El fiscal de distrito de Manhattan sugirió que la citación de la oficina para los registros financieros del presidente Donald Trump es parte de una investigación sobre «la posible conducta criminal extensa y prolongada en la Organización Trump» que se alegó en los informes de los medios de comunicación en los últimos años, según un nuevo expediente judicial.
La oficina del fiscal de Distrito de Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., dijo el lunes a la corte que la información disponible públicamente sobre la Organización Trump y sus funcionarios, la cual incluye acusaciones de fraude bancario y de seguros, proporciona una base legal para solicitar la cantidad sustancial de registros financieros a Mazars USA, la empresa de contabilidad del presidente.
«A la luz de estos informes públicos sobre la posiblemente extensa y prolongada conducta criminal de la Organización Trump, no hubo nada aparentemente inapropiado (o incluso particularmente inusual) en la citación de Mazars, que se emitió en relación con una compleja investigación financiera, solicitando ocho años de registros de una firma de contabilidad», escribió la oficina (pdf).
El fiscal del distrito presentó el argumento en una presentación que respondía al nuevo desafío de Trump contra la citación del fiscal que solicitaba las declaraciones de impuestos del presidente como parte de una investigación del gran jurado.
Los abogados del presidente argumentaron en su segunda demanda enmendada que la citación de Vance era «ampliamente exagerada» y que se emitió de «mala fe», lo que equivalía a una forma de «acoso» contra el presidente.
Cuando se emitió la citación, Vance estaba al parecer investigando el dinero por el silencio que supuestamente se pagó a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump negó cualquier delito en relación con las dos mujeres.
La presentación del lunes sugiere que el alcance de la investigación de Vance es más amplia de lo que el fiscal reconoció anteriormente.
En una nota al pie de página, el fiscal del distrito señaló tres informes de los medios de comunicación publicados en 2018 y 2019 sobre la riqueza y las finanzas del presidente para justificar su citación. Los informes denunciaban las irregularidades cometidas por Trump y su organización para expandir sus negocios, incluyendo el inflado ilegal de su valor a posibles prestamistas e inversores.
«Los informes públicos demuestran que la oficina tenía una base válida para solicitar cada categoría y plazo de documento enumerado en la citación de Mazars», argumentó la oficina del fiscal del distrito.
«Estos informes describen transacciones que involucran a actores individuales y corporativos con base en el condado de Nueva York, pero cuya conducta a veces se extiende más allá de las fronteras de Nueva York. Esta posible actividad delictiva se produjo dentro de los plazos de prescripción aplicables, en particular si las transacciones implican un patrón de conducta continuado».
Trump estuvo luchando contra la citación de Vance desde septiembre de 2019, argumentando que el presidente goza de inmunidad absoluta frente a los procesos penales del estado según la Constitución. La corte de distrito denegó la solicitud de Trump de un requerimiento judicial sobre la citación y desestimó el caso en octubre de 2019. El segundo circuito también denegó la solicitud de reparación del presidente.
El abogado de Trump argumentó en la Corte Suprema que un presidente en ejercicio tiene inmunidad absoluta de citaciones penales estatales porque su cumplimiento perjudicaría el desempeño de sus deberes presidenciales. El gobierno federal, que también estaba involucrado en el caso, argumentó que una citación del gran jurado estatal para los registros personales de un presidente en ejercicio debería cumplir con un estándar más alto de necesidad.
El 9 de julio la Corte Suprema rechazó (pdf) ambos argumentos y dijo que «ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le llama en un procedimiento penal». Sin embargo, el tribunal superior dejó la puerta abierta para que el presidente busque un recurso, sugiriendo que Trump aún podría impugnar la citación por otros motivos.
En la presentación de Trump a finales de julio, sus abogados argumentaron que el alcance de la citación era demasiado amplio, ya que solicitaba «documentos voluminosos» más allá de la jurisdicción limitada del fiscal de distrito en virtud de la ley de Nueva York y no se adapta adecuadamente a los registros de Trump. Argumentaron que esto se debía a que Vance copió la redacción de las citaciones emitidas por los comités de la Cámara de Representantes que también buscaban los registros financieros del presidente.
También argumentaron que la naturaleza extensiva de la citación también sugiere que Vance emitió la citación de mala fe.
La oficina de Vance argumentó que la recusación de Trump debería ser descartada ya que no establece la amplitud o la mala fe y no establece una reclamación.
Los abogados de Trump no respondieron inmediatamente a la petición de comentarios de The Epoch Times.
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