Un grupo de votantes demandó al presidente Donald Trump, al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y al Director General de Correos, Louis DeJoy, alegando que los últimos cambios de la agencia postal para reducir los costos están infringiendo los derechos de los ciudadanos a votar.
DeJoy anunció desde entonces que el Servicio Postal suspendería todos los cambios operativos hasta después de las elecciones.
«Para evitar incluso la aparición de cualquier impacto en el correo electoral, estoy suspendiendo estas iniciativas hasta después de que las elecciones hayan concluido», dijo el director a través de un comunicado el 18 de agosto.
Cuatro votantes de diferentes estados presentaron el 17 de agosto una demanda en la corte federal del Distrito de Columbia, en un esfuerzo por restaurar el funcionamiento del Servicio Postal a su estado actual del 1 de enero. Los votantes acusan a Trump y a DeJoy de conspirar para socavar la legitimidad de las elecciones de 2020, paralizando las operaciones de la agencia antes de las elecciones de 2020.
Los demandantes alegan que el gobierno de Trump empleó «tácticas indignantes para retrasar la entrega del correo», las que según ellos, de acuerdo a la queja, habrían dado lugar al fracaso de la pronta entrega de las papeletas de voto y las solicitudes por correo. Aunque los demandantes reconocieron que la pandemia de COVID-19 ya había planteado problemas al Servicio Postal, afirmaron que el gobierno de Trump agudizó las demoras mediante sus supuestas tácticas.
«A pesar de los efectos devastadores del coronavirus en la capacidad del USPS para entregar el correo durante las primarias de primavera y el balotaje, y los miles de empleados del USPS que fueron puestos en cuarentena porque estuvieron expuestos al coronavirus y, en algunos casos, lo contrajeron, DeJoy ha tomado varias medidas calculadas para frenar -y para socavar- la capacidad del organismo para entregar el correo, todo ello en nombre de la reducción de costos pero a expensas del derecho de los ciudadanos a votar», escribieron los abogados de los votantes (pdf).
La pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) durante un año electoral puso en primer plano la cuestión del voto por correo, ya que se prevé que un gran número de estadounidenses voten por correo para evitar las multitudes en los centros de votación. Sin embargo, las preocupaciones sobre si el USPS podría entregar las boletas de voto por correo a tiempo se convirtieron en el centro de atención después que el asesor general y vicepresidente ejecutivo del organismo, Thomas J. Marshall, enviara cartas a varios estados advirtiéndoles que tal vez no podría cumplir con los plazos de entrega por correo.
DeJoy a su vez anunció el 7 de agosto cambios radicales en la estructura de dirección de la organización, como parte de los esfuerzos «para operar de manera más eficiente y efectiva y servir mejor a los clientes» en medio de las preocupaciones sobre la posición financiera de la agencia.
La posición financiera del USPS es «desesperada», dijo, por lo que sin «un cambio dramático», la agencia «se enfrentará a una inminente crisis de liquidez». Sus modificaciones dieron lugar a que al menos 20 ejecutivos postales fueran reasignados a nuevas funciones o desplazados. Estas medidas de reducción de costos, de acuerdo a los artículos reportados, dieron lugar a atrasos en el correo en todo el país, lo que aumenta aún más la preocupación de que las boletas no se entreguen a tiempo para las elecciones de noviembre.
Los abogados dijeron en la demanda que los cuatro votantes que residen en Nueva York, Pensilvania, Texas e Indiana, son ejemplos de los que no recibieron las boletas por correo a tiempo para las primarias de sus estados, a pesar de haber solicitado boletas para votar en ausencia.
También alegaron que la situación del USPS está obligando a los votantes a ir a los colegios electorales para votar durante la pandemia.
En un ejemplo, Gina Arfi, residente del estado de Nueva York, no pudo votar en las elecciones primarias del estado el 23 de junio porque la boleta en ausencia que solicitó nunca le fue entregada y no quiso arriesgarse a exponerse al COVID-19, tanto a sí misma como a su abuela de 85 años, con quien vive.
Los votantes están pidiendo a la corte que restablezca las operaciones del Servicio Postal como estaban el 1 de enero, incluyendo el reemplazo o restauración de las máquinas clasificadoras de alta velocidad que fueron puestas fuera de servicio, la restauración del pago de horas extras para todos los empleados del USPS, y el levantamiento de la congelación de contrataciones del USPS.
Los votantes no son el único grupo que ha tomado acciones legales contra USPS en medio de preocupaciones sobre el voto por correo. Múltiples fiscales generales demócratas están sopesando la posibilidad de demandar al gobierno de Trump. Mientras tanto, un grupo separado de votantes y varios candidatos demócratas también presentaron una demanda el 17 de agosto en un tribunal federal de Nueva York.
La decisión del USPS de implementar medidas de reducción de costos a pocos meses de las elecciones fue ampliamente criticada, y llevó a los demócratas de la Cámara de Representantes a instar al FBI a iniciar una investigación para determinar si DeJoy, o los miembros de la junta de gobernadores del USPS, cometieron algún delito en relación con los reportes de retrasos en el correo.
DeJoy testificará en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara la próxima semana, confirmaron los legisladores el 17 de agosto. Varios congresistas demócratas pidieron a DeJoy que renuncie, y uno de ellos llegó a decir que debería ser arrestado por el sargento de la Cámara si no testifica.
Los oficiales del Departamento de Justicia y del USPS no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de The Epoch Times.
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