La orden prolongada de quedarse en casa de Wisconsin está recibiendo críticas de los legisladores y de las fuerzas del orden mientras miles de personas planean una protesta en el capitolio estatal de Madison.
La protesta está programada para el 24 de abril, cuando se suponía que la orden del Departamento de Servicios Humanos expiraría. El gobernador demócrata Tony Evers, le dijo esta semana a la Secretaria de Salud Andrea Palm que extendiera la orden hasta el 26 de mayo en un intento de frenar la propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), el nuevo coronavirus que surgió en China continental el año pasado.
Los manifestantes quieren que se reabra Wisconsin «para que podamos recuperar nuestras vidas y para que Wisconsin pueda prosperar», escribieron los organizadores en la página de Facebook del evento.
«Levantemos la orden de quedarse en casa para que nosotros como personas podamos interactuar los unos con otros en nuestros parques, nuestros parques infantiles, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de culto, en nuestras comunidades y tener una conexión de nuevo», expresaron.
Los organizadores animaron a la gente a traer carteles con frases que incluyeran: «Estoy perdiendo mi negocio», «mis hijos se están perdiendo su graduación» y «no puedo llorar con mi familia».
Casi 3000 usuarios dijeron que asistirán y otros 12,000 marcaron que están «interesados» en el evento.
Esta es una de las docenas de protestas que están ocurriendo en todo el país. Las multitudes ya se han reunido en Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Kentucky, Ohio, Utah y Virginia. Otras manifestaciones están programadas para Pennsylvania, Washington, Nueva York, Maryland y otros estados.
El jueves, Evers señaló en una conferencia de prensa que le alegraba que la gente pudiera ejercer sus derechos de la Primera Enmienda.
«El Capitolio y sus fundamentos fueron parte del ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda desde que estoy vivo», explicó el gobernador de primer mandato.
«Estamos animando a la gente que vengan a usar la disciplina de la distancia social para que puedan mantenerse sanos», añadió.
El distanciamiento social se refiere a las medidas recomendadas u ordenadas por los funcionarios de salud pública, incluyendo permanecer al menos a seis pies (1.80 m) de distancia de los no miembros de la familia y usar una mascarilla y guantes en algunos lugares públicos.
Madison Marie, una de las organizadoras, acusó a Evers de no escuchar a las personas que perdieron sus trabajos, a los agricultores, a los expertos en salud mental, a los propietarios de pequeños negocios y a otros.
«Usted y el DHS tienen puntos de vista estrechos y eso hace que el resto de nosotros suframos», escribió.
Legisladores y un sheriff
Después de que Evers extendiera su orden, algunos legisladores republicanos criticaron la medida, y un sheriff emitió una declaración indicando que no hará cumplir la orden.
En un video de Facebook, el representante estatal Shae Sortwell, republicano de primer mandato, dijo que la medida es «absolutamente ilegal».
«No debería haber un burócrata que tenga la autoridad para cerrar la economía del estado de Wisconsin», expresó.
La diputada Barb Dittrich, otro miembro del Partido Republicano, calificó a Evers de «tirano», mientras que el diputado John Jagler indicó que los «efectos de la orden ampliada en nuestra economía serán devastadores».
El presidente de la Asamblea Republicana Robin Vos mencionó, en una entrevista radial el viernes, que planea tener una respuesta legal a Evers en los próximos días. Una demanda no es el mejor movimiento debido a las posibles consecuencias si se rechaza, subrayó.
«Los republicanos creen que la pandemia es grave. Sabemos que es real», dijo Vos. Pero la economía «se está muriendo de hambre», añadió.
Vos destacó, que la gente debería asistir al mitin del 24 de abril, que tuvo gran interés luego de que se prorrogara la orden.
Las peticiones de destitución de Evers, la cual es otra vía para expresar la frustración, reunieron miles de firmas.
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Evers, en una declaración el viernes, respondió a las críticas:
«La gente tiene miedo y necesita saber en quién puede confiar», comentó. «Deberían confiar en la ciencia. Deberían confiar en nuestros expertos en salud pública. Y deberían poder confiar en que sus funcionarios electos tomen las mejores decisiones posibles basadas en la ciencia y los hechos. No puedo hablar en nombre de ningún otro funcionario electo, pero ese es mi compromiso».
Christopher Schmaling, el sheriff del condado de Racine, argumentó en una declaración que Evers y el Departamento de Servicios Humanos del estado tienen la autoridad para desarrollar medidas de emergencia y hacer cumplir las normas para proteger al ciudadano durante una crisis de salud.
«Sin embargo, la ley estatal no tiene el poder de sustituir o suspender los derechos constitucionales de los ciudadanos americanos», afirmó.
Instando al departamento a elaborar un plan que equilibre la seguridad y la necesidad de las empresas de operar, el sheriff enfatizó que juró defender los derechos constitucionales de los americanos.
«No puedo participar de buena fe en la destrucción de empresas del Condado de Racine o interferir en las libertades que nuestra Constitución nos otorga a todos», escribió. «Dejaremos el cumplimiento de las órdenes de salud pública a los expertos del departamento de salud».
El condado tiene una población de unos 200,000 habitantes y está situado al sur de Milwaukee.
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