Revisión por parte del comité contra la tortura de la ONU pone los abusos de China bajo el foco

14 de Noviembre de 2015 Actualizado: 14 de Noviembre de 2015

En el próximo mes  China estará bajo observación por un comité de expertos de las Naciones Unidas, quienes evaluarán si la nación comunista ha hecho algo para evitar el uso generalizado de la tortura en sus centros de detención.

Una cantidad de informes presentados por grupos de derechos humanos en vísperas de la revisión, que realizará el Comité de la ONU contra la Tortura el 17 de noviembre, muestra un panorama sombrío: no sólo se ha hecho poco por parte de las autoridades chinas para poner fin a que sus fuerzas policiales paren de torturar a los detenidos, sino que el régimen mantiene un sistema que los incentiva a hacerlo.

La policía y las autoridades de seguridad también torturan regularmente a la gente que ni siquiera es sospechosa de delitos, entre ellos creyentes religiosos, abogados de derechos humanos y activistas. Para este grupo, las fuerzas de seguridad han desarrollado incluso un sofisticado conjunto de técnicas e instrumentos de tortura para facilitar el proceso.

Todo esto fue explorado de cerca por Amnistía Internacional en su presentación titulada, “No se ve un fin cercano: Torturas y Confesiones Forzadas en China”. El informe, uno de los muchos presentado al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, presenta relatos escalofriantes de persecución contra abogados de derechos humanos chinos y de sus clientes-activistas, peticionarios y practicantes espirituales.

Tortura y confesión forzada

Un caso típico es narrado por Tang Jitian, un abogado radicado en Beijing. Él y tres colegas estaban investigando un centro de detención extralegal en la provincia nororiental de Heilongjiang en marzo del 2014, cuando fueron detenidos por las fuerzas de seguridad pública locales.

“Durante la detención, estuve primero atado a una silla de hierro, me abofetearon en la cara, me dieron patadas en las piernas, y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que me desmayé”, le dijo Tang a Amnistía.

Yu Wensheng, otro abogado de Beijing, fue arrestado por la policía política el 13 de octubre del 2014, supuestamente por “alterar el orden público”. Fue detenido durante 99 días, e interrogado unas 200 veces. Los agentes de policía le ataron las manos a la espalda de una silla de hierro, causando que las manos se le hincharan tan dolorosamente que “no quería vivir”.

“Los dos policías halaron varias veces las esposas. Grité cada vez que ellos las halaban”, dijo Yu.

Las fuerzas de seguridad chinas someten a los clientes de los abogados a formas similares de tortura. Ge Bingyuan, un abogado de Guangdong describió los abusos a un practicante de Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida, a quien estaba representando este año: Los guardias ataron las piernas con esposas en sus piernas de 55-libras durante 31 días; en otro centro de detención, le ponen ají picante en la boca, le negaban el uso del inodoro, traían  reclusos hembras para que la golpearan y la amarraban a una cama  usando ganchos y tablas para golpearla.

Cuando se negaba a “estudiar” el material para lavarle el cerebro, los guardias hacían que dos reclusas mujeres estiraran sus brazos hacia atrás y la arrodillaban mirando a la pared para que “confesara”.

Tang, Yu, y Ge están entre 37 abogados de derechos humanos chinos que Amnistía entrevistó para su informe de 54 páginas.

‘Incentivo irresistible’

Amnistía afirma en el informe que el régimen chino sigue practicando el arte medieval de la tortura, el uso de “bancos de tigre” (en el que las piernas están unidas firmemente a un banco, y se ponen ladrillos bajo los pies de la víctima, obligando las piernas a doblarse hacia atrás), y sillas de hierro para restringir el movimiento-a pesar de la retórica del régimen de que está haciendo progresos en la aplicación del Estado de Derecho.

La tortura se utiliza constantemente para obtener confesiones de los detenidos.

En un análisis de 590 documentos de la corte donde los abogados dijeron que sus clientes hicieron confesiones bajo tortura, Amnistía encontró que en sólo 16 casos un tribunal de revisión suprimió las pruebas obtenidas mediante tortura. En todos esos casos, excepto uno, el individuo estaba siendo condenado por otra evidencia.

La dependencia del régimen chino en las confesiones para asegurar la condena ofrece un “incentivo irresistible para las agencias que aplican la ley con el fin de obtener las confesiones por cualquier medio necesario”, de ahí la persistencia en seguir torturando.

Los abogados de derechos civiles que tratan de defender a las personas sujetas a este tipo de abusos, ya sea a través del proceso penal, o los designados enemigos políticos, son  percibidos como “un desafío a la legitimidad de las autoridades y la forma en que gobiernan el país”, dijo Patrick Poon, un investigador de Amnistía Internacional autor del informe, en una entrevista telefónica desde Hong Kong.

El régimen niega las torturas

Ante la evidencia publicada en los informes de organizaciones de derechos humanos, el régimen chino se mantiene firme en que no se practica la tortura.

“Obtener una confesión por medio de la tortura está explícitamente prohibido por las leyes de China. La persona que es encontrada ejerciendo la tortura durante los interrogatorios será objeto de castigo”, dijo Hong Lei, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a los periodistas en una conferencia de prensa cuando se le preguntó por el informe de Amnistía, según The Associated Press.

El régimen chino rotundamente refutó el informe presentado en junio de la lista de problemas de la UNCAT con una respuesta en octubre, sin dar más detalles o abordar los detalles de las preocupaciones que se tienen.

En otro caso, a China se le pidió que explicara el origen de la gran mayoría de los trasplantes de órganos desde el año 2000, teniendo en cuenta las preocupaciones de que muchos de esos órganos pueden provenir de practicantes de Falun Gong, dada la falta de fuentes de órganos identificables. “¿Alguien ha sido sancionado o relevado de su trabajo o transferido por participar en el trasplante de órganos sin consentimiento de los practicantes de Falun Gong?”, Preguntó el informe.

La respuesta de China no abordó esta pregunta, y simplemente dijo que las acusaciones son un “rumor” que había sido “fabricado”.

Investigadores en el 2006 llevaron a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de sustracción de órganos, y estiman que entre 45.000 y 65.000 practicantes de Falun Gong fueron asesinados por el estado comunista por sus órganos, y luego fueron vendidos con fines lucrativos. Estas estimaciones son ahora mucho más altas, según el investigador Ethan Gutmann, quien publicó un libro sobre el tema.

Las autoridades chinas todavía tienen que dar una buena respuesta a estas pruebas y denuncias.

Mathew Robertson contribuyó a este reportaje.

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