El expresidente Donald Trump ha presentado una moción en la que pide a un juez federal que impida al Departamento de Justicia revisar los documentos incautados en su residencia de Mar-a-Lago hace dos semanas, hasta que se pueda nombrar a un tercero como órgano de control.
En la primera moción judicial del equipo legal de Trump desde la redada del FBI en la residencia del expresidente, los abogados solicitaron el nombramiento de un «perito especial», una lista más detallada del inventario realizado y la devolución de cualquier artículo incautado que no estuviera dentro del alcance de la orden de registro, según una presentación del 22 de agosto.
Los perito especiales, a menudo abogados o jueces jubilados, se nombran en ciertos casos en los que se teme que los materiales incautados por las autoridades incluyan información protegida por el privilegio abogado-cliente u otras formas de privilegio. Un perito especial fue nombrado en 2018 para revisar al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien se declaró culpable de evasión de impuestos y otros cargos de delito grave a finales de ese año.
Los agentes del FBI habían tomado «materiales privilegiados y / o posiblemente privilegiados», como fotos, notas manuscritas y múltiples pasaportes de Trump, dice la presentación, que dijeron que estaban «fuera del alcance legal de una orden judicial que ya se había excedido».
«La aplicación de la ley es un escudo que protege a los estadounidenses. No puede ser utilizado como un arma con fines políticos», escribieron los abogados de Trump en la presentación.
Los abogados argumentaron que los documentos son «‘presuntamente privilegiados’ hasta que se demuestre lo contrario», por lo que «no es razonable permitir que el equipo de la fiscalía los revise sin salvaguardias significativas».
«A falta de devolver los elementos incautados al solicitante, solo una revisión neutral por parte de un perito especial puede proteger el ‘gran interés público’ en preservar ‘la confidencialidad de las conversaciones que tienen lugar en el desempeño de las funciones oficiales del presidente'», se afirma en la presentación.
Según los abogados de Trump, las tres páginas de recibos de lo incautado que dejaron los agentes del FBI proporcionaban pocos detalles sobre lo que se llevaron de Mar-a-Lago. El inventario, desclasificado el 12 de agosto, incluye una lista detallada de los materiales tomados, incluyendo 27 cajas y 11 conjuntos de documentos que tienen varias marcas clasificadas. La mayoría de los artículos tienen descripciones generales, como «Caja etiquetada A-1» y «Documento secreto diverso».
Es «una cuestión de justicia fundamental que los agentes identifiquen al menos de qué lugares» se incautó cada una de las cajas, cómo se valoraron las etiquetas confidenciales, entre otra información para que el expresidente pueda hacer uso de los derechos de protección que le corresponden, argumentó la presentación.
El juez magistrado Bruce Reinhart dictaminó por separado el 22 de agosto que los funcionarios del gobierno de EE. UU. no han presentado pruebas suficientes para mantener clasificada la declaración jurada presentada en apoyo de la orden de registro —que contiene las razones del DOJ que justifican el registro. El Departamento de Justicia ha afirmado que el documento requiere que se tapen varias partes para proteger las fuentes de inteligencia y la integridad de la investigación en curso.
Reinhart ha ordenado al Departamento de Justicia que proponga qué partes tapar sobre la información que desea mantener en secreto en el documento. La presentación debe realizarse a mediodía del 25 de agosto.
«No puedo decir en este momento que las tachaduras parciales sean tan amplias que den lugar a una divulgación sin sentido, pero es posible que llegue a esa conclusión después de escuchar más al gobierno», dijo Reinhart en la resolución del lunes.
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