Un congresista republicano presentó un proyecto de ley el 3 de abril que facilitaría a los estadounidenses iniciar acciones legales contra el régimen chino por su papel en causar la pandemia global.
El régimen chino actualmente goza de protección contra las demandas presentadas en los tribunales de los Estados Unidos bajo la doctrina de la inmunidad soberana, una norma legal que aísla a los países de ser demandados en los tribunales de otros países. Sin embargo, hay excepciones a esta regla que se encuentran en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
La Ley Stop COVID, presentada por el Representante Lance Gooden (R-Texas), enmendará la FSIA para proporcionar otra excepción a la inmunidad, para cualquier estado que haya encontrado “intencionalmente o no, que se descargó un arma biológica (…) en los Estados Unidos o dicha descarga resultara en lesiones corporales de [un] ciudadano de los Estados Unidos”.
La medida se produce en medio de los crecientes llamados de los legisladores estadounidenses para responsabilizar al régimen chino por su encubrimiento inicial del brote del virus del PCCh en Wuhan, que desde entonces se ha transformado en una pandemia global que cobra decenas de miles de vidas y devasta la economía mundial.
“La Ley Stop COVID dará a nuestro sistema legal el poder de investigar el origen del virus y, si se lo encuentra culpable, responsabilizará a los que lo crearon y liberaron”, dijo Gooden en un comunicado de prensa.
La legislación allanaría el camino para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigue la fuente del virus y presente reclamos contra el régimen chino en los Estados Unidos, según el comunicado.
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El origen del virus aún se desconoce. Si bien las autoridades chinas inicialmente sugirieron que un mercado de animales vivos en Wuhan fue la fuente del brote, las autoridades se han alejado de esta narrativa. El primer paciente documentado, un hombre postrado en cama de unos 70 años en Wuhan que mostró síntomas el 1 de diciembre, no tuvo ningún contacto con el mercado.
Mientras tanto, Beijing lanzó una campaña de desinformación global para impulsar la teoría infundada de que el virus se originó fuera de China, en un intento por desviar la culpa de la mala gestión del brote. Un funcionario chino ha afirmado, sin aportar pruebas, que el virus fue introducido a Wuhan por personal del ejército de Estados Unidos.
Demandas de los Estados Unidos
A pesar de la posible barrera de la inmunidad soberana, recientemente se iniciaron varias demandas en tribunales nacionales contra el régimen chino, buscando responsabilizarlo por el daño que el virus del PCCh ha causado a los estadounidenses.
Una de ellas es una demanda colectiva presentada por la firma de abogados de Florida The Berman Law Group en marzo. La firma, en un comunicado conjunto emitido el 3 de abril con Lucas Compton, una firma de lobby con sede en Washington contratada para hacer relaciones públicas para la demanda, acogió con beneplácito el proyecto de ley de Gooden, diciendo que “proporcionaría potencia de fuego adicional a nuestra posición legal”.
Pero la firma sostuvo que la “demanda no solo es ejecutiva en su estado actual, sino que aborda componentes legales clave que son excepciones a la jurisdicción de la Ley de Inmunidades de la Soberanía Extranjera (FSIA)”.
La queja dice que la acción cae bajo dos excepciones a la FSIA: la excepción de “actividad comercial”, es decir, actos relacionados con una actividad comercial realizada fuera de los Estados Unidos que causa un efecto directo en los Estados Unidos, y la exención por muerte o daño causado por negligencia u otros actos u omisiones tortuosas por parte de un estado extranjero.
Pero el profesor de derecho de Yale, Stephen L. Carter, argumentó en un reciente artículo de opinión de Bloomberg que es poco probable que se hagan realidad estas excepciones.
“La demanda colectiva de Florida afirma que se aplica la excepción para actividades comerciales, pero no es fácil ver cómo”, escribió Carter.
Con respecto a la segunda exención, “esa sección prohíbe específicamente cualquier reclamo ‘basado en el ejercicio o desempeño o la falla de ejercer o realizar una función discrecional independientemente de si se abusa de la discreción’. Es difícil encontrar una forma de evitar esta restricción”, escribió Carter.
Matthew Moore, el abogado de acción colectiva de Berman Law, le dijo a The Epoch Times que la restricción que menciona Carter no se aplica aquí porque el régimen actuó “completamente atrozmente contra la humanidad”.
“Si han ocultado algo peligroso, no pueden decir que fue un acto discrecional”, dijo Moore.
Aunque el primer grupo de infecciones apareció a principios y mediados de diciembre, las autoridades chinas no confirmaron el brote hasta el 31 de diciembre de 2019. No fue sino hasta el 20 de enero que confirmó la transmisión del virus de persona a persona. Antes de eso, los funcionarios habían descrito el brote como “prevenible y controlable”, y dijeron que el riesgo de transmisión de persona a persona era bajo. Sin embargo, un estudio de enero de los primeros 425 casos de la enfermedad en Wuhan encontró que “hay evidencia de que la transmisión de persona a persona ha ocurrido entre contactos cercanos desde mediados de diciembre de 2019”.
Al mismo tiempo, las autoridades también silenciaron a los médicos de Wuhan que intentaron advertir a sus compañeros sobre el brote a fines de diciembre. Fueron reprendidos por la policía local por “difundir rumores”.
Berman Law también planea agregar otra excepción FSIA a su demanda: la exención por “terrorismo”, dijo a The Epoch Times Jeremy Alters, el estratega jefe y portavoz no abogado de la demanda de la firma.
“Tenemos un virus que es bien conocido por el gobierno chino. Son conscientes de su propensión a propagarse de persona a persona rápidamente. Son conscientes de su propensión a dañar a las personas y matar. Son conscientes de que se originó en la ciudad”, dijo Alters. “Nos ocultaron la información”.
Él agregó que para cuando el régimen chino alertó a los Estados Unidos y otros países sobre la gravedad del brote e inició medidas de cierre, ya era demasiado tarde: 5 millones de personas ya habían abandonado Wuhan, propagando el virus a otras partes de China y de ultramar.
“¿Cómo es que no (…) es un acto de terror intencional?” dijo Alters. “Este es un acto de bioterrorismo”.
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