Nuevo abogado especial da el primer paso y cuestiona afirmación del equipo de Trump

Por Zachary Stieber
25 de Noviembre de 2022 1:57 PM Actualizado: 25 de Noviembre de 2022 2:01 PM

El recién nombrado abogado especial, Jack Smith, hizo, el Día de Acción de Gracias, su primer movimiento público desde que se le encomendó dirigir una investigación sobre el expresidente Donald Trump. Smith investiga presuntas violaciones a la ley de espionaje y a otras leyes federales relacionadas con el manejo de Trump a ciertos registros, incluidos registros con marcas clasificadas.

Las afirmaciones del abogado de Trump son “incorrectas”, dijo Smith en una breve carta de una página a un tribunal de apelaciones.

Smith le estaba respondiendo a los abogados de Trump que plantearon el caso relacionado con los materiales incautados de Rudy Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York que se desempeñó como abogado de Trump.

James Trusty, uno de los abogados, dijo que el enfoque que respaldó el gobierno en el caso de Giuliani es una referencia para el caso de los registros de Trump.

“La cuestión planteada era si un tribunal ha hecho valer previamente la jurisdicción equitativa para prohibirle al gobierno el uso de materiales incautados en una investigación pendiente de revisión por un perito especial. La respuesta es sí”, dijo Trusty en una presentación complementaria después de que las partes ofrecieran argumentos orales durante una audiencia judicial.

En el caso de Giuliani, ninguno de los materiales se utilizó en la investigación hasta que se completó el proceso del perito especial.

“El proceso funcionó. El 14 de noviembre de 2022, Estados Unidos presentó una carta en la que le notificaba al Tribunal de Distrito que no se presentarían cargos penales y solicitaba la rescisión del nombramiento del perito especial”, dijo Trusty.

Smith, designado por el fiscal general Merrick Garland, quien fue designado a su vez por Biden, respondió rápidamente el 18 de noviembre y calificó la posición de Trusty como incorrecta.

“Como reconoce el demandante, el tribunal no le ‘ordenó al gobierno’, id.; en cambio, el propio gobierno ofreció ese enfoque”, dijo en el escrito. “Además, los registros allí fueron incautados de la oficina de un abogado, la revisión se realizó de forma continua y el caso no involucró un procedimiento civil separado que invoque la jurisdicción anómala de un tribunal de distrito”.

“Nada de eso es cierto aquí”, concluyó Smith.

Los escritos en competencia se produjeron después de que un panel de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el 11° Circuito escuchara a ambas partes el 22 de noviembre con respecto a la moción del gobierno para destituir al juez de distrito de EE.UU., Raymond Dearie, como perito especial.

El panel de la corte de apelaciones aún no se ha pronunciado sobre la moción.

Dearie, designado por Reagan para juez y que fue designado por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, quien fue designada por Trump, actualmente tiene previsto completar su revisión a los registros incautados en diciembre. El FBI incautó los registros de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, en agosto mientras ejecutaba una orden de allanamiento.

Se suponía que Smith regresaría inmediatamente a Estados Unidos desde La Haya, donde estaba trabajando, pero un accidente de bicicleta hizo que permaneciera en el extranjero por el momento, les dijo el Departamento de Justicia a los medios de comunicación después del nombramiento de Garland.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llega para hablar en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 15 de noviembre de 2022. (Alon Skuy/AFP vía Getty Images)

Audiencia

Durante la audiencia, uno de los jueces de la corte de apelaciones les preguntó a las partes si tenían conocimiento de algún caso, además del caso en cuestión, en el que un tribunal federal ejerciera lo que se conoce como jurisdicción equitativa, o la autoridad del tribunal para actuar en interés de equidad, en un escenario antes de que se haya anunciado una acusación, y sin que se demuestre que la incautación en sí misma fue ilegal.

Los abogados del gobierno dijeron que no.

“No hemos podido encontrar un caso en el que eso haya sucedido, señoría, y tampoco creo que el demandante haya identificado uno en sus escritos”, le dijo al tribunal Sopan Joshi, un abogado del gobierno.

James Trusty, uno de los abogados de Trump, también dijo que no.

“No en el contexto de una moción inmediata y completamente formada que indique que, de hecho, sabemos que se trata de una incautación inconstitucional”, dijo Trusty. “Estoy de acuerdo con la premisa del tribunal de que no hay jurisprudencia. Comenzaría con la premisa más amplia, que es que tampoco hay una situación en la historia de este país en la que un presidente en funciones autorice [una] redada en la casa de un candidato presidencial”.

Los abogados del gobierno también dijeron que era errónea la parte del fallo de Cannon, que le prohíbe al gobierno utilizar los registros en disputa en su investigación, excepto los que tienen marcas clasificadas.

La orden judicial impide que el gobierno utilice “registros incautados legalmente por una orden legal”, dijo Joshi.

Cannon “no debería haber ejercido jurisdicción sobre este caso en primer lugar”, agregó.

Trusty dijo que el fallo de Cannon fue correcto porque Trump no pudo establecer que la redada fuera ilegal sin tener acceso a los documentos.

“Este es un juez que nos está dando la oportunidad de crear inicialmente una excepción de jurisdicción equitativa limitada para que exploremos si hay un reclamo válido o no”, dijo Trusty.

“El caso podría fracasar” de varias maneras, pero también podría dar lugar a un nuevo reclamo de extralimitación del gobierno, agregó.

Las partes discreparon sobre su interpretación de si la Regla 41, de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, permitía la inserción del perito especial de Cannon.

El panel que está decidiendo sobre el caso, y que escuchó los argumentos, está compuesto por los jueces de circuito William Pryor, designado por George W. Bush; Britt Grant, designada por Trump; y Andrew Basher, designado por Trump.

Ese tribunal ya dictaminó en septiembre que el gobierno podía reanudar el uso de los materiales con marcas clasificadas en su investigación y ordenó que Trump y Dearie no pudieran ver esos materiales.

Los agentes del FBI incautaron más de 11,000 materiales sin marcas clasificadas y alrededor de 100 registros marcados como clasificados, según un inventario presentado ante un tribunal federal.


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