El fiscal general William Barr envió un conjunto de medidas a las agencias del Departamento de Justicia (DOJ) sobre el uso de tecnologías anti dron y de pautas para protegerse contra las amenazas que presentan los drones.
Estas autoridades anti dron están contenidas dentro de una ley federal aprobada en 2018, la cual le otorga poderes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al DOJ para tomar las acciones apropiadas para mitigar amenazas creíbles de drones a instalaciones y activos.
Las medidas de Barr le proveen a varias agencias del departamento, incluido el FBI, el Buró de Prisiones, y la Administración para el Control de Drogas (DEA), procesos en los cuales pueden pedir protección a instalaciones o activos y el uso de medidas protectoras contra amenazas de drones, incluyendo rastrear sin consentimiento al dron o destruir drones que representen una amenaza.
«Esto asegurará que estemos posicionados para que en el futuro tratemos con esta nueva amenaza, y que abordemos los esfuerzos anti dron responsablemente, con respeto total por la constitución, la privacidad, y la seguridad del espacio aéreo nacional», dijo Barr en una declaración el lunes.
Las pautas también incluyen protecciones a la privacidad, derechos civiles y libertades civiles, incluyendo limitaciones a la retención y uso de todo dato recolectado durante el curso de las operaciones anti dron, dijo Barr en un memo que acompañaba las pautas.
Las «medidas que se adopten en virtud de la ley deben ser consistentes con la Primer y Cuarta Enmienda, y la guía exige a cada componente que instale tecnologías anti dron, entrenar al personal en las libertades civiles y privacidad en el contexto anti dron», dice el memo (pdf).
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Las medidas dicen que se les requiere a las agencias «considerar y ser considerados en todo momento del potencial impacto que las medidas protectoras pueden tener sobre la actividad legítima de las aeronaves no tripuladas y de los sistemas de aeronaves no tripulados, incluso aquellas operadas por la prensa».
También estipula que las agencias pueden, en ciertas circunstancias, mantener registro de cualquier comunicación interceptada hacia y desde el dron por hasta 180 días.
Las medidas también requieren que las agencias del DOJ coordinen toda acción anti dron con la Administración Federal de Aviación (FAA) para evaluar el impacto de la acción en el espacio aéreo nacional tales como la seguridad de la aviación y la aviación civil y las operaciones en el espacio aéreo.
La ley federal—Acta Previniendo Amenazas Emergentes—fue introducida como un marco legal para proteger al público de usos nefastos de actividades de dron tales como facilitar ataques terroristas, el espionaje, o facilitar otras actividades criminales como la vigilancia ilegal y el contrabando de drogas u otros materiales dañinos a través de las fronteras de nuestra nación, dijo la Casa Blanca en 2018.
Casi 1.5 millones de drones y 160,000 pilotos remotos han sido registrados hasta diciembre de 2019, según la FAA, lo que convierte a los drones en el segmento de más rápido crecimiento del sector transporte.
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