El gobierno de Joe Biden no puede ignorar la ley federal que dice que las autoridades deben arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales condenados por ciertos delitos y a los extranjeros a los que se ordene la deportación, dictaminó un tribunal de apelaciones.
La ley federal dice que el fiscal general “tomará bajo custodia”, “detendrá” y “retirará” a los extranjeros ilegales condenados por ciertos delitos y a los extranjeros a quienes se ordene su deportación. Pero la administración Biden ha intentado evitar la detención y expulsión de algunos inmigrantes ilegales condenados por esos delitos.
“El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible, eso no debería ser por si sola la base de medidas coercitivas en su contra”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designado por Biden, a través de un memorando de septiembre de 2021, que describe una nueva guía que reduce las prioridades de control de inmigración.
Mayorkas también dijo que los agentes de inmigración no deberían “confiar solo en el hecho de una condena” cuando deciden tomar medidas contra un extranjero.
Eso ha llevado a un fuerte descenso en los delincuentes extranjeros detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. El memorando y otros similares llevaron a un aumento en la anulación de órdenes de detención criminales u órdenes a las autoridades locales para detener a extranjeros, muestran los documentos judiciales. A ciento setenta extranjeros se les rescindieron sus órdenes de detención en Texas entre el 20 de enero de 2021 y el 15 de febrero de 2022, y al menos 17 no cumplieron con sus condiciones de libertad condicional mientras que cuatro cometieron nuevos delitos.
«Los datos muestran que el Memorándum Final ‘hace aumentar el número de extranjeros con condenas penales y extranjeros con órdenes finales de deportación puestos en libertad en Estados Unidos’, y se ha demostrado una preponderancia de evidencia de que el costo de esa realidad ha recaído sobre Texas y seguirá haciéndolo”, dijo el panel en un fallo fechado el 6 de julio.
El DHS está tratando de “afirmar que actúa dentro de los límites de la ley federal mientras prácticamente ignora esa ley”, agrega el panel.
Además confirma una decisión anterior del juez de distrito Drew Tipton, designado por Trump, quien dijo que la política había dado lugar a que los extranjeros delincuentes «deambulen libremente» por lo que ordenó al departamento que no acatara el memorando.
La administración de Biden apeló argumentando que la orden del tribunal inferior debería anularse ya que los estados carecen de legitimación activa porque no han sufrido ningún daño y porque cualquier daño especulativo no se puede atribuir al memorando de Mayorkas. El panel de la corte de apelaciones no estuvo de acuerdo.
Respuesta
Biden «trató de descartar la ley de inmigración, diciendo que el DHS no tenía que detener a criminales ilegales. El tribunal ahora dice que debe hacerlo”, dice el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, uno de los demandantes, a través de una declaración.
«Si la administración hubiera ganado su aplazamiento, habría seguido liberando a extranjeros delincuentes mientras su apelación del fallo del tribunal de distrito avanzaba en los tribunales», agregó Dale Wilcox, director ejecutivo del Immigration Reform Law Institute, quien presentó un escrito en el caso. «Nos complace que eso no haya sucedido y aplaudimos al Quinto Circuito por negarle a la administración el tiempo extra que buscaba para violar la ley y poner en peligro a los estadounidenses».
Se espera que la administración Biden apele, lo que podría enviar el caso al Quinto Circuito completo o a la Corte Suprema, que recientemente dictaminó que la administración puede poner fin a la política de «Permanecer en México» de la era Trump y evitar explícitamente sopesar si el requisito de detención descrito en la ley federal está “sujeto a los principios de discreción de la aplicación de la ley” y si el enfoque actual de la administración para el control de inmigración viola la disposición.
El panel estuvo compuesto por los jueces Edith Jones, designada por Reagan; Edith Clement, designada de George W. Bush; y Kurt Engelhardt, designado por Trump.
Su fallo divergió de una opinión de la Corte de Apelaciones del Tribunal del Sexto Circuito en un caso similar presentado por los estados de Arizona, Montana y Ohio que en abril anuló (pdf) una orden judicial preliminar nacional de un tribunal inferior que bloqueaba la misma orientación.
El panel del Quinto Circuito dijo que su divergencia se explica por el beneficio del juicio sin jurado y el precedente en otros casos presentados ante el tribunal. “Hasta que haya un fallo contrario de la Corte Suprema, nos adherimos a nuestro precedente y los hechos encontrados por la corte de distrito”, indicó.
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