Juez del condado de Maricopa permite que la auditoría electoral de 2020 continúe por ahora

Por Zachary Stieber
27 de Abril de 2021
Actualizado: 27 de Abril de 2021

Un juez en Arizona permitió el martes que continuara una auditoría electoral de 2020 en el condado más grande del estado, al menos hasta la otra audiencia que será el 28 de abril.

El juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Daniel Martin, dijo que no extendería una orden de restricción temporal que habría detenido la auditoría el viernes si los demócratas de Arizona hubieran pagado una fianza de 1 millón de dólares.

“Creo que esta fue una audiencia muy productiva y útil. Todavía tengo que pensar en la reparación solicitada por los demandantes. Lo haré entre hoy y mañana por la mañana”, dijo Martin.

La semana pasada, los demócratas presentaron una demanda de último minuto para bloquear la auditoría en el condado de Maricopa, horas antes de que la auditoría comenzara. Ellos afirmaron que los contratistas empleados por el Senado de Arizona, el cual ordenó la revisión de las elecciones, no estuvieron asegurando adecuadamente las boletas y el equipo.

La auditoría de más de 2 millones de boletas y docenas de tabuladores electrónicos comenzó el 23 de abril.

El Senado de Arizona citó los documentos electorales y las máquinas en enero y un juez el mes siguiente dictaminó que las citaciones eran válidas y debían ser obedecidas.

Los demandados, incluyendo el Senado, dicen que dado que el proceso ya está en marcha, junto con una presunta falta de reclamos sustanciales y legítimos, quiere decir que el juez no debe detener la auditoría.

“Una orden judicial de incluso un día puede hacer descarrilar esta auditoría”, dijo a la corte, Alexander Kolodin, abogado de Cyber ​​Ninjas, una de las cuatro empresas que llevan a cabo el proceso.

Kory Langhofer, abogado del Senado, le dijo a Martin que el Senado “siempre ha tenido la intención de seguir la ley”, pero que el caso planteó la cuestión de lo que exige la ley.

El Senado cree que todo lo que quieren los demandantes no es aplicable o ya se está haciendo, dijo, y agregó: “No hay necesidad de una orden judicial”.

Roopali Desai, abogada del Partido Demócrata de Arizona, presentó lo que ella dijo que eran acusaciones serias con respecto a la seguridad en el Veterans Memorial Coliseum en Phoenix, donde se está realizando la auditoría. Entre las acusaciones se encontraba un periodista de noticias local que afirmó haber podido caminar alrededor del Veterans Memorial Coliseum, donde se lleva a cabo la auditoría, en cuatro días diferentes “despreocupado”, incluso acercándose tanto a los tabuladores como a las boletas.

El hecho de que la auditoría comenzara antes de que las partes estuvieran preparadas para implementar los procedimientos de seguridad adecuados “simplemente no es una razón por la que no deberíamos esperar, haga una pausa, por el momento, hasta que tengamos la certeza absoluta de que se están cumpliendo las leyes”, argumentó.

Se hicieron argumentos similares en un memorándum previo a la audiencia presentado por Desai. El Senado, mientras tanto, había pedido al juez que desestimara el caso por completo debido a la presunta falta de “cualquier reclamo legal reconocible”.

Martin finalmente se puso del lado de los demandados, pero mantuvo abierta la posibilidad de cambiar de opinión en la próxima audiencia, que se llevará a cabo el miércoles.

La próxima audiencia incluirá también argumentos orales sobre una moción de Cyber ​​Ninjas para mantener selladas algunas de sus observaciones. La empresa argumenta que las observaciones contienen información confidencial que detalla sus operaciones y procedimientos de seguridad y cadena de custodia.

Martin concedió también mociones para intervención por parte de la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, una demócrata que se opone a la auditoría, y la Coalición de la Primera Enmienda de Arizona, una organización sin fines de lucro que representa a los periodistas y está representada por Perkins Coie.

Martin, un juez designado por los demócratas, se hizo cargo del caso luego de que el juez, Christopher Coury, se recusara respecto a un vinculo con un abogado involucrado en el caso.

Martin trabajaba para el bufete de abogados Brown & Bain antes de que se integrara a Perkins Coie, un bufete de abogados de mucho peso que con frecuencia representa a demócratas y grupos demócratas.

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