Una propuesta para garantizar la financiación de las fuerzas del orden y aumentar el sueldo de algunos cargos electos fue aprobada por más del 61 por ciento de los votantes —según los resultados preliminares del 18 de noviembre— en el condado de San Bernardino, en el sur de California (SoCal).
La Medida L requiere montos mínimos de financiamiento para cubrir al personal de las zonas no incorporadas y modificar los cálculos salariales para los funcionarios electos, excluidos los supervisores del condado y los superintendentes escolares.
La proposición recibió más de 400,000 votos y lleva una ventaja de unos 150,000, según los últimos datos del secretario de estado.
Aproximadamente 23,000 papeletas aún no son contadas y otras 13,000 deben ser revisadas para verificar firmas y otras cuestiones.
Más de 85,000 votantes presentaron sus papeletas pero decidieron no votar sobre la propuesta.
Los resultados de las elecciones se certificarán el 3 de diciembre y, de aprobarse, la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2025.
La propuesta pretende evitar que futuros gobiernos desfinancien a las fuerzas del orden para garantizar que el departamento del sheriff disponga de recursos suficientes para proteger al público, y para «proporcionar una compensación competitiva» a los funcionarios electos, según el texto de la medida.
Los debates relacionados con la financiación de las fuerzas del orden estallaron con fuerza en 2020 con un movimiento de «descapitalización de la policía» espoleado por la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Mientras que algunas ciudades —incluidas Los Ángeles y San Leandro en el Estado Dorado y en otras partes del país como Portland, Oregón, y Seattle— optaron por reasignar la financiación de la policía, los votantes de San Bernardino están ahora a punto de garantizar la financiación con la Medida L.
En la actualidad, el condado tiene en cuenta los salarios de cinco condados cercanos —Kern, Orange, Riverside, San Diego y Ventura— para determinar sueldos justos para los funcionarios electos, incluidos el sheriff y el fiscal del distrito, entre otros.
Si se aprueba la propuesta, los cambios en los estatutos del condado eliminarán al condado de Kern —que tiene los salarios más bajos de los considerados— de la fórmula actual y lo reemplazarán por el condado de Los Ángeles, que paga más que los otros cuatro.
También se eliminaría un tope salarial existente vinculado a las medias de los condados vecinos.
El cambio aumentaría el salario medio de algunos puestos, con compensaciones significativamente más altas en Los Ángeles que en Kern, según ejemplos recientes documentados en Transparent California, una base de datos de salarios públicos.
El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, ganó más de 400,000 dólares en 2023, mientras que el alguacil del condado de Kern, Donny Youngblood, recibió alrededor de 218,000 dólares.
George Gascón, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, recibió alrededor de 477,000 dólares el año pasado, y Cynthia Zimmer, fiscal de distrito del condado de Kern, ingresó casi 203,000 dólares.
Shannon Dicus, sheriff del condado de San Bernardino, cobró más de 291,000 dólares en 2023. Al fiscal de distrito Jason Anderson se le pagó alrededor de 272,000 dólares.
La propuesta sugiere que se necesita un salario más alto para reclutar y retener a individuos calificados, según un boletín publicado por el condado.
Medida L requiere que los detalles salariales se publiquen en el sitio web del condado, además de las estadísticas relacionadas con el número de llamadas de servicio, informes de incidentes, y los presupuestos para el año actual y los dos años anteriores para la vigilancia de áreas no incorporadas.
Los promedios del año anterior se utilizarían para determinar los niveles futuros del presupuesto mínimo de personal, según la medida.
La ley no exige aumento de impuestos, sino que prioriza las asignaciones presupuestarias para fines de aplicación de la ley.
En caso de emergencia fiscal, la medida permite a la junta de supervisores, con una mayoría de cuatro quintos de los votos, suspender las normas presupuestarias.
Los partidarios de la propuesta argumentan que la garantía de personal policial contribuirá a reducir los hurtos y a mitigar la inflación de los precios al por menor provocada por los robos y el aumento de los costos de los seguros.
«El costo de la vida continúa en aumento para todos nosotros. Mientras tanto, la gente en el condado de San Bernardino se siente insegura en sus comunidades, mirando constantemente por encima del hombro debido al aumento de la delincuencia por las políticas blandas contra el crimen», declararon los proponentes en los argumentos presentados ante el condado. «No podemos permitirnos seguir viviendo así».
Entre los partidarios se encuentran Mark Creffield, presidente y consejero delegado de la Cámara de Comercio del Gran Desierto Alto y Phil Cothran, presidente de la Agencia de Seguros Cothran.
El condado no recibió ninguna oposición oficial. Algunos periódicos locales, sin embargo, adoptaron posiciones editoriales en los últimos meses oponiéndose a la propuesta.
Algunos críticos sugirieron que funcionarios electos que recibirían aumentos de sueldo, incluyendo el sheriff y el fiscal de distrito, ya habían recibido una compensación suficiente.
Un portavoz del Departamento del Sheriff declinó la petición de The Epoch Times de hablar sobre los resultados preliminares o los posibles cambios de política.
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