Los fiscales generales de Texas y Louisiana demandaron al gobierno de Biden alegando que se niega a tomar la custodia de inmigrantes ilegales, condenados por delitos graves, después que la administración redujo ciertas prioridades de inmigración.
Los estados están tratando de bloquear dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitidos a principios de la administración, que establecieron «prioridades provisionales de aplicación». Estas prioridades incluyen reducir la aplicación de la ley de inmigración a tres categorías: individuos que han estado involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje; inmigrantes que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; e individuos condenados por un «delito agravado».
Los fiscales generales argumentan que los memorandos no dieron prioridad a la detención de extranjeros criminales con órdenes finales de expulsión, extranjeros criminales condenados por delitos de drogas o extranjeros criminales condenados por delitos de vileza moral.
El resultado de la implementación de los dos memorandos, argumenta la demanda, ha llevado a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. rescindiera las solicitudes de detención relacionadas con extranjeros criminales encarcelados, no emitiera solicitudes de detención para extranjeros ilegales sujetos a expulsión obligatoria, y a que liberara tales personas de los centros de detención federales en Louisiana y Texas.
“Como consecuencia, los criminales extranjeros peligrosos están siendo liberados en las comunidades locales”, argumenta la demanda (pdf).
Los estados dicen que la negativa a detener a extranjeros criminales, que han cometido delitos de drogas o delitos de vileza moral, viola la ley federal. Para garantizar la seguridad pública debido a la situación actual, los estados han tomado medidas para mantener bajo custodia a algunos de los extranjeros criminales a expensas de los contribuyentes estatales, dijeron.
“La rotunda negativa del presidente Biden a hacer cumplir la ley está exacerbando una crisis fronteriza sin precedentes. Al no tomar la custodia de los delincuentes extranjeros y no dar ninguna explicación por este imprudente cambio de política, la administración Biden está demostrando un descarado desprecio por la seguridad de los tejanos y estadounidenses”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
“La ley y el orden deben respetarse y aplicarse de inmediato para garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Los extranjeros ilegales peligrosos y violentos deben ser removidos de nuestras comunidades como lo requiere la ley federal”.
Los estados están pidiendo a la corte que declare ilegales partes de los memorandos, que bloquee la aplicación de los memorandos y obligue a las autoridades federales a tomar la custodia de los extranjeros criminales.
Las oficinas de prensa de la Casa Blanca y de ICE no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El primer memo (pdf) se emitió el 20 de enero y fue tomado como guía provisional para las agencias del DHS mientras se realizaba una revisión a las políticas y prácticas relacionadas con los asuntos migratorios. Básicamente, las pautas enfocaron todas las acciones de aplicación de la ley a las tres categorías y también emitieron una pausa de 100 días en las deportaciones.
En ese momento, el departamento justificó su decisión, diciendo que el «DHS no puede responder a todas las violaciones de inmigración o expulsar a todas las personas que están ilegalmente en Estados Unidos» debido a recursos limitados.
“Más bien, el DHS debe implementar la aplicación de la ley de inmigración civil basada en prioridades sensibles y circunstancias cambiantes”, decía el memo.
El segundo memo (pdf) se emitió el 18 de febrero como orientación adicional al memo del 20 de enero y también requería que los oficiales de ICE obtuvieran la aprobación previa de los directivos para arrestar a algunos inmigrantes ilegales si no se encuentran dentro de las tres categorías. Se espera que el memorando del 18 de febrero dure tres meses, en los que se espera que el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emita nuevas pautas de cumplimiento para el departamento.
“Al enfocar nuestros recursos limitados en casos que presentan amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará de manera más ágil y efectiva su misión”, dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, en un comunicado en ese momento.
La suspensión de 100 días a la orden de deportación ha sido bloqueada por un tribunal federal indefinidamente después de que Paxton demandara a la administración Biden. El juez determinó que Texas se vería perjudicado por la moratoria.
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