Senado estatal de Florida aprobó este lunes una legislación promovida por los republicanos que busca prohibir que las empresas de transporte de Florida sean contratadas para trasladar inmigrantes ilegales como parte de la política migratoria de la administración Biden.
La legislación fue propuesta por el senador republicano, Aaron Bean (R-FL) y copatrocinada por el senador Ray Wesley Rodrigues (R-FL). Fue aprobada este lunes por el Comité Judicial del Senado estatal con 6 seis votos a favor y 3 en contra.
La medida prohibiría que los transportistas hagan negocios con el estado de Florida si participan en los programas de reubicación de inmigrantes indocumentados de la administración Biden.
«Una entidad gubernamental no puede ejecutar, modificar o renovar un contrato con un transportista común si el transportista está proporcionando intencionadamente cualquier servicio que fomente el transporte de un extranjero no autorizado en el Estado de Florida a sabiendas de que el extranjero no autorizado entró o permanece en Estados Unidos en violación de la ley», dice el texto de la legislación.
La iniciativa además prevé que a partir del 1 de enero de 2023, «cada agencia de aplicación de la ley que opere un centro de detención del condado debe celebrar un acuerdo por escrito con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que participe en el programa de inmigración establecido en virtud de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 U.S.C. s. 1357».
La legislación cita una ley que otorga las facultades a los funcionarios y empleados de inmigración por reglamento prescrito de «interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en Estados Unidos; arrestar a cualquier extranjero que en su presencia o vista esté ingresando o intentando ingresar a Estados Unidos si tiene motivos para creer que el extranjero así arrestado está en Estados Unidos en violación de dicha ley o reglamento y es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden de arresto».
Se espera que el Departamento de Servicios de Gestión elabore un formulario común de declaración de transportista a más tardar el 30 de agosto. Y la legislación tendrá efecto una vez promulgada.
Esta legislación busca ampliar una ley aprobada en 2019 que prohíbe a las llamadas «ciudades santuarios» (SB 168).
En septiembre del 2021 una jueza federal, Beth Bloom, nominada por Obama, anuló partes de la legislación que prohibía el establecimiento de las llamadas ciudades santuario, o municipalidades que tratan de proteger a los inmigrantes ilegales de la detención indicando que algunos de los grupos que apoyaron y se involucraron en la elaboración de la ley, incluyendo la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), han «sido descritos como grupos de odio antiinmigrantes», dijo en un fallo de 110 páginas.
«Esta participación sugiere fuertemente que la Legislatura promulgó la ley SB 168 para promover y ratificar los puntos de vista racistas de estos grupos de defensa», agregó Bloom en ese momento en su fallo.
En julio del año pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que se encontraba buscando formas de disuadir la inmigración ilegal, específicamente aquella que se buscara establecer en el estado, señalando que «si no hay políticas que respalden el cumplimiento de la ley, entonces todavía habrá personas que encontrarán la manera de entrar y violar la ley».
Las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera con México aumentaron a casi 1.9 millones en 2021, frente a los 479,000 de 2020, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Con información de EFE, de Zachary Stieber, y de Charlotte Cuthberston.
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