El primer ministro Justin Trudeau dijo que el gobierno federal continuará con la aplicación de la Ley de Emergencias a pesar que los manifestantes ya se despejaron en gran medida del centro de Ottawa, y que los bloqueos en varios cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos ya fueron despejados, y estaban reabiertos desde antes de que se invocara la ley.
En una conferencia de prensa el 21 de febrero, Trudeau usó un lenguaje mordaz sobre los manifestantes que se oponían a los mandatos federales de la COVID-19 quienes habían acampado en el centro de Ottawa durante las últimas tres semanas.
Más de una vez, hizo referencia a la “falta de información y la desinformación” en la sociedad cuando habló sobre la justificación de su uso de la ley.
“No queríamos usar la Ley de Emergencias”, dijo Trudeau.
“Pero luego de semanas de actividades peligrosas e ilegales; luego de semanas de hostigamiento en sus barrios y en pequeños negocios que fueron obligados a cerrar; luego que se estancaron millones de dólares en el comercio, poniendo en riesgo los trabajos y los medios de subsistencia de las personas; luego de la profanación del National War Memorial; luego de la evidencia de una mayor actividad de extremismo violento ideológicamente motivado en todo el país; luego de que una avalancha de falta de información y desinformación inundó Canadá, incluso de fuentes extranjeras; luego de que estos bloqueos y ocupaciones ilegales recibieran cantidades inquietantes de fondos extranjeros para desestabilizar la democracia de Canadá, quedó claro que las autoridades locales y provinciales necesitaban más herramientas para restaurar el orden y mantener a la gente segura”.
El debate sobre el uso de la ley, que otorga a las autoridades poderes adicionales para expulsar a quienes participan en las protestas de Ottawa contra los mandatos y restricciones de la COVID-19, ha estado en marcha en la Cámara de los Comunes en los últimos días. El Nuevo Partido Democrático (NDP) apoya el uso de la medida por parte del gobierno, mientras que los conservadores y el Bloc Québécois
se oponen a su uso.
La líder interina conservadora Candice Bergen dijo en un posteo de Twitter el 20 de febrero que Trudeau y el NDP están cometiendo «un error peligroso» al promulgar la Ley de Emergencias, y que «los derechos y libertades de los canadienses deben defenderse en todo momento».
The rights and freedoms of Canadians must be defended at every turn. The Prime Minister with the help of the NDP are making a dangerous mistake by enacting the Emergencies Act. pic.twitter.com/y3RMuQdP4b
— Candice Bergen (@CandiceBergenMP) February 20, 2022
La mayoría de los premiers canadienses–de las provincias de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Quebec, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la Isla del Príncipe Eduardo–han dicho que la decisión del gobierno federal de invocar la Ley de Emergencias es injustificada.
El premier de Alberta, Jason Kenney, dijo que presentará una impugnación judicial contra la invocación de la ley por parte del gobierno liberal, diciendo que es innecesaria, desproporcionada y una intrusión en la jurisdicción provincial.
Poderes amplios
Cuando se le preguntó por qué la medida sigue siendo necesaria ahora que la policía ha desalojado a los manifestantes del centro de la ciudad de Ottawa y ha reabierto los cruces fronterizos, Trudeau dijo que el estado de emergencia aún no ha terminado.
“Aunque los bloqueos se están levantando en las fronteras en este momento, aunque las cosas parecen estar resolviéndose muy bien en Ottawa, este estado de emergencia no ha terminado. Continúa habiendo serias preocupaciones sobre los siguientes días. Pero seguiremos evaluando cada día si es o no el tiempo y si somos capaces de levantar el estado de emergencia”, dijo.
Trudeau pidió a los parlamentarios, quienes votarán sobre el uso de la Ley de Emergencias el lunes 21 de febrero por la noche, que apoyen la medida.
Cuando se le preguntó si impondrá una línea de partido para la votación, Trudeau dijo que cualquiera que no vote a favor de la medida no tiene confianza en «la competencia del gobierno».
El 14 de febrero, el gobierno liberal invocó la ley para otorgar a las autoridades amplios poderes adicionales para expulsar a los manifestantes acampados en el centro de la ciudad de Ottawa, incluida la capacidad de obligar a las empresas de remolque a retirar los camiones estacionados en el centro de la ciudad.
También se introdujeron varias medidas financieras para reducir la financiación de las protestas, como la ampliación de las normas contra el blanqueo de dinero para abarcar las plataformas de financiación colectiva y las monedas digitales. Los bancos también pueden congelar las cuentas de las personas y empresas involucradas en las protestas sin una orden judicial.
Se han congelado unos 206 activos financieros, incluidas cuentas bancarias y corporativas, y se ha revelado información sobre 56 entidades asociadas con vehículos, personas y empresas, dijo Mike Duheme, subcomisionado de policía federal de la RCMP, en una conferencia de prensa en 20 de febrero.
Si bien Trudeau dijo que no quería mantener las medidas de emergencia vigentes «un solo día más de lo necesario», anteriormente dijo que presentará proyectos de ley para hacer que algunas de las medidas sean permanentes, como exigir que las plataformas de crowdfunding se registren en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá.
El primero ministro reiteró ese punto el lunes.
“Debe haber una reflexión sobre la falta de información y la desinformación, y cómo pueden alterar la vida de los canadienses. Es necesario que haya una reflexión sobre el financiamiento extranjero de acciones ilegales en nuestro país diseñadas para perturbar o desestabilizar nuestra democracia. Tiene que haber reflexiones sobre nuestra capacidad para mantener nuestras fronteras abiertas y fluidas y proteger la infraestructura crítica como la sede de nuestra democracia”, dijo Trudeau.
“Son cosas que se debatirán y reflexionarán con el tiempo. Trabajaremos con los parlamentarios para avanzar de manera responsable y evaluada adecuadamente para reaccionar y ser proactivos en términos de lo que vemos potencialmente en los próximos años”.
Los organizadores y simpatizantes de la protesta rechazan la caracterización de Trudeau del movimiento del Convoy de la Libertad, que comenzó con camioneros rechazando el requisito del gobierno federal de que los conductores que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá se vacunen contra la COVID-19.
“Los manifestantes pacíficos que alimentan a las personas sin hogar, palean la nieve, recogen la basura, bailan en las calles, juegan al hockey callejero, ondean banderas canadienses, cantan el himno nacional y montan castillos inflables para los niños no ‘ponen en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de los canadienses’, ni son estas actividades pacíficas ‘de tales proporciones o naturaleza que excedan la capacidad o autoridad de una provincia para lidiar con ello’”, dijo Jay Cameron, director de litigios del grupo legal Justice Center for Constitutional Freedoms, que ha brindado apoyo en servicios legales a los organizadores de la protesta, en conferencia de prensa.
El 17 de febrero, tras la invocación de la ley por parte de Trudeau, Bergen dijo en la Cámara de los Comunes que “no ha alcanzado el alto umbral establecido por la Ley de Emergencias para justificarla”.
Ese umbral requiere una situación que “amenace seriamente la capacidad del Gobierno de Canadá para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá”, dijo, y que “no puede ser tratada de manera efectiva bajo ninguna otra ley [del país]”.
Bergen señaló que la predecesora de la ley, la Ley de Medidas de Guerra, “solo se usó tres veces: en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la crisis del FLQ”. Este último se refiere a una larga serie de ataques terroristas, incluidos atentados con bombas y robos entre 1963 y 1970 que dejaron seis muertos, por parte del Front de libération du Québec (FLQ), un movimiento independentista militante de Quebec.
Los grupos de libertades civiles y derechos constitucionales también han presentado desafíos legales contra el uso de la Ley de Emergencias frente a las protestas por parte del gobierno.
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