La Casa Blanca afirma que su nueva orden de vacunación para los trabajadores del sector privado es legal en virtud de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970.
En las próximas semanas se espera una nueva norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para exigir que todos los trabajadores de empresas privadas con 100 empleados o más se vacunen contra COVID-19. La norma forma parte de una orden ejecutiva anunciada el jueves por el presidente Joe Biden y afectará a más de 80 millones de trabajadores del sector privado.
«La ley [OSHA] básicamente requiere que el Departamento de Trabajo tome medidas cuando encuentre un riesgo grave para los trabajadores», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en la rueda de prensa del viernes. «Y, ciertamente, una pandemia que mató a más de 600,000 personas califica como un grave riesgo para los trabajadores».
El secretario del Departamento de Trabajo, Marty Walsh, se encargará de supervisar la creación de una Norma Temporal de Emergencia (ETS, por sus siglas en inglés) para aplicar el nuevo requisito. La norma exigirá que todos los trabajadores que sigan sin vacunarse presenten un resultado negativo en las pruebas al menos una vez a la semana antes de acudir al trabajo. También exigirá a las empresas con más de 100 empleados que proporcionen tiempo libre remunerado durante el tiempo que los trabajadores necesiten para vacunarse o para recuperarse si sufren una reacción adversa tras la vacunación.
Las multas para las empresas que no cumplan la ley podrían ascender a 13,600 dólares, y Psaki dice que las empresas con empleados que opten por no recibir la vacuna tendrán que cubrir el costo de las pruebas semanales.
La ETS también se aplicará a los trabajadores del sector público estatal y local, incluidos los educadores y el personal de las escuelas, en los 26 estados y dos territorios con un plan estatal de la OSHA.
La ley de la OSHA dice: «Bajo ciertas condiciones limitadas, la OSHA está autorizada a establecer normas temporales de emergencia que entran en vigor inmediatamente y están vigentes hasta que sean sustituidas por una norma permanente. La OSHA debe determinar que los trabajadores están en grave peligro debido a la exposición a sustancias o agentes tóxicos o físicamente nocivos, o a nuevos peligros, y que es necesaria una norma de emergencia para protegerlos».
Al menos 19 gobernadores republicanos y dos fiscales generales emitieron declaraciones de desacuerdo con la medida de la administración de obligar a vacunarse, y varios de ellos prometieron desafiarla o anunciaron planes de acción legal contra ella.
«Las vacunas COVID-19 son herramientas seguras y eficaces para prevenir la enfermedad, pero vacunarse es y debe ser una elección», dijo el gobernador de Arizona, Doug Ducey, en un comunicado. «Estas órdenes son escandalosas. Nunca se sostendrán en los tribunales. Debemos oponernos y lo haremos».
La orden ejecutiva incluye exenciones por motivos religiosos y médicos. Psaki dice que la OSHA determinará los detalles de esas exenciones como parte de su proceso de desarrollo de la nueva norma.
Cuando se le preguntó cómo se aplicarán las órdenes, el coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que «el presidente ha sido claro en que no dudará en tomar acciones fuertes como lo hizo [el jueves] para proteger a los trabajadores y al pueblo estadounidense y acelerar nuestro camino para salir de esta pandemia».
La norma actual para que los empleados se consideren totalmente vacunados es haber recibido las dos dosis de una vacuna de dos dosis o una inyección de la vacuna de Johnson & Johnson.
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