China dice que desde 2015 ha pasado por una transición en su sistema de trasplante de órganos, y pasó de usar órganos de prisioneros a depender solamente de individuos que voluntariamente donan los órganos y mueren de causas naturales, como sucede en países desarrollados. Esta afirmación ha sido aceptada ampliamente por organizaciones médicas internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad de Trasplantes.
Pero los expertos en el sistema de sustracción de órganos de China –la extirpación forzada de órganos de donantes no voluntarios– dicen que esta reforma es una cortina de humo.
El Centro de Investigación sobre la Sustracción de Órganos de China, una ONG con sede en Nueva York, indica en un nuevo informe de 342 páginas que los prisioneros de conciencia continúan siendo víctimas de la sustracción de órganos.
El grupo cita como evidencia el hecho de que el número de trasplantes sigue superando el número de donaciones legales, el hecho de que los órganos todavía están disponibles “a demanda” para extranjeros, y el hecho de que aún no existe prácticamente supervisión de la comunidad internacional.
Una indicación que presentan los investigadores y que sugiere que se están realizando una enorme cantidad de trasplantes –los cuales no pueden justificarse con donantes voluntarios– es un documental producido por la televisión surcoreana emitido en noviembre de 2017. Con cámaras secretas, los periodistas encubiertos grabaron a una enfermera diciendo que el día anterior a su llegada, el departamento de trasplantes internacionales había realizado tres trasplantes de hígado y cuatro de riñón (lo que sugiere un volumen de trasplantes de más de 2000 al año en ese hospital). Y dijo que los tiempos de espera para los pacientes era de solo unos días o semanas.
El centro también apunta a una gran cantidad de llamadas telefónicas a hospitales realizadas entre julio de 2016 y junio de 2017, durante las cuales el personal de los hospitales declaró tener órganos para trasplantes –nuevamente indicando una disponibilidad generalizada de órganos que sería imposible en un sistema compuesto únicamente de donaciones voluntarias.
Arthur Caplan, profesor de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, escribió en el prólogo del informe: “China, tal como muestra este destacado, exhaustivo y bien documentado informe, continúa permitiendo las violaciones de derechos humanos y un tratamiento ético mínimo de sus ciudadanos al permitir el asesinato con el fin de obtener órganos para trasplante”.
Caplan continúa: “El informe debe ser considerado tanto por la comunidad del trasplante como por gobiernos de todo el mundo. Estos deben dejar en claro que la política de ‘asesinar por partes’ dará como resultado que China quede excluida de participar en trasplantes, investigaciones médicas y reuniones médicas, sin importar el poderío que demuestre la medicina del trasplante china”.
Pero la Sociedad de Trasplante no parece estar inclinada a seguir este último consejo. En su reciente Congreso bienal, la presidente saliente de la organización, la Dra. Nancy Ascher, interrumpió una pregunta del Dr. Li Huige –uno de los coautores del reciente informe– dirigida a un funcionario chino y se puso a defender los dichos de China sobre su reforma en el área de trasplantes.
David Matas, abogado canadiense de derechos humanos y pionero en la investigación del abuso del trasplante de órganos en China, dijo: “El nuevo informe me decepcionó porque confirma lo que he estado observando: que China no ha cambiado. Aumentó su encubrimiento”.
También coincidió con Caplan sobre cuál sería una respuesta adecuada. “Debemos aislarlos hasta que sean completamente trasparentes y estén dispuestos a cooperar con una investigación externa. Y para aquellos en la profesión del trasplante: no colaboren con los médicos chinos”, dijo Matas.
David Li, otro de los coautores del informe, escribió en un email que uno de los puntos clave es que “las instituciones académicas/médicas y las empresas (incluyendo las empresas farmacéuticas y los fabricantes de equipos) deben reconsiderar su colaboración y sus transacciones comerciales con entidades del trasplante chinas, dada la evidencia de los continuos y generalizados abusos en todo el sistema de trasplante chino”.
Otro informe reciente, de la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong (WOIPFG, sus siglas en inglés), refutó las declaraciones de Huang Jiefu, el vocero de China para temas del trasplante, en una reunión en Ginebra de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo pasado. WOIPFG es una red de investigadores no gubernamental que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas contra los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong (también conocida como Falun Dafa) en China durante los últimos 19 años.
WOIPFG señaló que se sospecha que Huang mismo es “uno de los principales responsables de los crímenes genocidas de la sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa cometidos por el Partido Comunista Chino”. Debido a esto, él es “sospechoso de haber cometido crímenes y debe ser investigado”, y no un agente sincero digno de la confianza de funcionarios médicos internacionales”.
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