Un grupo de senadores republicanos pidió en una carta a Merrick Garland que el fiscal general «dé a conocer inmediatamente» los memorandos al Congreso que a finales de abril restablecieron los fondos federales para las ciudades santuario en «al menos 11 estados».
«Para entender mejor la política actual del Departamento de Justicia, y el impacto que tendrá en la seguridad pública, la salud y el bienestar de los estadounidenses que trabajan duro, exigimos, como una cuestión de supervisión del Congreso, que publique inmediatamente cualquier memorando de orientación relacionado con la decisión de restablecer la financiación para las ciudades y jurisdicciones santuario», escribieron los senadores en una carta a Garland. «Esta información debe ponerse a disposición del Congreso y del pueblo estadounidense para evaluar este desafortunado cambio de política».
«Según las noticias, usted emitió recientemente un memorando que revocaba una política del Departamento de Justicia que retenía la financiación de subvenciones a las ciudades santuario. Estamos preocupados por su decisión de revertir estas políticas y poner en riesgo la seguridad pública y las vidas de estadounidenses trabajadores. Las políticas de las ciudades santuario son peligrosas y una amenaza para la seguridad pública», continuaron los senadores.
A finales de abril, Reuters informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revocó una política puesta en marcha durante la presidencia de Donald Trump, que recortaba cientos de millones de dólares en subvenciones a las ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
En un memorando interno al cual tuvo acceso Reuters, la jefa en funciones de la Oficina de Programas de Justicia, Maureen Henneberg, dijo que los anteriores beneficiarios de las subvenciones, incluidas las ciudades, condados y estados que eran receptores del popular programa de subvenciones anuales de 250 millones de dólares del departamento para las fuerzas de seguridad locales, ya no estarán obligados a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos como condición para su financiación.
«Estas políticas impiden que las fuerzas de seguridad cooperen con los funcionarios federales de inmigración, y permiten que extranjeros criminales peligrosos y violentos anden por la calle sin miedo a ser deportados. Es vergonzoso que haya ciudades y estados que prefieran poner en peligro la vida de los estadounidenses antes que cooperar con los funcionarios federales de inmigración», dijeron los miembros del Partido Republicano.
Los senadores argumentaron que las jurisdicciones con políticas de santuario ponen a sus residentes «en riesgo ante los peligrosos y violentos extranjeros criminales que son liberados porque estas jurisdicciones no notifican a los funcionarios federales o se niegan a cooperar con las solicitudes razonables para detenerlos».
La carta fue firmada por los senadores Marsha Blackburn (R-Tenn.), Jim Inhofe (R-Okla.), Thom Tillis (R-N.C.), Chuck Grassley (R-Iowa), Steve Daines (R-Mont.), Mike Braun (R-Ind.), Kevin Cramer (R-N.D.), Cindy Hyde-Smith (R-Miss.), Joni Ernst (R-Iowa), Roger Wicker (R-Miss.) y James Lankford (R-Okla.).
Los senadores querían saber por qué el memorando estaba «envuelto en el secreto» y se filtró a los grandes medios de comunicación.
«Aunque no se ha proporcionado al público acceso a su memorando, que respalda de hecho las políticas santuario, este memorando parece haberse compartido ampliamente con los principales medios de comunicación liberales», escribieron los senadores.
Los senadores pidieron respuestas a una serie de preguntas en la carta, incluyendo de quién fue la decisión de revertir la norma de la era Trump y si otras agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional fueron consultadas antes de tomar la decisión.
Los republicanos apelaron a Garland para que siguiera el Estado de derecho en lugar de hacer cambios radicales que, según ellos, perjudicarían a las comunidades.
Con información de Reuters.
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