Desde fines de agosto, los negocios en Puerto Rico tendrán que exigir que sus empleados y clientes estén vacunados de la COVID para poder operar abiertamente.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este jueves una orden ejecutiva ampliando la obligatoriedad de las vacunas contra COVID-19, enfermedad causada por el virus del PCCh, para empleados y trabajadores de empresas privadas a partir del 30 de agosto.
En la orden ejecutiva publicada, Pierluisi estableció que los dueños o administradores «de los salones de belleza, barberías, salones de estética, spa, gimnasios, y casinos» deberán requerir y asegurarse que todo empleado y cliente que se encuentre de manera presencial en el establecimiento esté vacunado.
Además, los dueños de dichos establecimientos deberán «verificar que todos sus visitantes mayores de 12 años» estén vacunados con alguna de las vacunas autorizadas por la FDA, presenten un comprobante de prueba con resultado negativo de COVID-19 o un certificado de recuperación de COVID-19 si adquirió la enfermedad en los últimos tres meses.
Si los dueños no solicitan el certificado de vacunación, el aforo se reducirá a un 50 por ciento.
«Ante el aumento significativo en contagios, como gobernador tengo la responsabilidad y el deber de continuar monitoreando detenidamente las estadísticas diarias emitidas por el @desaludpr y tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de todos» escribió el gobernador Pierluisi a través de Twitter el 19 de agosto.
[Comunicado de Prensa] @GovPierluisi amplía la vacunación obligatoria en industrias privadas pic.twitter.com/qHO9Wy73tM
— La Fortaleza (@fortalezapr) August 19, 2021
«La vacuna ha sido probada y funciona. Lamentablemente estamos viendo que la gran mayoría de los hospitalizados y de los fallecimientos son personas que no están vacunadas. Todos tenemos la responsabilidad individual de protegernos», agregó.
Por otro lado, la orden insta a que los ciudadanos denuncien a aquellos establecimientos que incumplan con la disposición o con el aforo del establecimiento, según el caso.
Al igual que las ordenes dispuestas el pasado 11 de agosto para el personal y comensales de restaurantes, esta nueva orden advierte que el incumplimiento de la orden ejecutiva podría llevar a un máximo de 6 meses de cárcel, una multa de no más USD 5000, o «ambas penas a discreción del tribunal”.
Pierluisi indicó que la orden ejecutiva tendría efecto a partir del lunes 23 de agosto, y será obligatorio para quienes trabajan y asisten a restaurantes, cafeterías, teatros, cines, centros de convenciones, y cualquier otro lugar que expenda comida y bebidas preparadas y sea cerrado.
Sin embargo, la orden tuvo reacciones opuestas por parte de los dueños, quienes apoyaron la medida de que sus empleados estén vacunados, pero rechazaron el requerimiento hacia sus comensales.
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