El Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó un informe en el que documenta las acusaciones del panel sobre que la decisión del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump en el llamado caso del «pagos por silencio» fue impulsada por venganza política.
El comité anunció la publicación del informe, titulado «Anatomía de una acusación política: La venganza de la Fiscalía de Manhattan contra el presidente Donald J. Trump»—en un comunicado de prensa del 25 de abril en el que acusaba a Bragg de menoscabar la confianza de los estadounidenses en el sistema judicial.
«La misión fundamental de cualquier fiscalía es defender el estado de derecho. Y uno de los sellos distintivos de esta misión es garantizar que la justicia se aplique a ciegas de forma justa y equitativa», escribió el comité en el comunicado.
«La acusación políticamente motivada de Bragg contra el presidente Trump amenaza con destruir esta noción de justicia ciega al usar el sistema de justicia penal para atacar a un individuo con el que no está de acuerdo políticamente y, a su vez, erosiona la confianza del pueblo estadounidense», agregó.
El informe detalla el trasfondo de la decisión del Sr. Bragg de acusar al presidente Trump de 34 cargos de delito grave utilizando una novedosa teoría legal que ha convertido las acusaciones de delitos menores en delitos graves, argumentando que la acusación estuvo motivada por cálculos políticos.
«La historia detrás de la investigación del DANY [Fiscal de Distrito de Nueva York] sobre el presidente Trump y las personas involucradas ilustran el claro objetivo partidista de este caso», escribieron los miembros del comité en el resumen ejecutivo del informe.
El comité propuso una serie de soluciones legislativas ante lo que describió como «enjuiciamientos locales políticamente motivados», señalando en el informe que proyectos de ley como la Ley No Más Enjuiciamientos Políticos también podrían utilizarse para abordar el enjuiciamiento contra el presidente Trump por parte del fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusado de participar en una conspiración criminal para interferir en las elecciones de 2020.
La oficina del Sr. Bragg no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.
«Campaña de presión»
El informe del comité alegó que el Sr. Bragg, un demócrata electo, presentó el caso en parte debido a la presión del ex fiscal especial Mark Pomerantz, quien dirigió una investigación sobre las finanzas del presidente Trump.
El Sr. Pomerantz, autor de un libro titulado «El pueblo contra Donald Trump», fue fiscal de Manhattan bajo el mando del Sr. Bragg. Renunció en 2022 debido a la falta de voluntad inicial del Sr. Bragg para iniciar un caso criminal contra el ex presidente.
«El libro de Pomerantz formaba parte de una campaña de presión pública para obligar al Fiscal de Distrito Alvin Bragg a actuar», dijo el Comité Judicial en el comunicado, alegando que la decisión del Sr. Bragg de acusar al Presidente Trump en abril de 2023 se debió a que «sucumbió a la campaña de presión de Pomerantz».
Días después de que el Sr. Bragg acusara al presidente Trump en abril de 2023, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R – Ohio), citó al Sr. Pomerantz, ordenándole que compareciera ante el comité para testificar.
El Sr. Bragg presentó una demanda para bloquear la citación del Congreso, pero un juez denegó su petición.
Aunque el Sr. Pomerantz finalmente compareció ante el panel y fue interrogado durante unas seis horas, se negó a dar respuestas sustanciales, apelando repetidamente que estaba bajo la protección de la Quinta Enmienda.
«Cuando Pomerantz compareció ante el Comité Judicial para hablar de su libro y de la investigación por motivos políticos, guardó un silencio inusual, negándose a responder incluso a las preguntas más básicas», escribieron los miembros del Comité en el informe, que incluye una transcripción de la declaración de Pomerantz.
La transcripción muestra que el Sr. Pomerantz se negó a responder a más de 200 preguntas, alegando la 5ª enmienda o declarando que no podía revelar información privilegiada.
En su informe, el comité también se refirió al libro del Sr. Pomerantz, que según el panel pinta un «cuadro sorprendente de abuso fiscal».
«Las propias palabras de Pomerantz muestran cómo la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, poblada de partidarios que se jactaban abiertamente de su deseo de atrapar al presidente Trump, utilizó su inmenso poder en la persecución de una persona, no de un delito», señala el informe.
El comité destacó los diversos agravios del Sr. Pomerantz con el presidente Trump, como se describe en su libro, junto con el afán del ex fiscal especial de ver al ex presidente procesado.
«Estas son las acciones de un fiscal pícaro y demasiado entusiasta que actúa con motivaciones políticas», escribieron los miembros del comité. «Y esa motivación infectó la investigación desde el principio».
El comité también dijo en el informe que la decisión del Sr. Bragg de presentar cargos penales contra el ex presidente tras la «campaña de presión» del Sr. Pomerantz suscitó «considerables sospechas» sobre si su decisión se debió a presiones políticas.
El Sr. Pomerantz no estaba disponible para hacer comentarios sobre las acusaciones del informe, pero dijo en declaraciones anteriores que está seguro de que no infringió ninguna ley y que su libro es exacto.
El informe también detalló lo que describe como evidencia de la animadversión abierta del Sr. Bragg hacia el presidente Trump, al tiempo que adopta una visión muy crítica de la decisión del fiscal de distrito de convertir los cargos de delitos menores en delitos graves.
«Bragg finalmente se asentó en una novedosa teoría legal no probada en ningún lugar del país y que las autoridades federales declinaron perseguir para reavivar el asunto», señala el informe. «El único factor que intervino, al parecer, fue el anuncio del presidente Trump de que sería candidato a la presidencia en 2024».
De delitos menores a delitos graves
Bragg acusó al presidente Trump de 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales para encubrir 130,000 dólares en pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de que guardara silencio sobre sus acusaciones sobre un romance.
Según la ley del estado de Nueva York, falsificar registros comerciales es un delito menor. Sin embargo, si el fraude de registros se utilizó para encubrir o cometer otro delito, el cargo podría elevarse a delito grave.
«Estos cargos son normalmente delitos menores sujetos a un plazo de prescripción de dos años, pero Bragg utilizó una teoría jurídica novedosa y no probada —rechazada previamente por los fiscales federales— para elevar las acusaciones de delitos menores a delitos graves, lo que amplió el plazo de prescripción a cinco años, aduciendo que los registros fueron falsificados para ocultar un segundo delito», afirma el informe.
El presidente Trump ha negado la acusación y cualquier delito, alegando que el caso tiene motivaciones políticas.
Varios expertos legales han cuestionado la forma en que el Sr. Bragg elevó el delito menor a un delito grave.
«Para convertir el estatuto estatal en un delito grave, tienes que pedir prestado un estatuto federal», dijo el profesor de derecho jubilado de Harvard Alan Dershowitz a The Epoch Times en una entrevista en marzo de 2023. Dijo que esta combinación de leyes «parece plantear cuestiones legales realmente serias».
«En el caso de Bragg, lo que están tratando de hacer es sumar uno y uno, y llegar a 11», dijo el Sr. Dershowitz. «Ninguna persona racional miraría estos dos estatutos y diría que Trump los violó».
El Sr. Dershowitz dijo recientemente que cree que la oficina del Sr. Bragg ha violado los derechos de los votantes con la acusación de Trump, con el erudito legal argumentando que el caso equivale a una conspiración criminal para influir en las elecciones.
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