El gobierno de Biden señaló esta semana que vetará un intento liderado por el Senado para anular la orden de vacunación dirigida a las empresas privadas, incluso cuando varios legisladores demócratas sugirieron que respaldarían el proyecto.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el martes que si el proyecto de ley «llega al escritorio del Presidente, lo vetará», incluso si los senadores demócratas votan a favor de la medida.
Los periodistas preguntaron a Psaki acerca de los senadores Joe Manchin (D-Va.) y Jon Tester (D-Mont.) que han apoyado abiertamente un proyecto de ley liderado por los republicanos para eliminar las órdenes de vacunación del presidente Joe Biden.
«Nosotros ciertamente esperamos que el Senado —el Congreso— se enfrente a los grupos contrarios a las vacunas y pruebas de detección y vamos a seguir trabajando para implementar aquello», dijo caracterizando al parecer a los que apoyan el proyecto de ley como «antivacunas».
Manchin, en una declaración reciente, anunció que «no apoya ninguna orden gubernamental sobre vacunas en empresas privadas», indicando que supondría una carga indebida para las empresas privadas. Tester, por su parte, dijo a los periodistas el martes que «no está loco por las órdenes» de vacunación, indicando a continuación que apoyaría el proyecto.
A principios de este año, Biden, al anunciar amplias órdenes de vacunación, dijo que todos los empleados de las empresas privadas con 100 o más trabajadores tendrían que vacunarse o someterse a pruebas periódicas de detección de COVID-19, lo que provocó la preocupación de los republicanos y de numerosos grupos empresariales. El mes pasado, días después de que se publicara el requisito, se presentaron numerosas demandas de estados, empresas, grupos e individuos liderados por el Partido Republicano.
Dos días después de que la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) publicara la normativa de vacunación en empresas privadas, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. emitió una orden judicial para bloquear su aplicación. Más tarde, en noviembre, el panel reafirmó su decisión y dijo que la norma de OSHA probablemente sería anulada por los tribunales porque es «asombrosamente demasiado amplia».
OSHA, supervisada por el Departamento de Trabajo, anunció el 17 de noviembre que suspendería la aplicación de la normativa debido a la decisión del tribunal. En ese momento, la agencia dijo que «sigue confiando» en que sus abogados prevalecerán, pero que se ve obligada a suspender las actividades «relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de la [norma] a la espera de la evolución futura del litigio».
Tras la decisión del tribunal de apelaciones, las pérdidas legales para la Casa Blanca han empezado a acumularse.
Un juez federal detuvo el martes la orden de vacunación de la Casa Blanca que requiere que los contratistas federales, que incluyen a las grandes corporaciones que tienen contratos con el gobierno federal, exijan que sus empleados sean vacunados. A diferencia de la regla de OSHA para empresas privadas, los trabajadores federales no pueden presentar regularmente pruebas de detección de COVID-19 como alternativa, pero tienen la opción de pedir exenciones médicas o religiosas.
Días antes, un juez federal impidió que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) hicieran cumplir su requisito de vacunación contra COVID-19 para los empleados de la salud que trabajan en instalaciones financiadas por Medicaid o Medicare. CMS confirmó a The Epoch Times durante el fin de semana que la agencia también confía en que prevalecerá en la corte, pero debe suspender la aplicación de la norma.
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