nuestros niños”, dijeron David Goldberg, presidente de la Asociación de Maestros de California; Sheri Coburn, directora ejecutiva de la Organización de Enfermeras Escolares de California; y Larry Galizio, director ejecutivo de la Liga de Colegios Comunitarios de California, en argumentos publicados en la guía electoral.
Dijeron que la Proposición 2 haría que las escuelas fueran más seguras, con dinero para artículos como alarmas contra incendios, detectores de humo, sistemas de seguridad y comunicaciones de emergencia, cerraduras de puertas y otros.
“Nuestras escuelas necesitan desesperadamente mejoras y reparaciones para asegurar que nuestros estudiantes estén seguros y listos para aprender”, dijo el grupo. “La Proposición 2 ayudará a nuestros estudiantes a tener éxito“”.
Algunos críticos dijeron que la propuesta es demasiado costosa y destacaron el dilema presupuestario del estado, con los legisladores lidiando con un déficit de 73,000 millones de dólares en el año fiscal en curso y los déficits a largo plazo de proporciones desconocidas previstas para los próximos años.
“La Proposición 2 es otro intento de eludir los problemas financieros de California pidiendo a los contribuyentes que aprueben un bono de 10,000 millones de dólares para la financiación de la educación que debería haberse incluido en el paquete presupuestario de 288,000 millones de dólares de este año”, dijo el asambleísta Bill Essayli en una declaración de oposición en la guía del votante.
“Un presupuesto es un reflejo de las prioridades, y nuestra Legislatura Estatal eligió dar prioridad a más de 5000 millones de dólares para la atención médica universal de inmigrantes ilegales en lugar de proporcionar fondos para apoyar y reparar nuestra infraestructura escolar. Miles de millones en nueva deuda de bonos no es la respuesta”.
Derechos matrimoniales
La Proposición 3 modifica la Constitución de California mediante la eliminación del lenguaje que establece que el matrimonio sólo es válido y reconocido cuando es entre un hombre y una mujer.
Los proponentes dijeron que el cambio es necesario para realinear el lenguaje del documento fundacional del estado para reflejar las normas legales actuales, que reconocen los matrimonios de diferentes tipos.
“La Proposición 3 protege el derecho de todos los californianos, independientemente de su sexo o raza, a casarse con la persona que aman”, dijo Equality California en un argumento de apoyo.
Los opositores dijeron que la redacción de la medida (que llama al matrimonio un “derecho fundamental”) es demasiado vaga y podría interpretarse que incluye el matrimonio infantil, la poligamia o el incesto.
“Deberíamos actualizar nuestras leyes cuidadosamente manteniendo las salvaguardas necesarias”, dijo en la guía electoral Jonathan Keller, presidente del Consejo de la Familia de California, y el reverendo Tanner DiBella, fundador del Consejo Americano de Evangélicos. “En lugar de apresurarnos a redefinir el matrimonio de forma que excluya a la madre o al padre de un niño, deberíamos insistir en que todos los adultos se ajusten a las necesidades de los niños”.
Bono para incendios forestales y agua
La Proposición 4 autoriza 10,000 millones de dólares en bonos de obligación general para proteger comunidades y tierras mitigando incendios forestales, sequías e inundaciones.
La oficina del analista prevé un aumento de los costes de 400 millones de dólares anuales durante 40 años.
Los partidarios dicen que el dinero beneficiaría a los primeros intervinientes.
“Darle a los bomberos las herramientas para prevenir incendios forestales es la mejor y más rentable manera de prevenir los costos humanos y financieros de estos desastres”, dijo Tim Edwards, presidente de Cal Fire Firefighters, en la guía de votación. “La Prop. 4 hace las inversiones correctas para salvar vidas y miles de millones en costos de respuesta y recuperación”.
Otros dijeron que el estado tiene la responsabilidad de proteger playas, bosques y otros paisajes naturales y dijeron que se ahorrarían miles de millones de dólares reduciendo los daños de los desastres naturales.
Los críticos dijeron que la deuda creada por los bonos es un problema y sugirieron que el dinero podría gastarse mejor en otras soluciones.
“Los bonos son la forma más cara que tiene el gobierno de pagar las cosas”, afirman en la guía del votante el líder de la minoría en el Senado, Brian W. Jones, el asambleísta Jim Patterson y Jon Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis. “Al destinar fondos a proyectos especulativos, la Proposición 4 pasa por alto el almacenamiento de agua a largo plazo y los programas críticos de gestión de incendios forestales en favor de proyectos a corto plazo y no probados”.
Requisito de aprobación por los votantes
La Proposición 5 permite la aprobación de determinados bonos locales para infraestructuras y vivienda con la aprobación del 55 por ciento de los votantes, en lugar de los dos tercios que exige actualmente la ley estatal.
Los analistas afirman que el umbral más bajo facilitaría la aprobación de algunas medidas de bonos, citando los resultados de elecciones recientes en las que entre un 20 por ciento y un 50 por ciento más de medidas de bonos habrían sido aprobadas con el requisito más bajo.
Cualquier costo de endeudamiento en última instancia, se pagará con mayores impuestos a la propiedad, según la oficina del analista.
Los proponentes dijeron que la propuesta es necesaria para ayudar a abordar el problema de la disponibilidad de vivienda del estado.
“Tenemos una enorme escasez de viviendas asequibles para los californianos de ingresos bajos y medios”, afirman en la guía electoral Brian K. Rice, presidente de los Bomberos Profesionales de California, Christopher Carson, presidente de la Liga de Mujeres Votantes de California, y Leah Miller, presidenta de Habitat for Humanity California.
También dijeron que la aprobación de más bonos de infraestructura podría ayudar a los votantes locales a invertir en puentes, carreteras y otros proyectos.
“La Proposición 5 confía en los votantes locales para priorizar lo que es más importante en sus comunidades”, dijo el grupo.
Los opositores dijeron que las protecciones constitucionales que regulan los requisitos de aprobación de los votantes se han mantenido durante casi 150 años y necesitan ser salvaguardadas.
“La Proposición 5 facilita que las ciudades, los condados y los distritos especiales aumenten los impuestos a la propiedad para pagar nuestros ya masivos niveles de deuda en California”, dijeron en la guía del votante Robert Gutiérrez, presidente de la Asociación de Contribuyentes de California; Julián Cañete, presidente de las Cámaras de Comercio Hispanas de California; y Kendra Moss, miembro asesor de la Alianza de Mujeres Veteranas.
También dijeron que la infraestructura no estaba claramente definida en la propuesta, lo que podría dar lugar a interpretaciones amplias.
Trabajo involuntario en prisión
La Proposición 6 modifica la Constitución estatal para restringir que las cárceles y prisiones obliguen a trabajar a las personas encarceladas.
Según la legislación vigente, los centros penitenciarios pueden exigir a los reclusos que trabajen (en puestos como la limpieza, la cocina y otros) o que participen en actividades educativas.
Alrededor de un tercio de los reclusos trabajan en todo el estado, y muchos ganan menos de un dólar por hora (y algunos reciben créditos para reducir su condena), según la oficina del analista.
Quienes se niegan a trabajar pueden ser sancionados con diversas sanciones, entre ellas la pérdida de acceso a los teléfonos.
“El trabajo forzoso en las prisiones es cruel e injusto, y a menudo conduce a duros castigos como la violencia, el confinamiento solitario y la denegación de servicios”, dijeron en la guía electoral la asambleísta Lori Wilson; Dolores Huerta, directora ejecutiva de la fundación Dolores Huerta; y Stephen Downing, subjefe jubilado de la Law Enforcement Action Partnership. “La Proposición 6 amplía los programas de trabajo voluntario en prisión y garantiza la dignidad, la elección y la rehabilitación”.
Ningún individuo o grupo figura oficialmente en la oposición.
Brian James, un exrecluso que pasó 29 años en la prisión estatal de California tras ser condenado por asesinato en segundo grado, le dijo previamente a The Epoch Times: “Creo que el trabajo debe ser obligatorio”.
James dijo que todo el centro penitenciario estaba gestionado por reclusos, que se encargan de tareas como el mantenimiento del patio, la fontanería, la electricidad y la cocina. También se les asignan tareas en función de su educación y experiencia, dijo.
Afirmó que el trabajo en prisión debería considerarse “un punto de dignidad” y no de esclavitud, ya que les permite a los reclusos adquirir las habilidades necesarias para “volver a la sociedad”.
Aumento del salario mínimo
La Propuesta 32 aumentaría el salario mínimo del estado: las empresas con más de 25 empleados estarían obligadas a pagar 17 dólares por hora inmediatamente si se aprueba, y al menos 18 dólares por hora a partir del 1 de enero. Las empresas más pequeñas tendrían que pagar 17 dólares por hora a partir de enero y 18 dólares por hora en el siguiente enero.
Según los analistas, los efectos económicos de la propuesta podrían ser de gran alcance.
Los mercados laborales se verían presionados, ya que los empleados de otros rangos salariales también recibirían aumentos, y las empresas podrían trasladar los mayores costes laborales a los consumidores, aumentando el precio de los bienes y servicios.
Un partidario de la subida afirma que es necesaria para hacer frente a los problemas del coste de la vida en el estado.
“Es hora de que hagamos de California un lugar que las familias trabajadoras puedan permitirse”, dijo Joe Sanberg, un defensor de la lucha contra la pobreza, en la guía electoral.
Otros afirmaron que millones de trabajadores del Estado Dorado necesitan salarios más altos.
“Tenemos que aumentar el salario mínimo para ayudar a los trabajadores de servicios, a los trabajadores esenciales, a las madres solteras y a otros californianos trabajadores a poder permitirse las necesidades básicas de la vida”, dijeron en la guía del votante Ada F. Briceño, copresidenta de Unite Here Local 11, la diputada Nanette Barragán y Saru Jayaraman, presidenta de One Fair Wage.
Algunos críticos dijeron que las pequeñas empresas podrían verse afectadas negativamente por los aumentos de los costos laborales, y que algunas podrían cerrar si no pueden seguir siendo rentables.
“El coste de la vida en California es demasiado alto”, escribieron en oposición Jet Condie, presidente de la Asociación de Restaurantes de California; Jennifer Barrera, presidenta de la Cámara de Comercio de California; y Ron Fong, presidente de la Asociación de Abarroteros de California. “La Proposición 32 lo hace aún peor, ya que aumentará los costes de las empresas familiares que menos pueden permitírselo y obligará a los pequeños empresarios a aumentar los precios para que los consumidores absorban el salario mínimo más alto”.
Control de alquileres
La Proposición 33 deroga una ley aprobada en 1995 que prohíbe a los gobiernos locales limitar las tarifas para nuevos inquilinos o los aumentos de alquiler para determinados inquilinos. También impide que el Estado limite aún más el control local de los alquileres.
Según los analistas, si se aplican más leyes de control de alquileres, los gobiernos podrían experimentar un aumento de los costes (hasta decenas de millones de dólares anuales) para aplicar y hacer cumplir las leyes, repercutiendo los costes en los propietarios a través de tasas.
Una regulación más estricta a los alquileres podría provocar un descenso del valor de los inmuebles de alquiler, lo que a su vez reduciría el importe de los impuestos sobre bienes inmuebles en decenas de millones de dólares al año, según los analistas.
Los partidarios de la propuesta afirman que ayudaría a reducir el coste de la vivienda para los inquilinos.
“Algo tiene que ceder”, dijeron en la guía electoral Michael Hedges, presidente de la Asociación de Pequeñas Empresas de California; Julián Canete, presidente de las Cámaras de Comercio Hispanas de California; y el reverendo Dwight Williams, presidente de la Alianza de Mayores de California. “La crisis de la vivienda asequible está destruyendo el Sueño de California”.
Dijeron que el tema es “complejo” y que no existen soluciones fáciles.
Los críticos dijeron que la proposición es “engañosa” y podría cambiar más de 100 leyes de vivienda destinadas a facilitar la construcción de viviendas asequibles.
“La Proposición 33 hará más difícil convertirse en propietario de una vivienda o encontrar un lugar para alquilar, aumentando los costos para los inquilinos y los compradores de viviendas”, dijeron Ken Rosen, profesor emérito de economía de la Universidad de California-Berkeley; Jenna Abbott, directora ejecutiva del Consejo de California para la Vivienda Asequible; y Kendra Moss, miembro asesor de la Alianza de Mujeres Veteranas.
Gasto de los ingresos por medicamentos recetados
La Proposición 34 obliga a determinados proveedores a destinar el 98 por ciento de los ingresos a la atención de los pacientes, incluidos aquellos que hayan gastado más de 100 millones de dólares de los ingresos derivados del programa federal de descuentos en medicamentos recetados en un periodo de diez años en cualquier otra cosa que no sea la atención de los pacientes y hayan gestionado viviendas multifamiliares que hayan recibido más de 500 infracciones de salud y seguridad.
Los ingresos se generan cobrando a los pagadores de asistencia sanitaria (incluido el Estado) más del precio pagado por los medicamentos recetados obtenidos a través del programa de descuentos.
La oficina del analista prevé unos costes anuales para el Estado de millones de dólares para hacer cumplir las normas, que podrían recuperarse con las tasas cobradas a las organizaciones afectadas.
Aunque no se menciona en la propuesta, la AIDS Healthcare Foundation se vería afectada por la medida, que penalizaría el incumplimiento con la pérdida de la condición de organización sin ánimo de lucro y la revocación de las licencias sanitarias.
Los partidarios (entre ellos el asambleísta Evan Low, entre otros) dijeron que la medida es necesaria para cerrar “las lagunas corporativas que permiten a las ricas corporaciones farmacéuticas desviar dinero destinado a ayudar a los pacientes”.
Los críticos dijeron que la propuesta es un “grave peligro para la democracia”.
“Pretende convertir en arma el proceso de iniciativa al permitir que poderosos intereses se dirijan a una sola organización para castigarla y callarla”, afirmaron Jerilyn Stapleton, miembro de la junta de la Organización Nacional de Mujeres; Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Supervivencia Económica; y la Dra. Condessa M. Curley, miembro de la junta de la AIDS Healthcare Foundation, en una declaración presentada en oposición.
Ampliación del impuesto sobre la atención sanitaria gestionada
La Proposición 35 hace permanente un impuesto existente sobre los planes de seguros de asistencia sanitaria gestionada.
La medida aumentaría la financiación de Medi-Cal y otros programas entre 2000 y 5000 millones de dólares anuales, con la mitad del dinero procedente del gobierno federal, ya que la propuesta requiere que el estado utilice los ingresos fiscales para financiación adicional, según los analistas.
California también experimentaría un aumento de los costes entre 1000 y 2000 millones de dólares en 2025 y 2026, según los analistas, porque la propuesta reduce la cantidad de ingresos fiscales que el estado puede utilizar para pagar los costes existentes de Medi-Cal.
Los partidarios dicen que la medida protegería y ampliaría el acceso a la atención sin aumentar los impuestos a las personas.
En la guía electoral no figura ninguna oposición.
Las papeletas de voto por correo están en camino a los votantes de California, con matasellos de vuelta a más tardar el 5 de noviembre, y las urnas estarán abiertas entre las 7 a.m. y 8 p.m. el día de las elecciones. Para obtener más información, visite sos.ca.gov/elections/voting-info/ways-vote
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