De acuerdo a un informe enviado por el Instituto CASLA de derechos humanos a la Corte Penal Internacional (CPI), la tortura con la participación de los cubanos se practica de modo sistemático en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y su objetivo es atemorizar a la oposición.
Los patrones de torturas observados en el año 2019 van desde múltiples golpes y puntapiés a la asfixia y ahogamiento, descargas eléctricas, colgamientos, así como uso de sustancias psicotrópicas, sustancias tóxicas, inflamables o ácidos.
También incluye lesiones producidas por las esposas o amarras, la práctica de dejar a los detenidos encapuchados o vendados por días o semanas, la práctica de cortaduras o lesiones a pies o miembros inferiores, disparos cerca del oído, infringir heridas, así como la tortura psicológica y por último la violencia sexual, dice el documento enviado por CASLA a la CPI en el momento de su publicación el 12 de diciembre del 2019.
La participación cubana con su inteligencia en la planificación y comisión del crimen de la tortura, fue reportada inicialmente luego de haber obtenido por lo menos 12 testimonios directos de víctimas, dice el documento.
En 2019 se responsabiliza al colectivo castrista del aumento de la concentración de la represión en particular en un órgano de inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes estuvieron a cargo del mayor número de víctimas. Estos conllevaron a asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamiento forzado de personas, de la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los colectivos, dice le informe.
Exfuncionarios de inteligencia y desertores de estos cuerpos, fueron algunos de los testimonios de CASLA, sobre lo que estaba ocurriendo, “así como de militares y civiles venezolanos que nos han indicado cómo participa el régimen cubano en la inducción de la represión”.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la Directora Ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, en marzo de 2019 escucharon a un exteniente de la Fuerza Aérea venezolana en las oficinas de la OEA en Washington, DC . El exaviador, que desertó de Venezuela a principios del año pasado, habló sobre la tortura a manos de los militares y mostró un vídeo de presuntos presos políticos en una prisión de Caracas, tal como se observa en la siguiente imagen.
“La cabeza que organiza, controla y conoce todo sobre quiénes son, cuantos llegan, qué hacen y cómo participan, es el Embajador de ese país. Nada sucede, sin su conocimiento”, sostiene el documento presentado por CASLA.
“Los cubanos instruyen constantemente en técnicas de represión, intimidación y seguimiento, a miembros de la FANB e inteligencia, para que ellos realicen labores de investigación y espíen a sus propios compañeros y sus familias, a líderes políticos y sociales y hacerle seguimiento directo al malestar social”, dice a continuación.
Además advierte que “estas labores de inteligencia cubana la realizan con pleno conocimiento de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) a cargo de Remigio Ceballos y del General Iván Hernández Dala, director de la DGCIM”.
«Los milicianos del G2 cubano —órgano de inteligencia cubano— y el Grupo Gruce”, son quienes “estarían implicados directamente en la comisión del crimen de la tortura en Venezuela”, destaca.
Acuerdo de Chávez y Castro
La injerencia del régimen cubano en Venezuela, advierte el documento, “no es ningún secreto”.
Según el informe, “Su intercesión por invitación expresa del fallecido presidente Hugo Chávez fue pública y ocurrió desde su primer período presidencial, que fue creciendo a medida que iba perdiendo popularidad y el gran apoyo obtenido sus primeros años».
“Para hacer un poco de historia, en febrero del año 2010, Hugo Chávez puso al frente de una comisión técnica que abordaría la crisis, a Ramiro Valdés, vicepresidente para aquel entonces del Consejo de Estado de Cuba y Ministro de Tecnología”, detalla el informe.
Valdez fue fundador del G2 cubano, órgano del régimen cubano y del ministro del interior.
Para ese entonces, indica el informe, “los cubanos ya tenían presencia en la administración pública venezolana, en el sector salud con la “misión Barrio Adentro” que hoy en día, se estima tiene alrededor de 25 mil cubanos en el país”. Sin embargo también están involucrados “en el sistema de identificación e inmigración, que consideramos punto estratégico de control, con toda la gravedad que esto implica”.
Durante la XX Reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, el 20 de enero, Nicolás Maduro reconoció frente a la delegación castrista que el embajador cubano es “prácticamente” parte del Consejo de Ministros de Venezuela y está para coordinar cada Ministerio.
“Esta relación para Venezuela, para Cuba, para Venezuela y siendo muy creativos no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la comisión mixta. Esta es una relación para llevarla por día, por día, permanente. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar puertas abiertas en cada Ministerio para coordinar para avanzar”, dijo Maduro.
Además señaló que el convenio de ambos países es el “resultado de 20 años de la firma de acuerdo de Hugo Chávez con Fidel Castro” que se conmemora en octubre.
Castro visitó Venezuela cuando Chávez había conseguido el apoyo para realizar una asamblea constituyente e imponer la constitución de 1999 con mayor poder al Ejecutivo.
“Luego de esa gran victoria, lo primero que hizo el jefe comandante fue invitar al comandante Fidel Castro para que hiciera una visita de Estado a Venezuela que dio como resultado esta integración y unión de Cuba y Venezuela”, dijo el dictador.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apeló en diciembre a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar “de inmediato” las nuevas formas de tortura de la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos.
“El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque contra quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la CPI”, indicó el Secretario.
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