El abogado José Elias Esteve, profesor de derecho internacional en la Universidad de Valencia, lleva siete años al frente de una causa que ha llevado a que la Audiencia Nacional de España emitiera una orden de arresto internacional contra el exlíder del Partido Comunista Chino Jiang Zemin y otros cuatro altos cargos del partido. Para el abogado español, se trata de “una victoria contra la impunidad” del genocidio del pueblo tibetano y de su prolongado sufrimiento, según explicó a La Gran Época.
El Tíbet, situado en el centro de Asia entre las montañas más altas de la tierra, un altiplano y grandes valles, cuenta con seis millones de habitantes según el registro de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, la cual participó como querellante junto a la organización española Comité de Apoyo al Tíbet, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo tibetano, invadido y anexado a China entre 1949 y 1950. Actualmente es en parte territorio chino y en parte la Región Autónoma del Tíbet (RAT).
La motivación más importante en este caso es “el sufrimiento de las víctimas y que se diga exactamente que hay unos responsables, y que si esos responsables abandonan el país, van a ser detenidos”, con el procedimiento de “su extradición y su detención a España”, dijo el abogado Esteve, al referirse a Jiang Zemin, que desempeñó diferentes cargos entre 1989 y 2005 en China, así mismo, al ex-primer ministro Li Peng, el ex-jefe de seguridad de China Qiao Shi, el ex–secretario del partido Chen Kuiyuan, y el ex-ministro de planificación familiar Peng Pelyun.
“Es una victoria y un alivio en cierta manera para esas víctimas tibetanas, pero también es una victoria en la lucha contra la impunidad y una forma de afianzar el derecho internacional y los derechos humanos”, dijo el abogado Esteve, en una entrevista el 20 de noviembre. En la causa participaron también los profesionales Manuel Ollé y Maité Parejo, junto a la coordinación de Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT).
Para Esteve, el resultado emitido por el tribunal el 18 de noviembre reconoce una ardua labor que se ha hecho estos últimos siete años en la Audiencia Nacional de España.
El abogado explicó a La Gran Época que se trata de una suma de “todos los testimonios de víctimas tibetanas directas que han testificado ante el juez; con testigos directos que han venido también a decir que efectivamente se han producido estas matanzas en Tíbet y también todas las comisiones rogatorias que se han remitido a distintos países del mundo para entrevistar a otras voces que no han podido venir a España”.
“Todo esto ha tenido un fruto. Se da el visto bueno por parte de la Audiencia nacional, que afirma que efectivamente hay una clarísima responsabilidad política y militar, y por supuesto penal, de estos líderes chinos en los genocidios tibetanos. Por eso se decretan esas órdenes de arrestos” dijo Esteve.
Además el Abogado agregó, que las órdenes también hacen mención a “distintas resoluciones de las Naciones Unidas y distintos relatores especiales que también venían desde hace tiempo denunciando estos hechos».
El año pasado, dos organizaciones internacionales presentaron dos informes periciales confirmando toda la cadena de mando en China, una de ellas fue la Campaña Internacional por el Tíbet.
La justicia no da marcha atrás ante las quejas de China
Después de la resolución del tribunal español, el régimen chino expresó hoy su protesta a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei.
“Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china, y no hagan que dañe a este país o la relación entre China y España”, según citaba la agencia Efe.
Hasta ahora, las protestas del régimen se basan en que todo lo presentado por la parte querellante se trata de una difamación de unos grupos separatistas tibetanos, y piden expresamente al gobierno español que trate de archivar la causa porque éstos pueden deteriorar las relaciones entre España y China, explicó el abogado.
Esteve aclaró que a diferencia de España, que es un país democrático, donde “el poder judicial debiera ser independiente del ejecutivo”. Asimismo, “China es un país que funciona con diferentes parámetros y donde la separación de poderes no está muy clara; ellos están haciendo estas quejas diplomáticas para tratar de frenar el caso”.
Sin embargo, enfatizó que para este «auto que ha decretado estas órdenes de arresto internacional no hay recurso posible alguno y esto no tiene vuelta atrás”.
“Es el mismo juzgado quien da la orden a la Interpol, a sus archivos para que aparezcan estos nombres y así puedan ser detenidos. Eso es ya algo automático y sin marcha atrás”, aclaró.
“Si abandonaran el país y fueran a otro país, que hay muchísimos con los cuales España tiene tratados de cooperación en materia penal, y se pudiera autorizar una extradición, por ejemplo si viajara a un país europeo, cualquiera de estos querellados sería detenido y extraditado a España”.
Represión contra Tíbet y Falun Dafa
El abogado profesor de derecho internacional reconoció con preocupación que continúa la represión contra el pueblo tibetano y “aparentemente no hay un cambio, sino todo lo contrario, ha habido un endurecimiento de la política de China en Tíbet, una política represiva. Vamos a ver lo que sucede ahora con todas estas noticias”.
Este explicó que si continúa este endurecimiento y si el nuevo gobierno con el nuevo presidente continúa haciendo lo mismo, se va a llegar estas mismas conclusiones que abrieron las causas legales.
“Espero que sea un impulso no solo para el pueblo chino”.
El exlíder Jiang Zemin cuenta con otra causa en Argentina, que se reabrió en abril, por el genocidio contra la comunidad de Falun Dafa en China, una milenaria práctica de meditación basada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
“Cuando se producen esta violaciones, y en este caso en el interior de china se están produciendo tanto con el Tíbet como con el grupo de Falun Dafa, por supuesto que la comunidad internacional debe movilizarse y tratar de exigir la responsabilidad de los que son culpables de todo esto, y por supuesto que hay que hacerlo desde el movimiento tibetano, desde el grupo Falun Dafa y de toda la disidencia, y de todos los que luchan por los derechos”.
“Debe haber siempre una ayuda recíproca y un entendimiento entre todos los que quieren cambiar la situación de derechos humanos tan preocupante en el interior de China”, concluyó José Elías Esteve.
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