El viernes, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, suspendió temporalmente un fallo de un tribunal de primera instancia que ordenaba a dos bancos que hicieron negocios con el presidente Donald Trump, Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp, a que entregaran los documentos financieros de Trump a los demócratas de la Cámara de Representantes.
Su decisión se produjo luego de que el equipo legal de Trump presentó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para emitir una suspensión de la decisión de la corte inferior. La suspensión temporal permitirá que el equipo legal de Trump tenga tiempo para argumentar para que la Corte Suprema lleve a cabo una revisión completa del caso.
«[El] problema en esta etapa es sencillo: si el Presidente podrá solicitar una revisión de una demanda sin precedentes de sus documentos personales, o si se verá privado de esa oportunidad porque los Comités emitieron estas citaciones a terceros sin incentivo para probar su validez», dijo el equipo legal de Trump en su solicitud a Ginsburg el viernes. «Esta elección debería ser fácil».
Los comités de Servicios Financieros y de Inteligencia de la Cámara de Representantes emitieron citaciones en abril a Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp, solicitándoles que entreguen documentos relacionados con los registros financieros de Trump sobre él, sus hijos y su empresa.
Trump luego demandó a los dos bancos en abril en un esfuerzo por evitar que cumplan con las citaciones, argumentando que las citaciones de la Cámara eran ilegales e inconstitucionales. Pero en mayo, el juez federal de distrito Edgardo Ramos dictaminó que las citaciones tienen «un propósito legislativo legítimo» y que se pueden hacer cumplir.
El fallo de Ramos llevó a Trump a presentar una apelación en agosto ante la Corte Suprema de Apelaciones del Segundo Circuito. Pero el tribunal dictaminó el 3 de diciembre que los bancos deben cumplir con las citaciones.
Ginsburg, quien es Juez Asociado de la Corte Suprema y Juez de Circuito del Segundo Circuito, dijo el viernes que el fallo de la corte inferior ahora está en espera hasta el 13 de diciembre, y ordenó a los comités de la Cámara que respondan a los argumentos legales de Trump antes del 11 de diciembre.
“Tras considerar la solicitud de un abogado para los solicitantes, se ordena que el mandato de la Corte Suprema de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, Caso No. 19-1540, emitido el 3 de diciembre de 2019, se revoque y permanezca hasta 5 pm el 13 de diciembre de 2019. Se ordena además que se presente una respuesta antes del 11 de diciembre de 2019 a las 11 am”, escribió Ginsburg en su orden.
El equipo legal de Trump en su solicitud del viernes a Ginsburg había argumentado que las citaciones «no entran dentro de la autoridad constitucional o estatutaria [de los comités de la Cámara]».
“El Tribunal debería otorgar esta solicitud para revocar y suspender el mandato. El Tribunal concluyó que se justifica una suspensión en Mazars y, como el Abogado de la Cámara de Representantes explicó correctamente al Segundo Circuito, ‘Mazars involucra los mismos problemas legales presentados aquí'», escribió el equipo legal de Trump.
Mazars se refiere a la firma de contabilidad de Trump. En un caso separado, Trump había apelado ante la Corte Suprema a principios de semana para bloquear la divulgación de sus registros financieros relacionados con Mazars a los demócratas de la Cámara. Una corte de apelaciones en Washington falló en contra de Trump en octubre sobre este caso.
El equipo legal de Trump argumentó en la apelación que si el tribunal más alto de la nación permite que se resuelva un fallo de un tribunal inferior, sentará un precedente peligroso para futuros presidentes.
«Según la decisión del Circuito de D.C., el Congreso puede citar cualquier registro privado que desee del Presidente con la mera afirmación de que está considerando una legislación que podría requerir que los presidentes divulguen esa misma información», escribieron. También argumentaron que el Congreso no tiene la autoridad constitucional para obtener registros financieros privados porque la citación carece de un propósito legislativo legítimo.
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