La organización de defensa legal sin ánimo de lucro America First Legal (AFL) presentó una demanda contra un proyecto de ley del estado de Washington que permite a los centros de acogida ocultar a los niños transexuales a sus padres y prescribirles procedimientos de transición de género.
La demanda (pdf) se ha presentado contra el gobernador de Washington, Jay Inslee; el fiscal general de Washington, Robert Furguson; y el secretario del Departamento de la Infancia, la Juventud y la Familia de Washington, Ross Hunter. Pretende impedir la aplicación de la Ley del Senado 5599 del estado, que «permite a los refugios acoger a niños que luchan contra la disforia de género y potencialmente proporcionarles ‘cuidados’ que alteran su vida (incluida potencialmente la esterilización) sin el consentimiento o el conocimiento de los padres», según una publicación del 16 de agosto de la organización que presentó la demanda en nombre de los demandantes.
El proyecto de ley SB 5599 crea un «incentivo peligroso» para que los menores que no estén de acuerdo con sus padres sobre la cuestión de los «cuidados de afirmación de género» huyan de sus hogares a un centro de acogida u hogar de acogida. La legislación también elimina el requisito de que los centros de acogida notifiquen a los padres en tales casos.
Además, la ley autoriza al Estado a remitir a los menores a «servicios de salud conductual», sin definir realmente el término.
«En la práctica, esto significa que los niños pequeños que se escapan de casa podrían estar recibiendo fármacos químicos de esterilización o incluso mutilación genital sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres», declaró la AFL.
La organización argumentó que la SB 5599 priva a los padres de sus derechos constitucionales a dirigir la educación y el cuidado de sus hijos.
«Esta ley enfermiza y autoritaria permite esencialmente al Estado secuestrar a los niños de sus padres y ocultar su paradero para mutilarlos quirúrgica y químicamente, y privar formalmente a sus padres de toda capacidad legal para detener la desfiguración médica de sus hijos e hijas por extremistas de género que tienen como objetivo a sus hijos», declaró Stephen Miller, presidente de AFL.
«Esta ley es ilegal, inconstitucional y perversa. Este litigio trata de salvar a nuestros hijos de quienes abusan de su inocencia, atormentan sus mentes y desfiguran sus cuerpos».
Violación de la patria potestad
En Washington, la norma básica que rige la patria potestad cuando los niños huyen a un centro de acogida es que éste debe ponerse en contacto con los padres en un plazo de 72 horas tras admitir a los niños, según la demanda.
Se debe notificar a los padres el paradero del menor, una descripción de su estado físico y emocional, y las circunstancias que rodean el contacto del menor con el centro de acogida. Los padres son libres de visitar el refugio, recoger a sus hijos y volver a casa.
La única excepción es que los centros de acogida determinen que existen «razones imperiosas» para no notificarlo a los padres, señala la demanda. Tales «razones imperiosas» se definían como cualquier circunstancia que indicara que notificar a los padres acabaría sometiendo al menor a negligencia o malos tratos.
Sin embargo, el SB 5599 amplió la definición de «razones imperiosas» para incluir las situaciones en las que un menor «solicita o recibe servicios de atención sanitaria protegidos». Dichos cuidados significan «tratamiento de afirmación de género», señalaba la demanda.
«Según la ley SB 5599, el mero hecho de que un menor se presente en un albergue u hogar de acogida buscando o recibiendo un tratamiento de ‘afirmación de género’ equivale legalmente a ‘circunstancias que indican’ maltrato o negligencia».
La demanda argumenta que la SB 5599 «interfiere» con las creencias religiosas que tienen algunos padres sobre los cuidados de «afirmación de género».
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña que un cuerpo humano es «creado a propósito» por Dios como masculino o femenino, señala.
Dos demandantes, denominados Padres 3A y 3B, se adhieren a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Otro grupo de demandantes, los Padres 4A y 4B, también tienen creencias basadas en la Biblia, según la demanda.
El SB 5599 también interfiere en los derechos de la Primera y la Decimocuarta Enmienda de los demandantes, argumenta AFL en la demanda.
La ley crea el riesgo de que, si uno de los hijos de los demandantes desea cambiar a un género distinto de su sexo biológico, los demandados o sus agentes puedan facilitar dicha transición, afirma la demanda.
«Tal acción por parte de un agente del Estado de Washington violaría el derecho constitucional de los demandantes afectados a dirigir la educación de sus hijos, y su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a enseñar y guiar las actividades de sus hijos de forma coherente con los compromisos de fe de los padres».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina del gobernador de Washington para obtener sus comentarios.
Oposición creciente
La SB 5599 se ha enfrentado a intensas críticas por parte de los republicanos.
«Los extremistas han elegido su postura contra las familias WA y los derechos de los padres. Ahora pueden intentar defenderla. Spoiler: Es indefendible», dijo el representante Jim Walsh (R-Wash.).
En una entrevista concedida a Breitbart el mes pasado, el senador republicano Josh Hawley afirmó que la izquierda está presionando para adoctrinar la ideología de género en los niños como un ataque a la familia nuclear.
La izquierda ha emprendido una «guerra continua» contra la familia nuclear, dijo, que incluye atacar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Estas fuerzas pretenden que los padres queden «al margen» de la vida de los hijos, ya que esto les permitirá «llenar la cabeza de los niños con las tonterías que quieran».
El Sr. Hawley propuso impulsar los derechos de los padres para contrarrestar la proliferación de la ideología de género.
«En primer lugar, tenemos que dar a los padres poder en las escuelas. Tenemos que darles un derecho federal a ver lo que se enseña a sus hijos, quién les enseña, en qué se gasta el dinero de sus impuestos, y asegurarnos de que a sus hijos no se les da ningún tipo de medicación o receta sin la autorización de los padres».
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