El presidente Joe Biden y la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), prometieron el jueves tomar medidas en respuesta a una nueva ley en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos.
La Cámara de Representantes, después de que regrese de su receso, aceptará un proyecto de ley que limitaría las restricciones de los estados al acceso al aborto, dijo Pelosi en un comunicado.
La Ley de Protección de la Salud de la Mujer “les permitiría a los proveedores de atención médica brindar servicios de aborto sin limitaciones o requisitos que singularicen la prestación de servicios de aborto con restricciones más gravosas que las impuestas a procedimientos médicamente comparables, que no promuevan significativamente la salud reproductiva o la seguridad de los servicios de aborto y que dificulten el acceso a los servicios de aborto”.
La Corte Suprema se negó a última hora del miércoles a bloquear la nueva ley de Texas, la Ley 8 del Senado, lo que provocó las furiosas declaraciones de muchos demócratas.
Pelosi dijo que la ley «necesita codificar Roe v. Wade», la decisión de la Corte Suprema de hace décadas que dictaminó que el acceso al aborto es un derecho constitucional. También dijo que la Cámara votaría y debatiría sobre el proyecto de ley a favor del aborto escrito por la representante Judy Chu (D-Calif.) «para consagrar en la ley la atención de la salud reproductiva para todas las mujeres en todo Estados Unidos».
El aborto es el acto de acabar con la vida de un bebé no nacido.
Pelosi y Biden son católicos que apoyan el aborto, una posición contraria a la de su religión. Los líderes católicos han reflexionado sobre negarles la comunión por su postura a favor del aborto, y a Biden se le ha negado la comunión, al menos, una vez.
Biden atacó el jueves la ley de Texas, diciendo en un comunicado que era como «un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de una mujer con respecto al dictamen de Roe v. Wade, que ha sido una ley en el país durante casi cincuenta años».
La nueva ley de Texas les permite a los ciudadanos entablar demandas contra los médicos que realizan abortos después de que se detectan los latidos del corazón del feto, o contra cualquier otra persona que presuntamente ayude o incite la realización de abortos ilegales.
Los funcionarios estatales, por su parte, no pueden aplicar la ley.
Ese inusual acuerdo ayudó a que la ley resistiera el escrutinio inicial del máximo tribunal del país, cuya mayoría dijo que no estaba claro si los demandados en un juicio de proveedores de abortos, incluido el fiscal general de Texas, Ken Paxton, «pueden o van a tratar de hacer cumplir la ley de Texas contra los demandantes de una manera que podría permitir nuestra intervención.»
«Los completos desconocidos ahora tendrán la capacidad de inmiscuirse en las decisiones de salud más privadas y personales que enfrentan las mujeres», dijo Biden.
Biden ordenó a su Consejo de Política de Género y a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca que pongan en marcha un esfuerzo para responder a la decisión de la Corte Suprema.
Se centrarán en ver si el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia pueden tomar medidas “para garantizar que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos seguros y legales protegidos por [la Ley] Roe, y qué herramientas legales tenemos para aislar a las mujeres y proveedores del impacto del extraño esquema de Texas de ejecución subcontratada a partes privadas”, dijo.
Los republicanos, por otro lado, aplaudieron ampliamente la nueva ley y la decisión de la corte que la dejó en vigencia.
«La Corte Suprema acaba de dejar que la ley pro-vida de Texas entre en vigencia, salvando innumerables vidas inocentes», dijo el senador Tom Cotton (R-Ark.) en un comunicado.
“La mayoría de los estadounidenses piensan que su extremismo abortista es la posición radical en este caso: Esta ley de sentido común protege a los bebés cuyo corazón ha empezado a latir”, agregó el representante Ron Estes (R-Kan.).
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