Un tribunal federal ordenó el lunes que el oleoducto de Dakota Access detuviera sus operaciones y que fuera vaciado, mientras que el gobierno federal lleva a cabo una revisión profunda de su impacto ambiental.
El juez de la Corte de Distrito de EE.UU., James Boasberg, ordenó que el oleoducto subterráneo se vacíe entes del 5 de agosto, otorgando de este modo una victoria legal a las tribus de indios estadounidenses, después de una batalla jurídica de años. La corte había dictaminado previamente que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. había violado la ley ambiental federal cuando otorgó un permiso para una servidumbre, en la que se construiría un segmento de la tubería de 1172 millas debajo del lago Oahe, un gran depósito detrás de una presa en el río Missouri. El permiso fue revocado en la decisión del lunes.
Boasberg escribió que estaba consciente de la interrupción que el cierre causaría al oleoducto y a la industria petrolera, pero determinó que la gravedad de las deficiencias del gobierno federal «supera los efectos negativos de detener el flujo de petróleo» durante unos trece meses, que es la cantidad de tiempo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estimó que tomaría una declaración de impacto ambiental.
“Dada la gravedad del error frente a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la imposibilidad de una solución simple, el hecho de que Dakota Access asumió gran parte de su riesgo económico a sabiendas, y el potencial daño cada día que opera la tubería, el Tribunal se ve obligado a concluir que el flujo de petróleo debe cesar», escribió Boasberg, un juez designado por Obama, en su fallo (pdf).
La tubería había provocado una oposición generalizada y meses de protestas protagonizadas por activistas ambientales, veteranos, clérigos y miembros de, al menos, otras 200 tribus. La tribu Sioux de Standing Rock, que dice que la tubería pasa por sus tierras ancestrales, presentó una demanda contra el gobierno federal en 2016, en un intento de bloquear la construcción. La tribu está preocupada de que la construcción y posibles fugas de petróleo conduzcan a la destrucción de sus sitios sagrados y contaminen sus tierras y aguas. Otras tribus se unieron a Standing Rock en su demanda.
«Hoy es un día histórico para la tribu Sioux de Standing Rock y para muchas personas que nos han apoyado en la lucha contra el oleoducto», dijo el presidente de la tribu, Mike Faith, en un comunicado. “Esta tubería nunca debería haberse construido aquí. Les dijimos eso desde el principio».
La Gran Época contactó al Departamento de Justicia, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., a la empresa matriz y al constructor de la tubería, Energy Transfer Partners, para obtener comentarios. El Departamento de Justicia no tiene comentarios en este momento.
Los propietarios del oleoducto y sus partidarios argumentan que cerrar el oleoducto tendría serias repercusiones para la industria petrolera de Dakota del Norte. Dicen que actualmente no existe un método alternativo viable para transportar los 570,000 barriles de petróleo crudo que el oleoducto del Dakota Access puede transportar cada día, y que esto elevaría los precios del petróleo.
También dicen que el cierre tendría un «efecto reverberante» en la economía de Dakota del Norte, que depende, en gran medida, de los impuestos al petróleo y al gas.
Energy Transfer Partners previamente cuestionó los reclamos sobre el oleoducto, diciendo que no invade ni cruza ningún terreno propiedad de la tribu Sioux, de Standing Rock, y no afecta el agua subterránea en ninguno de los cuatro estados por los que pasa, desde que comenzó a operar en junio de 2017.
En 2017, Boasberg ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. que volviera a realizar una revisión ambiental luego de descubrir que la agencia no consideraba adecuadamente factores como la forma en que un derrame de petróleo afectaría los derechos de pesca y caza de la tribu y si la tribu se vería perjudicada de manera desproporcionada por un derrame.
La agencia completó su análisis ambiental, pero la tribu no estuvo de acuerdo con sus conclusiones. Esto llevó a la tribu a volver a los tribunales y pedirle al gobierno federal que realice un análisis ambiental en profundidad. El tribunal accedió a la solicitud de la tribu por medio de un fallo en marzo de este año, al encontrar que la agencia no había considerado completamente el desacuerdo de los expertos sobre el riesgo de un derrame de petróleo en el lago. Boasberg, en ese momento, también pidió a ambas partes que presentaran informes sobre si el oleoducto debería cerrarse.
El fallo se produce después de que los propietarios de un gasoducto de gas natural, Atlantic Coast Pipeline, anunciaron que cancelarían su proyecto debido a retrasos, costos y litigios en curso. Esa tubería habría transportado gas natural desde West Virginia a Carolina del Norte.
«Este anuncio refleja la creciente incertidumbre jurídica que domina el desarrollo de la infraestructura energética e industrial a gran escala en Estados Unidos», dijo en un comunicado Thomas Farrell, presidente de Dominion Energy, «hasta que estos asuntos se resuelvan, la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas del país se verá significativamente afectada».
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