Trump dice estar buscando una solución legal sobre DACA tras el fallo de la Corte Suprema

Por Janita Kan
18 de Junio de 2020
Actualizado: 18 de Junio de 2020

El presidente, Donald Trump, condenó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar su intento de poner fin a un programa de la era de la Obama que ofrecía protecciones legales y autorizaciones de trabajo a los inmigrantes ilegales que habían sido traídos a Estados Unidos cuando eran niños, diciendo que tienen que “comenzar este proceso nuevamente” para obtener una solución legal.

El jueves por la mañana, la Corte Suprema dictaminó que la administración había actuado de manera “arbitraria y caprichosa” cuando decidió cancelar el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protegía a cientos de miles de estos llamados “dreamers”. Muchos de estos beneficiarios, que ahora tienen una edad media de 24 años, viven y trabajan actualmente en Estados Unidos después de haber crecido en el país.

Poco después de que se emitiera el fallo, Trump respondió en un comunicado en Twitter caracterizando las recientes decisiones de la corte superior como “horribles” y con “carga política”.

“Estas horribles decisiones políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son disparos de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse a sí mismos republicanos o conservadores. Necesitamos más Jueces o perderemos nuestra Segunda Enmienda y todo lo demás. Vote por Trump 2020”, escribió el presidente.

En una publicación posterior, Trump dijo que la corte superior necesitaba “nuevos jueces” después de decisiones desfavorables en casos relacionados con con varias cuestiones relativas a DACA, ciudades santuario y el censo.

“Si los Demócratas de la Izquierda Radical asumen el poder, su Segunda Enmienda, el Derecho a la Vida, Fronteras Seguras, y la Libertad Religiosa, entre muchas otras cosas, ¡han TERMINADO y DESAPARECIDO!”, escribió.

Dijo que buscará una “solución legal sobre DACA, no una solución política” que sea consistente con el estado de derecho.

“La decisión de DACA, aunque es altamente política, y aparentemente no se basa en la ley, le da al presidente de Estados Unidos mucho más poder del que NUNCA se había anticipado. Sin embargo, solo actuaré en el mejor interés de Estados Unidos de América”, dijo.

El fallo de la Corte Suprema representa un revés para la administración Trump y para el presidente, que había hecho de la inmigración ilegal una prioridad en su campaña electoral de 2016.

El programa DACA fue creado por una orden ejecutiva de 2012 firmada por el expresidente Barack Obama. El programa protege temporalmente a estos jóvenes inmigrantes no autorizados de ser deportados y les proporciona beneficios como la autorización de trabajo y la elegibilidad para obtener una licencia de conducir y un seguro médico.

La orden se hizo después de las fallidas negociaciones sobre la reforma de la inmigración en Capitol Hill.

En 2012, el Centro de Investigación Pew estimó que 1.7 millones de los 4.4 millones de inmigrantes ilegales menores de 30 años serían elegibles para el programa DACA. En el momento en que la administración Trump anunció la eliminación gradual del programa en septiembre de 2017, había alrededor de 700,000 beneficiarios activos de DACA.

La decisión de terminar el programa se encontró con una feroz oposición. Varias cortes federales se pronunciaron en contra de la decisión de Trump de poner fin al DACA, con algunos jueces federales dictaminando que Trump no podía terminar el programa y ordenando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que continuara aceptando y adjudicando solicitudes de renovación de DACA.

Los defensores de DACA dicen que los beneficiarios no deben ser culpados por la decisión de sus padres de violar las leyes de inmigración de EE.UU. para traerlos al país. Argumentan que habría una serie de costos sociales y económicos si el programa terminara. Dicen que muchos de estos beneficiarios han contribuido a la economía de EE.UU. y la eliminación del programa amenazaría la futura fuerza laboral de la nación e impondría costos masivos a los empleadores que actualmente emplean a estas personas. Los defensores también han disfrazado el programa como un ejercicio rutinario de criterio fiscal para justificar su legalidad.

Para los opositores de DACA, el caso representa un gran exceso de autoridad ejecutiva y una usurpación de los poderes legislativos del Congreso. Han argumentado que Obama habría ejercido ilegalmente la autoridad ejecutiva para crear el programa y que solo el Congreso puede promulgar dicha política, algo que Obama parecía haber concedido en su momento.

Los oponentes también han estado en desacuerdo con el hecho de que el DACA conceda beneficios a estos destinatarios antes que a otros inmigrantes que están trabajando duro a través de canales legales para obtener la inmigración y la naturalización en Estados Unidos.

La administración Trump se ha hecho eco de estos argumentos, calificando a DACA de ilegal y como un ejercicio inconstitucional de la autoridad del poder ejecutivo. El presidente ha dicho anteriormente que la disolución de DACA sería un proceso gradual, que daría al Congreso una “ventana de oportunidad” para actuar sobre el tema.

El caso de la Corte Suprema se centró en los argumentos de si la rescisión del programa por parte de la administración Trump en 2017 estaba sujeta a revisión judicial y si esa decisión era “arbitraria y caprichosa” en virtud de la ley federal conocida como Ley de Procedimientos Administrativos (APA).

En la decisión de la mayoría (pdf) el jueves, los jueces dictaminaron 5-4 que la decisión de la administración era revisable bajo la APA. La corte también sostuvo que la decisión era “arbitraria y caprichosa”, según la ley.

“La disputa ante la Corte no es si [el Departamento de Seguridad Nacional] puede rescindir DACA. Todas las partes están de acuerdo en que puede hacerlo. La disputa es principalmente sobre el procedimiento que la agencia siguió al hacerlo”, escribió Roberts, presidente de la Corte, en la opinión de la mayoría. Se le unieron, en su totalidad o en parte, los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Roberts dijo que el fallo de la corte no “decidía si DACA o su rescisión son políticas acertadas” sino que abordaba “solo si el organismo cumplía con el requisito procesal de proporcionar una explicación razonada de su acción”.

“En este caso, la agencia no consideró las cuestiones conspicuas de si se debe mantener la tolerancia y qué hacer si se hace algo con respecto a las dificultades de los beneficiarios del DACA”, escribió Roberts. “Esa doble falla plantea dudas sobre si la agencia apreció el alcance de su discreción o si la ejerció de manera razonable.Por lo tanto, el recurso apropiado es volver a enviar al DHS para que pueda considerar el problema nuevamente”.

Obama aplaudió la decisión de la Corte Suprema. “Hace ocho años, esta semana, protegimos a los jóvenes que fueron criados como parte de nuestra familia estadounidense frente a la deportación. Hoy, me alegro por ellos, sus familias y por todos nosotros. Podemos parecer diferentes y venir de todas partes, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros ideales compartidos y ahora defender esos ideales”, escribió en una publicación de Twitter.

En un disentimiento, el juez Clarence Thomas, junto con los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch, sostuvo que el DACA fue ilegal desde su creación, lo que lo convierte en “cualquier cosa menos un caso convencional de derecho administrativo”. Dijo que mientras la determinación del DHS de esa ilegalidad sea sólida, la revisión de la corte debe concluir.

“La decisión de hoy debe ser reconocida por lo que es: un esfuerzo para evitar una decisión políticamente controvertida pero legalmente correcta”, escribió Clarence. “La Corte podría haber dejado claro que la solución que buscan los demandados debe provenir del Poder Legislativo. En cambio, la mayoría ha decidido prolongar la extralimitación inicial del DHS proporcionando una medida provisional propia”.

Mientras tanto, el Juez Brett Kavanaugh escribió una opinión por separado coincidiendo en parte y disintiendo en parte porque no estaba de acuerdo con el tratamiento de la corte del memorándum de 2018 de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que defendía la medida de revocar el DACA.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California), dijo en una conferencia de prensa el jueves que le gustaría ver al Congreso aprobar la Ley del Sueño y la Promesa Americana de 2019, también conocida como la Ley del Sueño, como el siguiente paso para una solución más permanente para DACA. El proyecto de ley, que está pendiente en el Senado, fue aprobado en la Cámara en junio pasado y brinda protección legal a los beneficiarios de DACA, el estado de protección temporal y salidas forzadas diferidas de los titulares.

Pelosi también agregó que espera que el Congreso se una “para hablar sobre (…) una amplia reforma migratoria”, cuando se le preguntó sobre un acuerdo sobre DACA.

“Sin embargo, lo que realmente nos gustaría es unirnos para hablar sobre la reforma migratoria integral que va mucho más allá de la legislación de la que acabo de hablar”, dijo.

Trump añadió en una publicación posterior en Twitter que publicará una nueva lista de candidatos conservadores a la Corte Suprema de Justicia para el 1 de septiembre, señalando que muchos ya pueden estar en la lista.

“Si se me da la oportunidad, solo elegiré de esta lista, como en el pasado, un juez de la Corte Suprema conservadora. Con base en las decisiones que se emiten ahora, esta lista es más importante que nunca (Segunda Enmienda, Derecho a la Vida, Libertad Religiosa, etc.)–¡VOTE 2020!”, escribió.

Trump y los republicanos del Senado han hecho esfuerzos significativos para cambiar la composición de la judicatura, nombrando y confirmando a jueces conservadores más jóvenes, para dar forma a la dirección a largo plazo del país. Esta medida ha recibido críticas de los progresistas. Desde que asumió el cargo, el Senado ha confirmado a 198 jueces federales nombrados por Trump, incluyendo 51 jueces de apelación y dos jueces de la Corte Suprema.

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