Los representantes demócratas de la Cámara criticaron el 23 de marzo a sus colegas del bando contrario por lo que sugirieron era una «interferencia política» en la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre el expresidente Donald Trump.
A principios de esta semana, en medio de rumores de que Bragg estaba buscando una imputación de cargos contra Trump, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan (R-Ohio), el presidente de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer (R-Ky.), y el presidente del Comité de Administración de la Cámara, Bryan Steil (R-Wis.), enviaron al fiscal de distrito una carta exigiendo respuestas sobre lo que llamaron un «abuso sin precedentes de la autoridad fiscal».
«Me quedé atónito, de hecho, cuando vi la carta de los tres presidentes del comité al Sr. Bragg, en la que esencialmente le pedían que violara las leyes de secreto del gran jurado en Nueva York, lo que, por supuesto, es un delito grave. Con razón se negó a hacerlo», dijo a los periodistas el representante Glenn Ivey ( D-Md.), miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la rueda de prensa semanal de los demócratas en el Capitolio.
«Mi petición era que esos tres retiraran la carta inmediatamente, con suerte reconociendo el error que habían cometido, pero eso es demasiado pedir, supongo», indicó Ivey. «Por lo que creo que es importante dejar que el proceso se desarrolle».
Su colega demócrata, el representante Ted Lieu, de California, repitió su opinión y acusó a los republicanos de hacer suposiciones «sin base ni pruebas».
«Lo que es particularmente inquietante con respecto a lo que algunos legisladores republicanos están diciendo —ni siquiera sabemos si va a haber cargos», dijo Lieu. «No sabemos cómo van a ser esos cargos y no sabemos cuáles son las pruebas del gran jurado».
La carta
En su carta, los congresistas republicanos afirmaron que la investigación de Bragg sobre Trump estaba políticamente motivada, señalando que el Departamento de Justicia también había examinado el caso y había optado por no presentar cargos.
«Su decisión de llevar a cabo una persecución tan políticamente motivada -al tiempo que adopta políticas progresistas de justicia penal que permiten a los ‘criminales de carrera [correr] por las calles’ de Manhattan— requiere el escrutinio del Congreso sobre cómo los fondos de seguridad pública asignados por el Congreso son implementados por las agencias locales de aplicación de la ley», escribieron los legisladores.
La investigación de Bragg sobre el expresidente gira en torno al pago de USD 130,000 dólares a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels —cuyo nombre legal es Steffanie Clifford— por parte del exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Se ha especulado mucho con que el caso se basa en la teoría legal «no probada» de que Trump debería haber clasificado el reembolso a Cohen como un gasto de campaña, dado que fue semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Sin embargo, esta semana surgieron nuevas pruebas en forma de una carta de 2018 del exabogado de Cohen a la Comisión Federal Electoral, que indicaba que Trump nunca reembolsó a Cohen por el pago y que el pago «no constituye una contribución o gasto de campaña».
A pesar de esa revelación demoledora, Lieu también acusó el jueves a los republicanos de permanecer «en silencio» durante la condena penal de Cohen en 2018 por, entre otros delitos, «causar una contribución ilegal a la campaña», y abogó por un «enfoque de esperar y ver» sobre Trump.
«Esperemos y veamos si se van a presentar cargos», dijo Lieu. «Esperemos a ver cuáles son los cargos, veamos cuáles son las evidencias, y deberíamos dejar que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo sin interferencias políticas».
Respuesta del fiscal
Las declaraciones de los demócratas coincidieron con la respuesta el jueves de la oficina de Bragg a la petición de los congresistas sobre su testimonio, el que la abogada general de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, Leslie Dubeck, calificó de «inconstitucional» y de «incursión ilegal en la soberanía de Nueva York».
«La alegación de la carta de que la Fiscalía está persiguiendo una acusación con fines políticos carece de fundamento y, con independencia de ello, el foro adecuado para tal impugnación son los tribunales de Nueva York, que están equipados para considerar y revisar tales objeciones», escribió Dubeck. «Además, la revisión por la Corte Suprema de Estados Unidos estaría disponible en la medida en que cualquier caso penal plantee cuestiones federales. Ese es el mecanismo que se ofrece a todos los acusados en una causa penal. El Congreso no tiene ningún papel que desempeñar en esa revisión, especialmente en lo que respecta a un proceso penal estatal pendiente».
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