Republicanos llevan a cabo 16 disputas legales postelectorales en 4 estados

Por Ivan Pentchoukov
24 de Noviembre de 2020
Actualizado: 24 de Noviembre de 2020

La campaña de reelección del presidente Donald Trump y un puñado de grupos republicanos están litigando más de una docena de casos activos postelectorales en Pensilvania, Michigan, Georgia, Nevada desde el 23 de noviembre, y algunos de los casos ya ascienden en la pirámide judicial.

Los demandantes están compitiendo contra el tiempo ya que tienen poco más de dos semanas para la fecha límite del 8 de diciembre, cuando se supone que los estados habrán resuelto todas las disputas y definido los resultados del conteo de votos. Las vías legales para alterar el resultado de las elecciones se reducirán significativamente después de la fecha de corte (marcador de puerto seguro), dado que la Corte Suprema puso fin a una disputa postelectoral en Florida, en el año 2000, porque no se completó en ese plazo.

Un juez de Arizona desestimó la última impugnación legal postelectoral de los republicanos en el estado la semana pasada. La ley de recuento de Arizona no permite que las partes agraviadas soliciten recuentos y la campaña se quedó dos décimas de punto porcentual por debajo del margen necesario para una auditoría automática. La fecha límite del estado para certificar los resultados de las elecciones es el 30 de noviembre.

Asimismo, los republicanos no tienen juicios electorales pendientes en Wisconsin, donde se está llevando a cabo un recuento de las elecciones presidenciales en dos condados. Está previsto que el estado certifique sus resultados electorales el 1 de diciembre, un día después de Arizona. También está pendiente un recuento en Georgia.

Con 79 votos electorales entre ellos, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada probablemente decidirán el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. The Epoch Times no anunciará un ganador hasta que los miembros de la Cámara y el Senado, entre el 6 y el 20 de enero, cuenten los votos electorales y elijan al presidente.

Están en juego suficientes votos en las demandas en Michigan, Pensilvania y Georgia para alterar el resultado de las elecciones, pero solo si los tribunales de cada estado niegan al exvicepresidente Joe Biden la victoria que reclamó extraoficialmente a principios de este mes. Biden es el ganador proyectado en los seis estados y Trump tiene un obstáculo legal sustancial que superar para desafiar las proyecciones, incluso si los recuentos en Wisconsin y Georgia revierten los resultados no oficiales.

No obstante, el equipo legal electoral del presidente ha proyectado confianza en que las impugnaciones judiciales resultarán en una victoria final para Trump. El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el abogado principal del equipo, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que la batalla que se avecina es más que anular los resultados proyectados.

“Confiamos en que, a través de estos múltiples caminos hacia la victoria, llegaremos al resultado real que muestra la evidencia”, dijo Giuliani, después de alegar varios tipos de malversación electoral y fraude electoral generalizado.

“No se trata de anular una elección de nuestra parte, se trata de asegurarnos de proteger y preservar las elecciones libres y justas para todas las futuras elecciones estadounidenses”, dijo. “Si Estados Unidos cede ante la corrupción o este tipo de desastre de integridad electoral, entonces ninguna elección será segura de aquí en adelante, y todos debemos ser muy conscientes de eso”.

El jurista legal Alan Dershowitz, quien representó al presidente durante el impeachment pero no es parte del esfuerzo electoral, se mostró menos confiado sobre el resultado.

“Creo que el presidente Trump se está quedando sin disputas legales”, dijo Dershowitz a The Epoch Times. “Puede que tenga la ley de su lado en Pensilvania y tal vez en algunos otros estados, pero no tiene los números ni las pruebas en este momento. El margen de victoria en Pensilvania parece exceder el número de votos impugnados y la evidencia de fallas o alteraciones en las máquinas de votación; todavía no los he visto”.

Pensilvania

La campaña de Trump y los republicanos tienen nueve demandas activas en el estado de Pensilvania, más que en todos los demás estados juntos. El caso insignia de la campaña en el Estado Libre Asociado (ELA), Trump v. Boockvar, fue desestimado por un juez federal el 21 de noviembre y la campaña apeló rápidamente ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. Giuliani dijo en un comunicado que la pronta desestimación ayudó a acelerar el caso hasta la Corte Suprema.

Días antes, los republicanos pidieron a la Corte Suprema que revisara otra demanda, Bognet v. Boockvar. El 13 de noviembre, el Tercer Circuito se puso del lado de los acusados en ese caso en una opinión que obligó a la campaña de Trump a revisar significativamente su denuncia original en el caso Trump v. Boockvar, reduciendo el número de cargos de siete a dos y luego reconociendo que solo uno de los dos cargos restantes se incluyó a los efectos de la apelación posterior.

Una nueva demanda, presentada por un legislador republicano y varios candidatos al Congreso republicano durante el fin de semana, Kelly v. Pensilvania, busca bloquear la certificación de los resultados de las elecciones o excluir las boletas por correo del conteo. Los demandantes alegan que el estatuto de voto por correo de Pensilvania viola la constitución del ELA.

En un puñado de otros casos, los republicanos están desafiando pequeños lotes de votos. El lunes, la Corte Suprema de Pensilvania desestimó seis de esas apelaciones: cinco de la campaña de Trump y una de un candidato republicano, que impugnó un total de 10,684 boletas de votación por correo y en ausencia debido a que los votantes no escribieron su nombre, dirección, fecha o la combinación de los tres requerimientos en los sobres exteriores de las papeletas. Ese mismo día, un juez del condado de Westmoreland falló a favor de un republicano y ordenó a la Junta Electoral del condado que no contara 213 boletas provisionales.

Michigan

Michigan certificó el resultado de su elección el 23 de noviembre, declarando a Biden ganador en el estado. Sin embargo, la campaña de Trump y un grupo de derecha tienen dos demandas pendientes en el estado.

La demanda de la campaña, Trump v. Benson, está pendiente de apelación ante la Corte de Apelaciones de Michigan. La apelación buscaba una orden del tribunal que ordenara al secretario de estado de Michigan que “dirija las jurisdicciones electorales locales para permitir que los impugnadores de las elecciones observen el procesamiento y la adjudicación de las boletas y los impugnadores de las elecciones observen grabaciones de vídeo de las urnas de entrega de las boletas de votos en ausencia, de acuerdo con la ley de Michigan”.

No está claro si la apelación se mantendrá dado que Michigan ha certificado los resultados de las elecciones.

“La certificación por parte de funcionarios estatales es simplemente un paso de procedimiento. Continuaremos combatiendo el fraude electoral en todo el país mientras luchamos por contar todos los votos legales. Los estadounidenses deben tener la seguridad de que los resultados finales son justos y legítimos”, dijo Jenna Ellis, asesora legal principal de la campaña de Trump, en un comunicado.

No obstante, la certificación de los resultados puede revivir otra demanda, que la campaña de Trump desestimó después de que los republicanos en la junta de escrutinios del condado de Wayne rescindieran sus votos para la certificación de los resultados electorales del condado. La campaña buscó el mismo resultado en su demanda y presentó una desestimación de demanda voluntaria luego de que los miembros de la Junta de Electores firmaron declaraciones juradas retirando sus votos. Es probable que la certificación estatal, que anula la decisión del condado de Wayne, reviva la demanda.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una demanda de terceros, no relacionada con las demandas de campaña, Costantino v. Detroit, está en apelación ante la Corte Suprema de Michigan. Los demandantes en esa demanda buscaron bloquear la certificación y exigieron una auditoría o una nueva elección.

Nevada

Los republicanos tienen cuatro casos activos ante el tribunal estatal en Nevada. El único caso federal, Stokke v. Cegavske, aunque técnicamente activo, no se ha presentado durante días después de que un juez rechazara una moción de orden judicial.

“Técnicamente, el caso está activo, sin embargo, toda la reparación solicitada en la demanda solo podría otorgarse antes de que se completara el recuento de votos”, escribió Robert Kern, abogado de los demandantes, en un correo electrónico a The Epoch Times. “Entonces, mientras el caso permanece, cualquier posibilidad de que logre algo terminó con la denegación de su moción para una orden judicial”.

La campaña de Trump respalda una contienda electoral, Law v. Whitmer, presentada por los electores del presidente contra los electores de Biden. La demanda alega un fraude electoral generalizado, incluida la afirmación de que 15,000 personas que votaron en Nevada también votaron en otros estados.

El abogado de los demandantes, en una demanda presentada por Daniel Rodimer, un candidato republicano a un cargo, pidió a la jueza del caso, Gloria Sturman, que se recusase porque pertenece a un grupo demócrata con el objetivo declarado de cambiar los escaños de la Cámara. Sturman se negó a recusarse y remitió la moción al juez principal del tribunal. Rodimer está denunciando el uso de máquinas de procesamiento de boletas y pidiendo a la corte que ordene una nueva elección.

Las demandas presentadas por otros dos candidatos republicanos a un cargo también cuestionan el uso de las máquinas de votación. Una audiencia está programada para el 24 de noviembre en el caso presentado por April Becker, candidata al Senado de Nevada. El candidato republicano a la Cámara, Jim Marchant, tendrá una audiencia de su caso el 5 de enero. Ambos demandantes están pidiendo una nueva elección.

Georgia

Una sola demanda sigue activa en Georgia, que concluyó una auditoría de limitación de riesgos y certificó sus resultados electorales la semana pasada. En Wood v. Raffensperger, un abogado asociado con la campaña de Trump demandó al secretario de estado de Georgia buscando prohibir la certificación de los resultados electorales. Un juez federal desestimó la moción de orden judicial.

La presentación original de Wood incluía declaraciones juradas de personas que presenciaron la auditoría de limitación de riesgos y supuestos errores alarmantes y posible fraude. Tres testigos alegaron que los votos de Trump se contaron para Biden. Al menos otros ocho dijeron haber presenciado lotes de votos ausentes inmaculados y prístinos. La condición de las boletas fue una señal de alerta porque las boletas para votantes ausentes se doblan para colocarlas en un sobre de privacidad, independientemente de si se emiten en persona o por correo.

Los abogados republicanos también han insinuado que la campaña está lista para presentar una demanda importante en el estado con acusaciones que aún no se han presentado en ninguno de los otros litigios.

Jan Jekielek contribuyó a este artículo.

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