El director del FBI, Christopher Wray, dijo que su agencia había respondido ampliamente a las críticas contenidas en el informe del abogado especial John Durham. Publicado el mes pasado, provocó que algunos republicanos indignados pidieran el cierre de la famosa agencia federal de investigación.
El informe de Durham, tras años de investigación, calificaba de «gravemente deficiente» la investigación del FBI sobre la campaña de 2016 del expresidente Donald Trump.
Durham dijo que la agencia, en su operación, denominada en clave «Crossfire Hurricane», no cumplió su «importante misión de estricta fidelidad a la ley».
«Cooperamos con esa investigación», dijo Wray el 20 de junio en Atlanta, en un acto organizado por el Club de Prensa de Atlanta y el Club de Comercio.
«Asignamos agentes para que lo ayudaran en la investigación. Y te diré que ese informe, al igual que el informe del Inspector General de 2019 que cubría esencialmente el mismo asunto, describe una conducta que considero totalmente inaceptable y poco representativa de lo que somos como institución».
«Por eso hemos tomado más de 50 medidas correctivas y reformas, hemos cambiado a todo el equipo directivo y hemos pasado página. (Hemos) puesto en marcha todo tipo de cambios, políticas, procedimientos, formación, salvaguardias, aprobaciones, puedo seguir y seguir, todo lo cual garantiza que si hoy hubiera ocurrido lo mismo, no habría ocurrido».
«Esas reformas habrían evitado lo que ocurrió en 2015 y 2016», dijo Wray, que fue nombrado director del FBI por Trump en 2017.
El informe de Durham arremetió contra la gestión de la investigación por parte de la agencia, que recurrió a un tribunal secreto de inteligencia para obtener permiso para vigilar a Carter Page, colaborador de la campaña de Trump, pese a admitir tanto entonces como después que no tenían causa probable.
El buró tampoco examinó sus propias bases de datos, ni consultó a otras agencias de inteligencia, ni entrevistó a testigos esenciales, y no utilizó «ninguna de las herramientas analíticas estándar que suele emplear el FBI en la evaluación de la inteligencia bruta», afirma el informe.
Si el FBI hubiera seguido sus propias normas, sus agentes habrían descubierto que ni el FBI ni la CIA tenían pruebas que demostraran que el candidato Donald Trump o alguien de su campaña hubiera estado en contacto con funcionarios de inteligencia rusos en ningún momento de la campaña, según el informe.
El candidato presidencial republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida y ex fiscal federal, dijo el 24 de mayo al anunciar su candidatura que planea deshacerse de Wray, si es elegido, el «primer día» de su gobierno.
El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy ha pedido la abolición del FBI, afirmando que la policía estatal y local, el Departamento de Justicia y los Alguaciles Federales proporcionan una vigilancia policial adecuada para la nación.
Los republicanos del Congreso amenazaron con declarar a Wray en desacato a principios de junio antes de que accediera a entregar al Congreso documentos sobre un informante confidencial pagado por la agencia.
El informante acusó al presidente Joe Biden y a su hijo Hunter de haber aceptado 10 millones de dólares en sobornos de la empresa ucraniana Burisma —pagos de los que el informante fue parte y de los que dice tener pruebas— mientras Joe Biden era vicepresidente, declaró el 8 de junio la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) tras revisar el formulario FD-1023 del FBI sobre el informante en el Servicio de Información Confidencial del gobierno. El presidente ha calificado las afirmaciones de «patrañas».
Al preguntársele sobre el desacato y la presentación por Greene de artículos de impeachment contra él, Wray dijo: «Siento un enorme respeto por la supervisión del Congreso. Y creo que es una parte importante de nuestras responsabilidades como agencia que tiene amplios poderes».
«Dicho esto, también tengo el deber de hacer cosas como proteger las fuentes humanas confidenciales, (y) respetar el secreto del gran jurado. Y hay muchas otras obligaciones que también tienen el director del FBI y el FBI como institución. Así que el reto es intentar encontrar la manera de hacer ambas cosas».
A Wray se le preguntó por la mala gestión del FBI de las denuncias presentadas por una serie de gimnastas que alegaban haber sido víctimas de abusos sexuales, muchas de ellas siendo menores de edad, por parte de Larry Nassar, exmédico de la Universidad Estatal de Michigan y de USA gymnastics. Nassar cumple ahora cadena perpetua por condenas federales y estatales. Al menos 265 mujeres lo han acusado de agresión sexual. Pero afirman que al principio recibieron poca respuesta y preocupación por parte de USA Gymnastics y fueron ignoradas por el FBI.
Cuando el FBI emprendió una investigación y llevó a cabo pesquisas y entrevistas con las supervivientes, las mujeres hablaron a menudo con agentes varones del FBI que tenían poca o ninguna formación para entrevistar a víctimas de delitos sexuales. A veces se trataba a las víctimas con frialdad y brusquedad cuando describían a los agentes los detalles de la violación más personal.
El escándalo dio lugar a la Ley de Respeto a los Niños Supervivientes, aprobada por el Congreso en diciembre de 2022 y firmada por Biden. La ley, que contó con apoyo bipartidista, establece normas para el trato del FBI a los testigos víctimas infantiles.
«Cuando me enteré de lo que nuestra gente había hecho, o lo que es más importante, de lo que no habían hecho, supongo que fue en 2015 y 2016 cuando ocurrió todo esto, me quedé horrorizado. Estaba furioso», dijo Wray.
«Te diré que allí donde podemos controlar lo que ocurre, que es en cosas como las medidas disciplinarias, las tomamos. Cuando se trata de decisiones de procesamiento, decisiones de acusación, a quién acusar, qué acusar, si acusar o no, los fiscales toman esas decisiones, no el director del FBI».
Wray, que vive en la zona de Atlanta, habló ante una multitud amistosa, compuesta principalmente por líderes empresariales, entre ellos socios del antiguo bufete de abogados de Wray, King and Spalding. El presidente jubilado del bufete, Walter Driver —también expresidente de la Asociación de Golf de EE. UU.— al presentar a Wray enumeró a los socios pasados y presentes de King and Spalding que han pasado a ocupar altos cargos en las fuerzas de seguridad federales.
El bufete tiene una tradición de servicio público, dijo, que se remonta a su socio fundador Alexander Campbell King, que fue procurador general con Woodrow Wilson. Emory Marvin Underwood fue fiscal general adjunto con Wilson.
Griffin Bell fue fiscal general bajo la administración de su compatriota Jimmy Carter. Larry Thompson fue fiscal general adjunto durante el gobierno de George W. Bush.
Sally Yates, que estuvo presente en la charla de Wray, fue fiscal general adjunta durante el gobierno de Barack Obama y fue fiscal general en funciones durante diez días en el gobierno de Trump, antes de que éste la despidiera por insubordinación.
Otro socio del bufete, el senador estadounidense retirado Sam Nunn, durante mucho tiempo parte del establishment de seguridad nacional, tenía previsto asistir al discurso de Wray, pero se estaba recuperando de una intervención quirúrgica, dijo Driver.
Wray fue fiscal adjunto del Distrito Norte de Georgia de 1997 a 2003 y fiscal general adjunto con George W. Bush de 2003 a 2005. Trabajó en King and Spalding de 2005 a 2016.
Las personas del público que tuvieron la oportunidad de interrogar a Wray no preguntaron por el trato dado por el FBI a los acusados del 6 de enero ni a sus propios denunciantes, que han testificado ante el Congreso sobre las irregularidades que presenciaron en la investigación de los disturbios en el Capitolio de EE. UU. Un denunciante habló de que se le pidió que emitiera citaciones sin, según dijo, fundamento jurídico adecuado. Otro declaró que se oponía a que se utilizaran equipos SWAT para detener a delincuentes no violentos, incluidos ancianos.
El presidente jubilado de la CNN, Tom Johnson, que presentó el acto e hizo algunas preguntas iniciales a Wray, le preguntó en cambio por qué la agencia había tardado un año en empezar a investigar al propio Trump. Wray defendió la investigación de la agencia hasta el 6 de enero.
«Hemos destinado recursos sin precedentes a investigar los delitos cometidos el 6 de enero y en relación con él, y hemos utilizado para ello, creo, 55 de las 56 oficinas de campo», dijo Wray. «Hemos realizado cientos y cientos de detenciones. Y creo que la forma en que hemos abordado todas esas investigaciones es la forma en que espero que abordemos cualquier investigación importante, es decir, poniendo los puntos sobre las íes, y eso es lo que espero de nuestra gente».
En su discurso, Wray se centró en los esfuerzos del FBI en la lucha contra la delincuencia. Detalló su éxito en la lucha contra la violencia de las pandillas y el tráfico de drogas, con redadas a gran escala en ciudades como Brunswick, Augusta y Atlanta. La agencia detuvo a más de 20,000 delincuentes violentos en 2022, dijo.
Se acercó al debate sobre la ciberdelincuencia, hablando de las nuevas estafas impulsadas por la inteligencia artificial (IA), como el secuestro virtual, en el que delincuentes que se hacen pasar por secuestradores hacen llamadas telefónicas utilizando las voces inventadas de las víctimas para llamar a sus familias y pedir rescates.
Y habló de la amenaza que el Partido Comunista Chino representa en ese campo para Estados Unidos. El gobierno y las empresas que controla «tienen un programa de piratería informática mayor que el de cualquier otra nación importante», afirmó.
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