Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron el lunes una apelación ante la Corte Suprema, con la esperanza de ganar una moción para desestimar uno de los casos penales federales en su contra basándose en la inmunidad presidencial.
«Sin inmunidad penal, la presidencia tal y como la conocemos dejará de existir», argumentaron.
La presentación se hizo el 12 de febrero, cumpliendo el plazo fijado por una corte de apelaciones para que la corte retuviera su mandato, en lugar de devolver el caso a la corte de distrito.
En una presentación de más de 100 páginas, los abogados defensores solicitaron a la Corte Suprema que suspendiera la decisión de la corte de primera instancia, a la espera de una revisión por parte del alto tribunal. Los fiscales han exigido que los procedimientos de la corte de distrito se reanuden mientras el presidente Trump busca vías de apelación.
«La afirmación del presidente Trump de que los presidentes tienen inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales presenta una cuestión novedosa, compleja y trascendental que merece una cuidadosa consideración en la apelación», dice la apelación.
Los abogados del presidente Trump argumentan que en 234 años de historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido procesado penalmente, y por una buena razón. Sentar tal precedente provocaría más consecuencias, dicen.
«Si se mantiene el procesamiento de un presidente, tales procesamientos se repetirán y serán cada vez más comunes, dando paso a ciclos destructivos de recriminación», argumentaron.
«La amenaza de un futuro enjuiciamiento penal por parte de una Administración políticamente opuesta … colocará un peso sobre cada futuro presidente, distorsionando la toma de decisiones presidenciales, socavando la independencia del presidente y nublando la capacidad del presidente ‘para tratar sin temor e imparcialmente’ los deberes de su cargo'».
El año pasado, el presidente Trump fue acusado y se declaró inocente de cuatro cargos de conspiración y obstrucción por sus acciones del 6 de enero de 2021. Desde entonces ha presentado cuatro mociones para desestimar el caso, la primera de las cuales se basa en la inmunidad presidencial.
Las cuestiones que el presidente Trump planteó ante el alto tribunal son dos: si la inmunidad presidencial protege a un presidente de un proceso penal por actos oficiales, y si un impeachment «excluiría» un proceso penal por los mismos cargos en virtud de los principios de doble riesgo.
La Corte Suprema rechazó previamente el caso
El caso, llevado por el abogado especial Jack Smith, ha estado suspendido en la corte federal de distrito desde mediados de diciembre, y ya no está previsto que se celebre el juicio el 4 de marzo, antes del Supermartes.
Después de que la jueza Tanya de la Corte de Distrito de Estados Unidos rechazara una moción para desestimar el caso basándose en la inmunidad presidencial, el presidente Trump llevó el caso a la corte de apelaciones, deteniendo el caso. Los fiscales habían hecho varios movimientos para acelerar la apelación, con la esperanza de seguir juzgando el caso en el actual mandato, antes de las elecciones generales.
Inmediatamente después de la apelación, el equipo de Smith pidió a la corte de apelaciones que acelerara el proceso y presentó una petición a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre el uso de la inmunidad presidencial.
La corte de apelaciones accedió a acelerar el proceso y pidió a las partes que presentaran sus escritos iniciales durante las festividades. A principios de enero, un panel de tres jueces escuchó los argumentos y, menos de un mes después, rechazó el uso de la inmunidad presidencial por parte del presidente Trump.
Mientras tanto, la Corte Suprema rechazó el caso sin hacer comentarios.
Inmunidad presidencial
Durante el mandato del expresidente Richard Nixon, una demanda civil presentada por un contratista despedido llegó hasta la Corte Suprema y sentó las bases de la «inmunidad absoluta» de la que goza un presidente.
El razonamiento fue que si los presidentes pudieran ser demandados a título personal por una política tal vez impopular, ello sin duda «menoscabaría» el cargo de presidente.
Pero no existe tal inmunidad para los presidentes por procesos penales, lo que hace que la defensa del presidente Trump sea un territorio legal no probado.
Las partes discrepan sobre la interpretación de la inmunidad presidencial, como han discrepado sobre las intenciones del presidente Trump el 6 de enero.
Los abogados del presidente Trump argumentan que el expresidente había tomado varias medidas en su capacidad oficial para investigar las alegaciones de fraude electoral, y estas acciones oficiales no pueden ser objeto de procesamiento.
Argumentaron que muchos presidentes anteriores emprendieron actos oficiales con resultados preocupantes —como un ataque militar que mató inadvertidamente a un ciudadano estadounidense— y no se enfrentaron a ningún procesamiento como ciudadanos privados porque eran actos de la oficina del presidente.
Los fiscales argumentan que no es lo mismo los delitos cometidos durante el tiempo en que un presidente estuvo en el cargo que el escudo de la inmunidad frente a demandas civiles interpuestas por ciudadanos afectados por la política. Este es un caso de lo primero, argumentaron, y sujeto a procesamiento.
El 6 de febrero, un panel de la corte federal de apelaciones rechazó la defensa del presidente Trump, señalando que los presidentes están sujetos a sanciones si cometen delitos federales, siendo el impeachment sólo un vehículo para la corrección. El presidente Nixon había recibido un indulto, una acción que no habría sido necesaria si fuera absolutamente inmune en relación con cuestiones penales.
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