Opinión
En gran parte de los comentarios de los medios de comunicación que he visto en los últimos meses se asume plenamente que ni la oficina del abogado especial Durham, ni la investigación federal sobre los asuntos fiscales de Hunter Biden, son reales.
Los expertos y comentaristas dejan claro en sus declaraciones que ellos creen que ninguna de las dos investigaciones es creíble, o que si alguna vez lo fueron, estas quedaron absorbidas por la política hace mucho tiempo.
Si es cierto que ambas siempre fueron o se convirtieron en investigaciones ficticias, esto plantea una cuestión relevante: dado que el presidente Joe Biden está ahora instalado de forma segura en la Casa Blanca, y ya no hay ninguna razón para mantener la pretensión de que algo está sucediendo, ¿por qué continúan ambas investigaciones? ¿Por qué no se han terminado todavía?
En contra de la mayoría de las ponderaciones de los medios de comunicación sobre esta investigación federal en curso, estoy convencido de que estas son bastante reales.
Aunque una investigación federal sobre la familia de un candidato presidencial durante unas elecciones es una tarea muy delicada desde el punto de vista político —especialmente si ese candidato gana las elecciones y asume el cargo de presidente de Estados Unidos— los agentes y funcionarios que se ocupan de la investigación sobre Hunter Biden han sido hasta ahora completamente profesionales.
Ellos no han filtrado nada a los medios de comunicación sobre su investigación e incluso durante el intenso escrutinio mediático que siguió a la publicación de la historia del portátil del New York Post en octubre de 2020, ellos se negaron a filtrar algo.
A pesar de que los medios de comunicación han sabido de la investigación de Hunter Biden desde que se publicó la historia del portátil, ningún medio de comunicación ha sido capaz de romper el muro de silencio del FBI en los últimos cuatro meses.
¿Por qué uno supone que es así?
Ahora veamos la otra investigación que se dice que no es real o que se ha convertido en un asunto discutible.
Una oficina del abogado especial (SCO por sus siglas en inglés) elabora y abre sus propias acusaciones. Esta puede investigar y procesar casos con sus propios fiscales, completamente al margen del Departamento de Justicia (DOJ). Estoy francamente sorprendido por el número de periodistas y expertos de los medios de comunicación que no parecen entender esto.
La interpretación popular —y errónea— del funcionamiento de una OCS es que, si bien puede realizar sus propias investigaciones independientes y construir casos contra objetivos, si la OCS quiere proceder con acusaciones penales, de pronto el fiscal general y el DOJ toman el control en ese momento y comienzan a aprobar o negar las decisiones de la acusación del abogado especial.
Esto es rotundamente falso.
Se produciría un gran escándalo político, de proporciones épicas, si un SCO asignado a la investigación de exaltos funcionarios del DOJ por conducta criminal quisiera presentar cargos contra uno o más de estos exaltos funcionarios del DOJ, pero el fiscal general les prohibiera hacerlo.
Un escándalo así llevaría directamente a pedir que ese fiscal general fuese impugnado por su obstrucción a la justicia.
Nadie parece recordar cómo la investigación del abogado especial Mueller terminó con uno de los acontecimientos más insólitos de la historia.
La investigación de Mueller terminó con su falta de voluntad para decidir si el entonces presidente Donald Trump debía ser acusado de obstrucción a la justicia. En lugar de llegar a una resolución al respecto, Robert Mueller entregó esa decisión al Departamento de Justicia y a Barr y al fiscal general adjunto Rod Rosenstein.
Tanto Barr como Rosenstein expresaron públicamente su sorpresa y decepción por el hecho de que Mueller y su equipo de fiscales independientes se negaran a tomar su propia decisión de la acusación.
A regañadientes, Barr y Rosenstein entonces hicieron el trabajo de Mueller y tomaron la decisión de desestimar la acusación en lugar de hacer la acusación.
Sin embargo, aquí estamos apenas dos años después de estos eventos públicos de muy alto perfil al final de la investigación de Mueller y todo el mundo en los medios de comunicación parece estar sufriendo de algún tipo extraño de amnesia colectiva.
Estoy seguro de que Durham estuvo informando al fiscal general William Barr y ahora a Merrick Garland del progreso de su trabajo. Pero poner a alguien al corriente de sus progresos y pedirle permiso para hacer su trabajo son dos cosas distintas, y sería estupendo que los medios de comunicación dejen de confundir ambas cosas.
Esta idea de que Durham debe ejecutar cada una de sus decisiones de acusación con Garland para obtener un visto bueno o un visto bueno oficial antes de que pueda proceder a presentar su propia acusación independiente es absurda.
Sin embargo, esto es lo que se le ha hecho creer a mucha gente.
Pero no es cierto.
Según todos los indicios, Durham no es Mueller 2.0, y no creo que tenga ningún plan para devolver ninguna de sus decisiones de acusación al Departamento de Justicia para que Garland las tome por él.
Además al igual que con la investigación de Biden, desde que se anunció formalmente la SCO de Durham el pasado mes de noviembre, y mientras ampliaba su número de fiscales, ningún periodista tuvo éxito en conseguir alguna filtración de esa oficina.
El silencio me parece convincente. Aunque este silencio parece indicar a muchos observadores de los medios de comunicación que la investigación de Durham no es real, ese mismo silencio me dice lo contrario.
No solo es real, sino que Durham aún está por llegar.
Brian Cates es un escritor afincado en el sur de Texas y autor de «Nobody Asked For My Opinion … But Here It Is Anyway!” (Nadie pidió mi opinión… ¡Pero aquí está de todos modos!). Se le puede localizar en Telegram en t.me/drawandstrikechannel.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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