Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Trump destacó la legislación del senador Thom Tillis (R-N.C.) que permitiría a los ciudadanos estadounidenses demandar a las ciudades y estados santuarios, que por lo general se niegan a cumplir con las políticas federales de inmigración.
La Ley de Justicia para las Víctimas de Ciudades Santuarias es una legislación que responsabiliza a las jurisdicciones santuarias por no cumplir con las solicitudes de detención legal y de notificación de liberación hechas por las autoridades federales, que conducen a poner en peligro la seguridad pública.
A menos que los republicanos puedan recuperar la Cámara de Representantes, es muy poco probable que se convierta en ley.
«El senador Tom Tillis ha presentado una legislación que permite a los estadounidenses como Jody demandar a las ciudades y estados santuarios cuando un ser querido resulta herido o muerto como consecuencia de estas prácticas mortales», dijo Trump, refiriéndose a un invitado al discurso del presidente, cuyo hermano fue asesinado a tiros por un inmigrante ilegal en California.
Jody es el hermano de Rocky Jones, quien fue asesinado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia de Visalia en diciembre de 2018. Las autoridades dijeron que el tirador, Gustavo García, era un inmigrante indocumentado que había sido arrestado por un cargo de drogas y retenido en la cárcel del condado de Tulare durante 10 horas el día anterior al asesinato.
Tras ser liberado, García sembró un «reino del terror» por el Condado de Tulare, cometiendo docenas de crímenes en 24 horas, robando una gasolinera, hiriendo a varias personas, huyendo de la policía en una persecución a alta velocidad y matando a Rocky, de 51 años.
Se unen a Tillis como copatrocinadores originales los senadores Lindsey Graham (R-S.C.), Chuck Grassley (R-Iowa), Joni Ernst (R-Iowa), Marsha Blackburn (R-Tenn.) y Ted Cruz (R-Texas).
El proyecto de ley «crea un derecho privado de acción civil para las víctimas de las jurisdicciones santuarias, permitiéndoles entablar una acción de indemnización por daños y perjuicios contra la jurisdicción santuaria como consecuencia de un delito violento cometido por un inmigrante ilegal».
«Toda ciudad o jurisdicción santuario que se niegue a renunciar a su inmunidad en lo que respecta a la acción civil relacionada con el santuario estaría sujeta a la retención de determinados fondos de la Community Development Block Grant (CDBG)».
La Ley de Justicia para las Víctimas de Ciudades Santuarias es una respuesta directa a un número creciente de jurisdicciones santuarias en todo el país que tienen políticas oficiales de santuario o que se niegan a cumplir las solicitudes de detención y las notificaciones de liberación del Departamento de Seguridad Nacional.
En 2019, nueve estados fueron declarados santuarios, entre ellos California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont.
Cientos de ciudades y pueblos dentro de esos estados también se han declarado como santuarios que protegen a los extranjeros ilegales del ICE.
Entre las ciudades santuarias importantes se encuentran Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Seattle y Newark.
«Estas ciudades, condados y estados tienen leyes, ordenanzas, regulaciones, resoluciones, políticas y otras prácticas que obstruyen la aplicación de la ley de inmigración, protegiendo a los criminales del ICE», según el Center for Immigration Studies (CIS).
Ellos lo logran, según explica el CIS: «ya sea negándose o prohibiendo a las agencias cumplir con las detenciones del ICE, imponiendo condiciones poco razonables para la aceptación de las detenciones, negando al ICE el acceso para entrevistar a los inmigrantes encarcelados, o impidiendo de otra manera la comunicación o el intercambio de información entre su personal y los oficiales federales de inmigración».
Tales detenciones son «la principal herramienta utilizada por ICE para obtener la custodia de los inmigrantes criminales y deportarlos». Es una notificación enviada a otra agencia de aplicación de la ley, a través de la cual se argumenta la intención del ICE de asumir la custodia de un inmigrante, e incluye información sobre los antecedentes penales del extranjero, las violaciones de [la ley de] inmigración y la posible amenaza a la seguridad pública», dijo el CIS.
Mark Tapscott contribuyó a la elaboración de este artículo.
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